"Combatir la violencia de género es una responsabilidad social"

La abogada Perla Prigoshin sostuvo que el crecimiento de los hechos de violencia contra las mujeres está relacionado a un efecto no deseado del aumento del poder femenino.

Por PABLO MONTANARO

30-05-2011

En el Diario La Mañana de Neuquén

"La ley en contra de las violencias de género es una ley de construcción de ciudadanía, es una ley de reconocimiento de derechos de las mujeres, al ser construcción de ciudadanía no trae el enunciado de las sanciones porque una ley de este tipo remite al marco normativo general. Lo que hay que construir es el marco normativo sancionatorio, y esa es justamente la tarea de la comisión que presido", explicó la abogada Perla Prigoshin en relación a la decisión del Ministerio de Justicia de la Nación de crear la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, que preside.

Prigoshin conversó con La Mañana de Neuquén durante su visita a la región donde brindó una charla sobre la muerte de mujeres por causa de género.

¿Cuál es la importancia de haber creado esta comisión que preside?

Desde 2009 tenemos la Ley 26.485 de violencia contra las mujeres que habla de tres verbos que son los que definen la acción del Estado. La ley dice que es de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Hablar de prevención es de fácil comprensión. El tema es qué entendemos por sancionar. No es lo mismo la sanción vista por quienes tienen una mirada punitiva del rol estatal que la sanción para quienes pensamos que el Estado tiene un rol inclusivo, participador y de imperio de la justicia. Es una ley que aborda todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y en todo caso hubo que ejemplificar o darle nombre porque la violencia contra las mujeres está tan naturalizada que parecería que sólo se incurre en violencia de género cuando se pega y parecería que no existe violencia cuando a una mujer se la acosa laboralmente o cuando se le niega una práctica médica lícita o cuando su ex marido se "olvida" de pagar la cuota alimentaria...

¿Esa amplia visión de lo que significa violencia es lo que se destaca de la ley?

Creemos que la ley trae la más invisible de todas las violencias, que es la violencia simbólica. Cuando decimos violencia simbólica estamos hablando de aquellos hechos o acciones en los que se reproducen valores o patrones culturales que perpetúan la asimetría de género en la sociedad. No hay ningún manual o tratado que diga que las mujeres estamos a cargo de la crianza de los niños o del lavado de los cerámicos de la cocina... La violencia simbólica es la base de todas las violencias.

¿Cómo explica que hay una mayor visibilización de la violencia y al mismo tiempo aumentan los femicidios?

Algunas feministas pensamos que el aumento de la violencia es policausal. Entre las causas que podría esgrimir diría que aumentó la violencia en el mundo, y la Argentina está en un mundo globalizado. Es muy difícil sustraer, tomar de la globalización un avance tecnológico y no tomar la violencia contra las mujeres. Por otra parte, las mujeres hemos luchado largos años por nuestra instalación en el ámbito público. Esta instalación en el ámbito público y en el mercado productivo se ha pegado desde ya con los roles tradicionales pero además con el imaginario masculino en cuanto a que las mujeres somos cuasi de su propiedad. ¿De qué te podes apropiar sino de una cosa? Hay como un pequeño límite fácil de traspasar por el cual podemos hablar de la cosificación de las mujeres y a las cosas se las lustra, se las cuida, se las rompe, se las destruye, se las tira.

¿Quiere decir que la violencia crece como un efecto no deseado del aumento del poder femenino?

Así es. Creo que cuando quisimos crecer no previmos que teníamos que trabajar en la construcción de nuevas masculinidades que pudieran acompañar a las mujeres en este tránsito. También comprendo que los hombres en líneas generales están azorados frente a estas mujeres que los desbancan en los puestos de trabajo, que no están esperando que las inicien sexualmente, que se atreven a confrontar a la par. Y frente a la impotencia de no encontrar un lugar creo que aparece la violencia. Existe una impotencia de los varones frente a este nuevo modelo de mujer que se va fortaleciendo. No creo que podamos salir de la violencia si no la abordamos junto con los hombres.

¿El femicidio debe incluirse como delito autónomo en el Código Penal?

Me gusta la idea porque hablar de femicidio aunque fuesen con las mismas penas y con las mismas características del homicidio, estaría poniendo en escena lo que es el asesinato de una mujer.

Hay mayores denuncias de casos de violencia pero el problema de las víctimas está a posteriori cuando no cuentan con la debida protección.

La temática de violencia contra las mujeres como también todo aquello que está sostenido por pautas culturales y que requieren en forma urgente un cambio, hay que analizarlo desde la complejidad. Es cierto que tienen que aumentar las denuncias y que es importante que las mujeres denuncien. También es cierto que en muchos casos el agresor vuelve a agredir pero no son todos los agresores de todos los tipos de violencias. Diría que los agresores sexuales es sencillo que van a volver a agredir no sé si necesariamente un agresor en el ámbito familiar va a volver a agredir si el Estado le brinda la asistencia adecuada u obligándolo a alguna de las sanciones que debemos diseñar. No por nada los violentos a lo primero que tienden es a alejar a la mujer del grupo familiar, a que deje de trabajar, a que no estudie porque la soledad la vulnerabiliza. El otro día me comentaron que hay barrios donde cuando aparece el violento comienzan a sonar cacerolas como si fuera un arma disuasoria. Es decir hay vecinos concientizados con que la violencia es una cuestión de todos. Combatir la violencia es una responsabilidad social no sólo del Estado. Si entendemos esto vamos a empezar a ganar una batalla.

"Neuquén debe adherir a la ley nacional"

Neuquén > Durante su visita a esta ciudad, Perla Prigoshin aportó su opinión en relación al debate que se viene dando en la comisión intersectorial conformada en la Legislatura de Neuquén sobre la reforma de la Ley 2.212, de violencia familiar.

La abogada afirmó que antes de reformar esta norma, la provincia de Neuquén debe adherirse a la Ley Nacional 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en donde desarrollen sus relaciones interpersonales.

“La 26.485 es una ley de construcción de ciudadanía y no tenemos ciudadanías diferenciadas en las provincias sino que contamos con una ciudadanía nacional”, sostuvo la actual titular de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género.

VIOLENCIAS Rescate Emotivo en Rosario, de dos nenas de 11 y 12 años

VIERNES, 13 DE MAYO DE 2011

Rescate emotivo

Después de ocho meses de denuncias sin ninguna consecuencia –tanto en sede policial como en la Comisaría de la Mujer de Rosario y también ante la Justicia–, una militante social con ayuda de sus compañeras y compañeros consiguió proteger a dos nenas de 11 y 12 años víctimas de trata. Para que ahora ellas estén yendo a la escuela y planeando un viaje de estudios en grupo hubo de poner el cuerpo en la calle y también intervenir directamente, aun a riesgo de estar cometiendo un delito.

Por Sonia Tessa

Dos nenas de 11 y 12 años llegaban muy golpeadas al Centro Comunitario Justicia Social, en el barrio Gráfico de Rosario, una zona de trabajadores con casas humildes, donde militantes del Movimiento Evita llevan apoyo escolar y una copa de leche. Las nenas llegaban con horribles marcas, contaban que habían sido golpeadas por su padre, y comían con desesperación. También se llevaban comida en los bolsillos. Se aferraban a la coordinadora territorial del Movimiento, Alejandra Fedele, y le suplicaban que se las llevara con ella. Pero no contaban que eran violadas, algo que Alejandra supo por otros vecinos del barrio. El padre las obligaba a prostituirse con un vecino, apodado “el Paraguayo”. En la escuela y el centro de salud estaban al tanto de los golpes, pero no habían intervenido. Alejandra recurría a la comisaría, presentaba denuncias, pero le decían que no tenían efectivos, con excusas tan nimias como que estaban todos asignados al Mundial de Hockey femenino sobre césped que se realizó en septiembre del año pasado en Rosario. Entonces, Alejandra tomó una decisión drástica: aprovechó que N. y J. estaban en el Centro Comunitario –lindero al domicilio del padre de las niñas– y decidió llevárselas del barrio, con ayuda de compañeros y vecinos.

El padre de las chicas intentó interponerse, llegó a capturar a la más grande de las dos nenas, la metió dentro de la casa y comenzó a golpearla. Alejandra y algunos vecinos entraron a rescatarla. Las nenas fueron llevadas a la Comisaría de la Mujer, donde contaron los golpes, torturas y violaciones que sufrían. No sólo su papá, sino también la compañera de él, Josefa, las maltrataba y luego las mandaban a la casa de “el Paraguayo”, donde eran violadas a cambio de plata para la pareja.

“El sábado me reuní con el equipo del centro comunitario e inmediatamente decidimos sacar a las nenas por nuestros propios medios porque habíamos llamado al Area de la Mujer, a la Dirección de la Niñez, a la comisaría, donde nos decían que no tenían policía para sacar a las nenas”, contó Alejandra sobre la decisión colectiva de intervenir para impedir que las niñas siguieran sufriendo.

Alejandra, que tiene 41 años y trabaja en el Concejo municipal, tuvo en su propia casa a las dos niñas durante 25 días. Ellas todavía le dicen mamá. Las nenas jamás habían dormido en una cama, y vivían con miedo porque habían sufrido constantes torturas y permanecían atadas durante mucho tiempo. El rescate fue un sábado a la tarde. Al día siguiente, a la noche, Alejandra recibió un llamado anónimo para informarle que las niñas también habían sido filmadas. Les preguntó, y la más chica les contó que sí, que las grababan mientras las violaban. Otro hombre –un comerciante– las llevaba en una camioneta a departamentos donde ellas y otras niñas eran violadas y filmadas. Había allí una red de prostitución y pornografía infantil. Pero el Estado siguió brillando por su ausencia.

Alejandra recurrió insistentemente a la Secretaría de la Niñez de la provincia, donde hizo todas las denuncias, ya que después del relato de las nenas, el Movimiento Evita investigó quiénes formaban parte de la red de prostitución infantil y entregó los datos tanto a la Justicia como al estado provincial. Pero sólo el padre de las nenas y “el Paraguayo” continuaban detenidos. En abril, las víctimas declararon en cámara Gesell lo que habían vivido. Pero no hubo más detenciones durante 25 días.

En el ínterin, las nenas fueron entregadas a su madre biológica, que no tenía contacto con las niñas desde hacía años, está bajo tratamiento psiquiátrico y convive con un hombre violento. Ante la falta de respuestas, otra militante del Movimiento Evita denunció a la secretaria de la Niñez, Mónica Varetto, por incumplimiento de deberes de funcionario público. Las militantes volvieron a intervenir de facto, lograron que desde el Estado se entendiese que las nenas necesitaban un ámbito contenedor y Viviana Centurión, otra militante, se quedó a cargo de las chicas. Hoy las dos van a la escuela, aunque siempre acompañadas por algún adulto para garantizarles la seguridad, ya que algunos integrantes de la red continúan libres.

La semana pasada, el Movimiento optó por sacar el tema a la calle, y recién con la movilización en la puerta de los Tribunales, la jueza María Luisa Pérez Vara recibió a los militantes, que llegaban urgidos por el vencimiento de los plazos procesales para mantener detenidos al padre y “el Paraguayo”, en ese momento los dos únicos detenidos. La magistrada los procesó después de la movilización. Cuando Alejandra le pidió que sacara a la comisaría de la investigación, porque era evidente la complicidad con los integrantes de la red, la magistrada le contestó: “Me das una buena idea”. Intervino la sección Judiciales de la Policía. Y al día siguiente la jueza ordenó los allanamientos para dar con los otros integrantes de la red. Detuvieron a un hombre llamado Agustín y al comerciante, Antonio Cataldo, que tenía en su poder material pornográfico y un arsenal. También cayó presa Josefa, la pareja del padre de las nenas. Habían pasado ocho meses desde la primera denuncia.

“Tenés que verlas ahora, están divinas. Es muy grande la diferencia entre el estado en que estaban cuando las sacamos de la casa y cómo están ahora”, dice Alejandra, tratando de contener la emoción. Incluso, la más grande está entusiasmada con el viaje de estudios de 7º grado. Alejandra le prometió que podrá hacerlo. Para eso, planifican una peña que les permita juntar los fondos. Las dos nenas cuentan con apoyo psicológico brindado por el Centro de Asistencia Judicial, que depende del Ministerio de Justicia de la Provincia.

“La verdad es que yo he visto muchas cosas en los barrios y hemos tratado de resolver muchas situaciones de violencia contra mujeres y niños, pero nunca me imaginé que me iba a encontrar con algo así. La titular de la Comisaría de la Mujer, Mariel Arévalo, me felicitó por haber llevado a las nenas. Cuando yo leí lo que ellas declararon en esa primera denuncia, me puse a llorar, porque no nos habían contado todo lo que sufrían. Cuando las nenas fueron tomando confianza y nos contaron más, en muchas reparticiones del Estado no nos creían, pero yo sé que los chicos nunca mienten”, dice Alejandra, que incluso pidió una reunión con el ministro de Seguridad. Una de las compañeras del Movimiento Evita recorre el barrio para localizar a uno de los integrantes de la red que todavía está libre. “Eso lo tendría que hacer el Estado, no nosotras. Nuestro objetivo es desmantelar la red, porque hay otras nenas”, dice Alejandra. “Siempre vamos a estar con estas nenas, que las sentimos nuestras, pero hay que pensar en las otras que siguen sufriendo esta situación”, concluye.

"Strauss-Kahn" - Los Planes FMI para Países Subdesarrollados

18/05/2011- La noticia es revulsiva. Otro Señorón primermundista abusando de su poder ante una mujer migrante, seguramente merced a las fórmulas neoliberales que él predica por el mundo como si se tratara del evangelio.

Por Delia Añón Suárez-.

Delia Añón Suárez

La noticia es revulsiva. Otro Señorón primermundista abusando de su poder ante una mujer migrante, seguramente merced a las fórmulas neoliberales que él predica por el mundo como si se tratara del evangelio.

Lo peor es la certeza de que nada cambia, por más que pataleemos. Si no, ver en qué estado se encuentra la causa Berlusconi. O la escasa trascendencia que le damos a que dirigentes políticos consuman prostitución. O visiten asiduamente páginas web en las que la diversión consiste en denigrar y cosificar mujeres, niñas y niños. Un asco que no viene de moralina aplicada a la sexualidad: viene de una ética de respeto por las personas.

Sabemos que el episodio podría tratarse de una “emboscada” a Strauss-Kahn, de Estados Unidos nada asombra demasiado. Se trata de un país ficcional, entre otras cosas obsesionado por demostrarle al mundo que no respeta ninguna autoridad excepto la propia.

De todos modos, no viene al caso. Inventado no, un relato se construye con hechos verosímiles. Acá cabría acotar que lo único que resulta realmente increíble en todo esto es que este hombre sea socialista. Paradoja fácil de constatar: es el candidato a presidente de Francia por ese partido.

Que las circunstancias que se enumeran sean verosímiles espanta porque demuestra que mansamente hemos internalizado y naturalizado tantas, tantas situaciones…

Vemos natural que personas –generalmente mujeres- emigren de sus países pobres para ser mano de obra barata de otros países. Que desprecian a ellas y a sus culturas. Que las ven como amenaza a su bienestar altamente inestable.

Vemos natural que varones poderosos tomen todo lo que los rodea como si les fuera propio. Los cuerpos de las mujeres o la vida de pueblos enteros. Da lo mismo.

Vemos natural, por esa terrible división público/privado, que esos varones se consideren con autoridad para recetar fórmulas probadamente catastróficas. Todavía se discute si conviene o no incomodarlos.

Vemos natural la especulación que hacen muchos medios de comunicación en torno a la víctima.

Vemos natural que alguien se plantee si Strauss-Kahn no es en verdad “la víctima”.

Vemos natural que se aluda a la mujer trabajadora involucrada como “la chica”. Después de todo es el modo que se utiliza con toda “naturalidad” para definir a las trabajadoras de hogares ajenos. O para insinuar el valor que pueden tener los dichos de alguien cuya entidad queda puesta en cuestión al así nombrarla.

Vemos natural que la esposa del abusador viaje con un maletín repleto de dinero para poder salvarlo de la cárcel, fianza mediante. Ni se nos cruza pensar que podría ser solidaria para con otra mujer. O respetuosa de sí misma.

Vemos natural que las voces de mujeres que protestan por el caso en Estados Unidos sean migrantes como la víctima, la mayoría latinas.

Vemos natural que haya en el mundo explotadores y explotados. Y que siempre el hilo se corte por lo más delgado.

Y de tanto ver como natural, se nos van yendo las ganas de luchar por un mundo menos injusto.

No dejemos que eso nos pase. Al menos las mujeres.

Delia Añón Suárez-.
Prof. en Lengua y Literatura Inglesas. UNLP

Especialista en Estudios de Mujeres y de Género. UNLU

"A LA VIOLENCIA DE GENERO LE DECIMOS BASTA"

Perla Prigoshin publicó en el grupo "A LA VIOLENCIA DE GÉNERO LE DECIMOS: BASTA."

Perla Prigoshin 16 de mayo de 2011 20:25 PAR REPUDIA PUBLICIDAD SEXISTA DE FIORUCCI: La Red-PAR (Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista) manifestó su repudio y preocupación por la última campaña publicitaria de la marca Fiorucci en la que puede verse la fotografía de una mujer desnuda, de espaldas y con las manos esposadas. El contenido de la campaña posee una alta carga de violencia simbólica, según la definición enunciada en la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (N° 26.485). En su artículo 5º la citada norma define a este tipo de violencia como ?aquella que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad?. El mensaje publicitario apela claramente al sometimiento de las mujeres, denota un consentimiento de privación ilegítima de la libertad e instiga a prácticas de esclavitud sexual. La campaña refuerza, además, estereotipos que limitan la autonomía de las mujeres, e intenta restar la verdadera dimensión dramática con una imagen que intenta ser bella. LA RED PAR considera necesario que los medios de expresión en todas sus formas cumplan con lo establecido en la Ley 26.485 y la ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, que son claras en definir y establecer no solo los tipos y modalidades de las violencias que se ejercen sobre las mujeres sino también el rol que le caben a los medios en su sanción y erradicación. Para acceder a la publicidad de la marca Fiorucci ingrese http://www.facebook.com/l/77027oiGDgwI7dboMvJREJH5IEg/www.fiorucciargentina.com.ar * FIORUCCI ARGENTINA * www.fiorucciargentina.com.ar

CONDENA AL ESTADO ARGENTINO POR NO GARANTIZAR UN ABORTO PERMITIDO

Una sanción por incumplir con la ley
El Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó a la Argentina por el caso de L.M.R., una chica de Guernica con discapacidad y violada, a quien el sistema sanitario negó un aborto autorizado por el Código Penal. Ordenó que se tomen medidas para evitar casos similares.

Por Mariana Carbajal - fuente: Pagina12.com.ar

El Estado argentino recibió una condena internacional del Comité de Derechos Humanos de la ONU por no haber garantizado el acceso a un aborto legal a una adolescente con discapacidad mental, embarazada en una violación, que solicitó la práctica en un hospital público bonaerense. El organismo consideró que la obstrucción del aborto permitido por el Código Penal constituyó una violación de los derechos humanos de la joven y ordenó al país a proporcionarle “medidas de reparación que incluyan una indemnización adecuada” y a “tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro”. El CDH le dio al país 180 días para cumplir con el dictamen.
La condena se refiere al caso de L.M.R., una adolescente que tenía 19 años y una edad mental de 10 en 2006, cuando fue abusada sexualmente por un familiar y quedó embarazada. Su mamá, Vicenta, una mujer muy pobre y analfabeta de la localidad de Guernica –en el sur del conurbano–, reclamó un aborto no punible en el Hospital San Martín de La Plata. Pero una jueza de Menores intervino y prohibió la interrupción del embarazo. El pedido de la adolescente recorrió todas las instancias judiciales y llegó hasta la Suprema Corte bonaerense, que avaló con un fallo su reclamo y aclaró que no era necesaria la autorización judicial, dado que se trataba de un aborto no punible. Treinta y siete días demoró ese tortuoso camino legal, innecesario. Pero L.M.R. no consiguió, aun con la sentencia del máximo tribunal de la provincia, que le realizaran el aborto en un hospital público. Con el apoyo de organizaciones de mujeres, finalmente accedió a la intervención en una clínica privada. La gestación llevaba casi veinte semanas (ver aparte).
“El Estado argentino tiene que cumplir con las medidas que le ordenó el Comité y garantizar que efectivamente no se entorpezca el acceso a los abortos no punibles”, explicó ayer a Página/12 el vicepresidente del CDH, el abogado argentino Fabián Salvioli, que además es director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata y profesor titular de Derecho Internacional Público.
La demanda contra el Estado argentino fue promovida el 25 de mayo de 2007 por el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario (Insgenar), el Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, de Córdoba.
El CDH es el órgano de la ONU que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos, un tratado con rango constitucional en la Argentina. El organismo acaba de notificar a la Cancillería de la declaración de responsabilidad internacional. “Recibimos con satisfacción este dictamen, que obliga al Estado argentino a reparar a L.M.R. por la violación a sus derechos y que expresamente establece, entre otras consideraciones, que los casos de aborto no punible son una cuestión que debe resolverse entre la paciente y su médico”, señaló a Página/12 la abogada Susana Chiarotti, del Insgenar.
Puntualmente, el CDH dictaminó que la judicialización del pedido del aborto no punible de L.M.R. constituyó “una injerencia arbitraria” del Estado (artículo 17, párrafo 1º del Pacto) y debe ser considerada una violación del derecho a la intimidad de la joven. También entendió que la obligación impuesta de continuar con el embarazo, a pesar de estar amparada por el artículo 86, inciso 2º del Código Penal –que considera no punible la interrupción de la gestación si es producto de una violación–, causó a la adolescente “un sufrimiento físico y moral contrario al artículo 7 del Pacto, tanto más grave cuanto que se trataba de una joven con discapacidad mental”. El artículo 7 dice que “nadie será sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”. En ese sentido, el CDH recordó que “el derecho protegido” en ese artículo “no sólo hace referencia al dolor físico sino también al sufrimiento moral”.
Chiarotti dijo a este diario que “como peticionarias estamos dispuestas a iniciar un diálogo con el Gobierno para dar seguimiento a este proceso y ver que no se demoren las medidas requeridas tanto para garantizar una justa reparación para L.M.R. y su familia, así como para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro”. Sobre estos puntos, el CDH no da más precisiones. En su presentación ante el organismo, las ONG habían reclamado, entre otras medidas, que se eleve a resolución ministerial la Guía Técnica para la Atención del Aborto no Punible, elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación, e impulsar su distribución y garantizar su cumplimiento en todo el país mediante acuerdos en el Consejo Federal de Salud, que integran los ministros de todas las provincias.
Ayer, Marta Alanis, de Católicas por el Derecho a Decidir, consideró “urgente y necesario” para garantizar el acceso al aborto seguro “avanzar con la sanción de una ley que despenalice y legalice el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, y más allá de ese plazo en algunas circunstancias”, como prevé un proyecto que elaboró la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que tiene casi medio centenar de firmas de legisladores y legisladoras de un amplio arco político, y que está en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. “Así se aclararían todas las situaciones, se superaría la judicialización de los casos innecesarios y se garantizaría una práctica segura de interrupción voluntaria de embarazo a las 500 mil mujeres que cada año recurren a un aborto en la clandestinidad en la Argentina, poniendo muchas de ellas en riesgo sus vidas, y se contribuiría a reducir la mortalidad materna”, agregó Alanis (ver aparte).
“Este fallo es muy importante, no sólo porque le impone medidas al Estado argentino sino porque ayuda a construir la subjetividad. Las leyes no sólo sirven para sancionar o permitir, y para hacer políticas públicas, sino para cambiar la forma de pensar de la gente. Y este dictamen colabora en la lucha por un sentido diferente en la subjetividad de las mujeres. Sobre todo en un país, una región que es tan refractaria al derecho a decidir sobre sus cuerpos, en particular con relación a la despenalización y legalización del aborto”, opinó Cristina Zurutuza, de Cladem.
El vicepresidente del CDH recordó en diálogo con este diario que la condena al Estado argentino está en línea con las observaciones finales que el organismo le hizo al país en marzo de 2010, tras examinar el informe presentado por la Argentina, donde le expresó su “preocupación por la legislación restrictiva del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal, así como por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo”. Y consideró que “el Estado Parte debe modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas. El Estado debe igualmente adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal”.
El artículo 86 contempla permisos para abortar: primero, cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer y no puede evitarse por otros medios; y segundo, cuando es producto de un abuso sexual o una violación. Tanto profesionales de la salud como funcionarios de la Justicia hacen en algunos casos interpretaciones restrictivas. Esta situación se convirtió en los últimos años en un fuerte obstáculo para que las mujeres puedan acceder a los abortos no punibles, y generó que muchas de ellas deban recurrir hasta las más altas instancias judiciales para obtener un aval. Algunas provincias, como las de Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe y Chubut, cuentan con protocolos, pero aun así a veces persisten trabas. “El año pasado y éste tuvimos denuncias por el no cumplimiento del protocolo en la provincia de Buenos Aires. No vemos que haya una voluntad política de cumplirlo”, señaló a este diario Estela Díaz, de ADEM–Mujereando. Díaz fue quien acompañó a L.M.R. y a su mamá a realizar el aborto no punible en una clínica privada, luego de que en el hospital platense le negaran la práctica, incluso teniendo la orden judicial de la Suprema Corte de la provincia. Díaz contó que, en una instancia de diálogo que se llegó a abrir con el gobierno bonaerense en 2008 para empezar a resarcir a la joven y su familia, “lo único que llegaron a darle fue una beca escolar y un pago por única vez de 5 mil pesos; y por la sensibilidad de una funcionaria, se le consiguió un empleo como portera en una escuela a Vicenta, que estaba desocupada, pero no porque haya habido una decisión del Estado de reparar el daño producido por la situación que tuvieron que vivir”. Para Díaz sería necesario no sólo un resarcimiento económico para la joven sino también un pedido de disculpas público de parte del Gobierno.

Buenos Aires - Almirante Brown - MESA LOCAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN JORNADA HOSPITALARIA

Una vez más la Mesa Local orienta su accionar en espacios que permiten la concreción de uno de sus objetivos: “Sensibilizar a la Comunidad sobre la Problemática de Género”

Frente a un importante auditorio, caracterizado por la diversidad de sus integrantes: adultos, jóvenes, agentes de salud y educación; REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN LA MESA participaron de la “SEMANA DE LA MUJER “que se realizó en el H.Z.G.A. Dr. Arturo Oñativia el día 5 del corriente mes por la mañana.

La Jornada transcurrió mediante una “Charla Abierta” donde se resaltaron aspectos tales como  las Actividades de la Mesa Local de Alte. Brown, la Fundamentación Legal que le ofrece sustento a sus acciones, sus Integrantes, los Dispositivos que cada institución ofrece a la comunidad en la atención directa o indirecta con la problemática, tal como realiza la Secretaría de Desarrollo Social, la Unidad de Fortalecimiento Familiar (U.F.F.) y el Centro de Orientación Familiar (C.O.F.). Además se generó un productivo espacio de intercambio que posibilitó el debate y la reflexión

EL EJECUTIVO YA TIENE UN ANTEPROYECTO DE LEY QUE APUNTA A COMBATIR EL TRAFICO DE BEBES Para adoptar pensando en los chicos

La iniciativa pretende sancionar prácticas poco transparentes, que suelen ser convalidadas por los jueces. Privilegia el interés de los niños y niñas a tener una familia por sobre el de los adultos que buscan adoptar.

 Por Mariana Carbajal

El Ministerio de Justicia ya tiene listo un anteproyecto para reformar la Ley de Adopción, que apunta a combatir el tráfico de bebés y a privilegiar el interés de los niños y niñas. La propuesta legislativa, elaborada por una comisión de expertos que empezó a trabajar en diciembre, prohíbe la práctica extendida de las denominadas “guardas puestas”, mediante la cual una pareja se pone en contacto con una mujer embarazada en situación de vulnerabilidad, a través de un estudio de abogados y al margen del sistema oficial de adopción, y logra la tenencia de una criatura en un procedimiento que suele ser luego convalidado por los jueces. El proyecto, además, prevé sanciones penales para los “intermediarios”, elimina la exigencia de que los postulantes estén casados y permite que los niños y niñas puedan acceder a su expediente de adopción antes de cumplir los 18 años.

La comisión elevará al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, un informe con el proyecto de ley y las recomendaciones. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el 1° de marzo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que la reforma de la actual normativa, sancionada en 1997, estará en la agenda parlamentaria de este año. “Se necesita una ley que proteja a los menores y (para) que las familias desesperadas por tener un hijo no cometan maniobras ilegales. No podemos seguir teniendo esta ley”, dijo la mandataria en esa oportunidad.

La comisión fue convocada por Alak a fines de 2010 para estudiar y analizar el régimen de adopción. La integraron especialistas de distintos ámbitos, entre ellos la coordinadora del Programa las Víctimas contra las Violencias y presidenta del Consejo Consultivo del Registro Unico de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (Dnrua), Eva Giberti. El equipo de trabajo fue coordinado por el secretario de Asuntos Registrales del ministerio, Oscar Martini. También formaron parte de la comisión la directora nacional de la Dnrua, Federica Otero, y representantes de la Defensoría General de la Nación, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Junta Federal de Cortes y Tribunales de Justicia y otros organismos vinculados a la temática. Durante su trabajo, escucharon las inquietudes de grupos de padres adoptivos y aspirantes a la adopción, según pudo saber Página/12.

La reforma a la Ley de Adopción es una asignatura pendiente, ya que la norma vigente no se enmarca en la Ley 26.061 de Protección Integral de la Infancia. La ley, advirtieron en la comisión, no privilegia claramente los lazos del niño con su familia de origen y su entorno familiar.

Los puntos centrales del anteproyecto son:

- Prohíbe las denominadas “guardas puestas”. Esta práctica frecuente consiste en que a través de un estudio de abogados o una escribanía una pareja que quiere adoptar una criatura se pone en contacto con una mujer embarazada en situación de vulnerabilidad social dispuesta a entregar el bebé. A veces le pagan, a veces no. Una vez que nace el niño, empieza a vivir con la nueva familia, que tiempo después se presenta ante un juez, con la madre biológica, y pide la validación de la guarda. Estas maniobras “quitan” del sistema de adopción oficial niños y niñas que podrían ser adoptados por quienes se han anotado –como corresponde– en los respectivos registros de adopción que funcionan en las provincias.

- Propone sanciones penales para los “intermediarios” de las “guardas puestas”.

- Garantiza el pleno ejercicio del derecho a la identidad en el proceso de adopción.

- Permite que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder a su expediente de adopción antes de los 18 años. Actualmente recién a partir de esa edad pueden pedirlo. El anteproyecto prevé que tengan un acompañamiento legal.

- No es necesario que los aspirantes a la adopción estén casados. Pueden estar en concubinato.

- Solamente podrán ser evaluados si están capacitados para “prohijar” por especialistas de los registros. Es decir, ya no tendrán que ir a una entidad privada que se dedica a “armar carpetas” para aspirantes a adoptar.

- Baja la edad para postularse a 25 años. El máximo es 60 años.

Junto con la propuesta legislativa, la comisión redactó una serie de recomendaciones para que se lleven adelante diversas medidas, como una campaña pública para instituir socialmente el concepto de que la adopción es un camino para garantizar el derecho de todo chico y chica a vivir en una familia y no una herramienta para que una pareja –que no puede concebir– consiga una criatura. Las recomendaciones incluyen acciones puntuales para reducir los tiempos que los niños transcurren innecesariamente institucionalizados en hogares, hospitales y familias de acogimiento. El objetivo es que se aceleren los tiempos para decretar el estado de “adoptabilidad”. Actualmente hay niños y niñas que llegan a adolescentes internados en instituciones, sin que los jueces que los tienen a cargo resuelvan que pueden ser dados en adopción.

En la Cámara de Diputados hay varias iniciativas que apuntan a modificar la ley vigente, entre ellas una presentada hace un año por la diputada María Luisa Storani (UCR-Coalición Cívica). Ese proyecto también apunta a privilegiar el interés superior de los niños por sobre el de los adoptantes, en sintonía con la propuesta de la comisión, que sería enviada próximamente al Congreso.

La comisión de expertos señala también la necesidad de crear un programa de apoyo a las familias de origen –y no sólo a la mujer embarazada– en condiciones de vulnerabilidad. Y recomienda expresamente que adhieran al Registro Unico de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos las provincias que todavía no lo han hecho. Algunas de ellas han tenido escandalosos casos de tráfico de niños. Las jurisdicciones que han adherido al Ruaga son la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Buenos Aires. Además, han presentado proyectos de ley ante sus legislaturas Mendoza, Chaco, Misiones, Corrientes y Santiago del Estero.