martes, 27 de septiembre de 2011

"Ojos que no ven"


fte. Pagina12
Susana realizó trece denuncias por violencia de género. Cada vez fue como si la anterior no hubiera existido. Ni la Justicia ni las fiscalías ni la policía la protegieron de las agresiones, que le dejaron una discapacidad visual de por vida. Su caso generó una sentencia ejemplar que exige al Estado que coordine las denuncias por violencia de género aun cuando éstas se realicen en distintas reparticiones y que dejen de ser excarcelables delitos relacionados como lesiones leves o amenazas cuando vistos en conjunto pueden constituirse en un peligro concreto.
*       Por Luciana Peker
Susana G. no ve. No tiene visión en ninguno de los dos ojos. Pero no fue ciega para intentar defenderse. Tiene 27 años, cuatro hijos (de dos, cuatro, seis y ocho años) y, desde 2002, realizó trece denuncias por violencia de género. Cada denuncia iba a una oficina distinta. En nueve años consiguió tres exclusiones del hogar que fueron violadas sistemáticamente. Y el laberinto la llevaba a la decepción y a su agresor (Carlos G., de 34 años) a aumentar la violencia junto a la impunidad. Finalmente, Susana quedó ciega y la Justicia –por fin– encarceló al hombre que la maltrató.
“En todos estos años, ni la policía ni las fiscalías me dieron bola. Si hubieran hecho algo por mí, antes, hace años, quizás hoy no estaría sin poder ver. Tengo que criar a mis hijos y tengo miedo. Me tengo que operar y no tengo plata ni obra social. Si no fuera porque encontré un refugio hoy estaría muerta, dos metros bajo tierra”, relata en un desgarro evitable, pero no evitado. Susana no ve. Pero sí decidió dar la cara. “Yo no me escondo más”, les dijo a los periodistas en una conferencia en La Plata.
A veces la familia le da vuelta la cara a la víctima o justifica al agresor. No fue el caso del papá de Susana –Carlos–, que defendió a su hija, pero también resultó lastimado: “A mí me fracturó tres costillas y me rompió la rodilla a cadenazos. Ahora no puedo ir a trabajar, pero lo mío no es nada, la Susana es la que sufrió. Nosotros, con mi mujer, Cati, no sabíamos qué hacer. El se metía en nuestra casa y nos rompía todo, ese tipo está loco. La última vez, además de pegarme, porque tuve que defender a mi esposa, me dijo que le diga con quién andaba saliendo Susana y que cuando la encuentre la iba a matar”.
Ella muchas veces se escondía en la casa de su papá y su mamá, pero también ahí era golpeada y amenazada. En el año 2010, el tribunal de Familia Nº 2 de La Plata dictó una medida cautelar de exclusión de acercamiento del agresor de hasta 500 metros hacia Susana G. y sus cuatro hijos, tanto en su casa como en el jardín y la escuela de los niños y niñas. Pero, en julio del año pasado, sin respetar la exclusión, él golpeó a Susana, le dio la cabeza contra la pared de la cocina y le lastimó el rostro provocándole, entre otras lesiones, el desprendimiento bilateral de retinas. Aun así, el agresor la acompañó al hospital y, ante su presencia, ella no pudo relatar lo que verdaderamente le había sucedido.
El martes pasado, el juez de Garantías de La Plata le denegó la excarcelación a su agresor. El miércoles ella fue operada en el Hospital Santa Lucía de uno de los ojos. Sus ojos no estuvieron nunca cerrados. Los de la Justicia sí. “El caso de Susana es representativo de miles de mujeres del país. La primera denuncia la hizo en 2002 y, como miles de mujeres, no tuvo respuesta en la Justicia ni en las fiscalías en todos estos años”, relata Darío Witt, fundador de la Casa Abierta María Pueblo y del Instituto Nacional de Hombres contra el Machismo (Inahcom).
¿Cómo es el circuito de la impunidad? “El germen del problema es que la denuncia por amenazas es tomada individualmente y las van archivando o diciendo que no son posibles de probar. Una fiscal llegó a decir que Susana se podría haber dado sola la cabeza contra la pared ante las muestras de sus lesiones físicas. Son delitos muy difíciles de probar porque se producen dentro de la casa y no tenés la foto del tipo golpeándole la cabeza. La persona que se anima a denunciar se va desanimando porque pide ayuda y no la tiene y, cuando consigue medidas de exclusión perimetral de hasta 500 metros de su casa, el hombre va y la policía –si lo ven a 50 metros– no lo detienen porque alegan que lo tienen que agarrar adentro de la casa. La policía no hace cumplir las medidas como corresponde. A Susana la policía la ha llegado a maltratar y a recriminarle ‘basta de quejarse a cada rato’, porque ella llamaba para decir que se estaba acercando este tipo. Susana no terminó muerta –advierte Witt– porque consiguió un refugio reservado –del que nadie conoce la dirección– y en donde respetamos lo que la mujer quiere hacer”. Susana fue refugiada en La Casa María Pueblo, de la Provincia de Buenos Aires, y asesorada por Carlos Castagno, Vanina Adreani, Fabián Valenzuela, Julia Páez, Liliana Almeyda, Carolina Sánchez y Juana Tacanga con una idea y un trabajo solidario que ocupa un lugar que el Estado muchas veces deja en blanco. “La mujer cuando llega y ve que hay otras mujeres en su misma situación va perdiendo la sensación de soledad porque la Justicia, al no escucharla, la hace sentir que es un problema de ella y no un problema social. Si es tratada como un paquete, o la Justicia no le da bolilla, vuelve a la casa y la vuelven a agarrar de los pelos por la sensación de impunidad que tienen estos tipos”, explica Witt.
El también propone una reforma normativa que fue tomada por la sentencia en el caso de Susana G. que –si es tomada como jurisprudencia– puede generar una nueva mirada legal sobre la violencia de género: la posibilidad de detener a un agresor (aun frente a delitos excarcelables) si las pericias psicológicas determinan su peligrosidad. Witt apunta “Tendría que haber una detención preventiva para hacer exámenes psicológicos y psiquiátricos y determinar si el agresor es una persona de mayor o menor peligrosidad para evitar las lesiones gravísimas o la muerte. Incluso les estaríamos dando una mano a los hombres, porque si hubieran tenido un tratamiento psicológico las posibilidades de cambio son más fuertes y cuanto más tarde se interviene son peores las consecuencias. Aunque, por supuesto, la víctima principal es la mujer y, en este caso, Susana.”
El juez César Melazo escuchó y defendió a Susana y, además, redactó un fallo que puede cambiar la manera de tratar la violencia machista en la Justicia o, incluso, promover cambios normativos ante una mujer ciega que podría estar mirando de frente a sus hijos y proyectar una vida sin discapacidad. “La falla es que el Estado no está organizado para darles respuesta a las amenazas o golpes que, después, pueden llegar hasta la muerte. Por eso, proponemos –le dijo Melazo a Las/12– que los juzgados y las fiscalías actuemos coordinadamente. Es un tema muy difícil porque son golpes dentro de cuatro paredes y la mujer está presionada psicológicamente y físicamente.”
El punto central es que las leyes vigentes determinan que las amenazas y las lesiones leves no son un delito que amerite la detención de una persona. El encarcelamiento sólo se justifica si hay lesiones gravísimas en donde la pena es superior a los tres años. Toda incidencia o agravamiento del régimen penal puede tener un doble filo –aun cuando se trata de defender los derechos de las mujeres–, pero en estas situaciones (en la que el agresor es imparable y no hay prevención de mayores situaciones de violencia ante una denuncia por golpes, amenazas o maltrato) la posibilidad de detener a quienes ejercen la violencia puede ser una solución, al menos, hasta que los mecanismos de protección y prevención resulten más eficaces.
Melazo explica su argumentación en el caso de Susana G.: “Con esta sentencia y con la orden de detención tratamos de decir a viva voz que muchas mujeres están padeciendo y que los agresores son desobedientes porque habitualmente no respetan las órdenes judiciales que les dictan exclusión. Frente a estas situaciones, el Estado debe proteger al agresor para que no cometa un delito mayor y a la victima, fundamentalmente, para que no sea castigada”.
¿Cuál sería el mecanismo para determinar en qué situaciones un agresor debe ser detenido? “Deberíamos estar atentos a cada persona y hacerles pericias psicológicas y psiquiátricas para ver qué grado de violencia tienen. No puede haber un maltratador que durante años sea un agresor porque eso ya conforma una patología”, sostiene el juez, quien también propone un cambio normativo. “Tendríamos que dar una respuesta legislativa a estas situaciones porque se dan en muchísimos casos. Hay mujeres que las mandan de un lado para el otro en el sistema judicial y, encima que están golpeadas y amenazadas, tienen que estar dando vueltas por ahí y no encuentran un lugar estatal para esconderse”, señala el magistrado.
La Justicia ahora sí actuó. Pero no cuando se podría haber evitado la ceguera de Susana. Y, ni aún así, existieron mecanismos gubernamentales para ampararlas. Witt relata: “Hace aproximadamente tres meses nos llamaron de Asistencia a la Victima de la Procuración y Fiscalía General de La Plata para pedirnos un domicilio reservado para Susana y sus hijos, ya que no podían contener el accionar de Carlos G. y nos dijeron que era un pedido por pocos días y que ya estaban por lograr medidas en contra del agresor. Pasó un mes sin novedades y decidimos representarla, desde el equipo legal de la Casa María Pueblo. Allí comenzamos una ardua tarea de unificar todas las causas y acreditamos, a través de un médico oftalmólogo, que las lesiones se correspondían con secuelas de ‘múltiples traumatismos encéfalo-craneales’. Las pericias se perdieron en los tribunales. Pero la situación se revierte cuando toma intervención el juez Melazo, quien toma varias de nuestras argumentaciones y críticas al accionar judicial-policial-estatal en casos de violencia de género”.
En la sentencia judicial se propone “permitir en casos de violencia de género una detención provisoria aun en delitos que no superen el monto de pena privativa de la libertad previsto en el supuesto procesal invocado”.

EXIGENCIA DE LA ONU AL ESTADO ARGENTINO POR LA VIOLACION DE UNA ADOLESCENTE QOM - Pagina12, 26 de Septiembre de 2011



Plazo contra la violencia de género

La joven fue violada por tres “criollos” en un pueblo del Impenetrable chaqueño. Maltratada por la policía, el médico y la Justicia, finalmente su reclamo llegó a la ONU. El Comité de DD.HH. emplazó al Estado a que tome medidas para evitar nuevos casos.

*       Por Mariana Carbajal

Cuando tenía 15 años, L.N.P., una adolescente de la etnia qom de un pequeño pueblo chaqueño del Impenetrable, fue violada por tres jóvenes “criollos” del lugar. A pesar de que la amenazaron para que se callara, ella hizo la denuncia. Pero la delegación policial local demoró en tomarla y la envió luego a un centro sanitario donde sufrió severos malos tratos. Durante el proceso judicial, se investigó especialmente su experiencia sexual previa. Y tomando como uno de los fundamentos que la chica no era virgen al momento del ataque, un tribunal de la ciudad Presidente Roque Sáenz Peña absolvió a los acusados, en una causa plagada de prejuicios de género y discriminación racial. El Comité de Derechos Humanos de la ONU acaba de dictaminar que en ese caso se violaron los derechos humanos de la joven. Y le indicó al Estado argentino y en particular al gobierno de Chaco que tienen la obligación de implementar medidas para que no se repitan atropellos similares, en particular, asegurar el acceso de las víctimas de violencia, incluidas las agresiones sexuales, a los tribunales en condiciones de igualdad.
“Entre las reparaciones hemos exigido capacitación en género al Poder Judicial; creación de servicios de atención a víctimas de violencia con personal capacitado, y otras medidas. Algunas se han implementado pero de manera parcial y acotada mayormente a la ciudad de Buenos Aires. Pero este es un país federal, con 24 provincias y todas las mujeres tienen derecho a disfrutar de esos servicios”, explicó a Página/12 la abogada Susana Chiarotti, directora de Insgenar, una de las entidades que acompañaron a L.N.P. en su demanda ante el Comité de la ONU. La denuncia fue presentada en 2007, tal como informó oportunamente este diario. El CDH es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Parte.
La muchacha pertenece a una familia qom muy pobre, que vive de la fabricación artesanal y venta de canastos. En el dictamen, el CDH analiza en profundidad cada derecho violado por el sistema judicial durante la investigación del hecho denunciado por la adolescente y los estereotipos utilizados en el proceso. “Nombrar los estereotipos es importante para identificarlos y erradicarlos”, destacó Chiarotti.
Después de ser violada, la adolescente concurrió sola, con la ropa manchada de sangre, a la comisaría del pueblo a realizar la denuncia. La hicieron esperar alrededor de tres horas de pie y llorando. Hasta que la derivaron a un puesto sanitario donde tuvo que esperar varias horas más hasta ser atendida. La chica contó que el médico le hizo “tacto sobre la herida, lo que le produjo intenso dolor” y luego le revisaron la vagina, cuando había denunciado que la penetración había sido anal. El CDH dictaminó que la espera extensa en la policía y en el centro de salud, y la manera en que fue revisada por el médico forense, constituyen “trato cruel, inhumano y degradante”. Además, cuestionó que la sentencia de la Cámara en lo Penal de Presidente Roque Sáenz Peña –que absolvió a los acusados– centró su análisis del caso en la vida sexual de la víctima y en determinar si era o no “prostituta” y usó como argumento que no era virgen para establecer su consentimiento al acto sexual.
En ese sentido, el CDH aclaró que está prohibido investigar la experiencia sexual previa de una mujer en un caso de violencia de género, especialmente de violación, porque, entre otros aspectos, atenta contra su intimidad y vida privada, subrayó Chiarotti.
El ataque sexual que sufrió L.N.P. ocurrió el 3 de octubre de 2003 en la localidad de El Espinillo, a 400 kilómetros de Resistencia. Los tres “criollos” la amenazaron para que no los denunciara. No era la primera vez que ocurrían hechos similares con chicas y mujeres tobas violadas por hombres “criollos”, pero habitualmente se silenciaban y quedaban también impunes “por la prevalencia de una mentalidad racista”, señalaron los representantes legales de la joven en su demanda ante la ONU. La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción con sede en la ciudad de Castelli, a unos 80 kilómetros del pueblito donde vivía L.N.P. El juicio lo llevó adelante la Cámara en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a unos 250 kilómetros de la casa de la muchacha. Aunque se probó el acceso carnal por la fuerza, los tres acusados terminaron absueltos en 2004. En el fallo, los jueces de la Cámara consideraron que “no se debe confundir la violación con la violencia propia de un acto sexual”. Las heridas sufridas por la víctima fueron atribuidas por los camaristas al “ímpetu con que se intenta la penetración” y a la “juventud del sujeto activo, edad en que la excitación sexual suele ser mucho más impetuosa y más aún ante la ingesta alcohólica, que fue reconocida por el autor y constatada por el médico, que suele producir mayor desenfreno”. La familia de L.N.P. nunca fue notificada. Y recién se enteró dos años más tarde.
Mientras se tramitaba la denuncia en la ONU, las entidades demandantes comenzaron a negociar con el gobierno de Chaco una serie de medidas reparatorias por el daño sufrido por L.N.P. La mayoría se cumplieron, entre ellas, una indemnización de 53 mil dólares, una pensión vitalicia, y una vivienda. Además, el 23 de abril de 2009, el gobierno chaqueño, en un acto público sin precedentes, le pidió perdón a la joven. A nivel nacional, una de las medidas reclamadas por las entidades también se cumplió: la sanción de una Ley Nacional Integral sobre Violencia contra las Mujeres, que aprobó el Congreso en 2009 y fue reglamentada por un decreto presidencial en 2010. Pero queda pendiente la implementación de medidas en todo el país para que ninguna otra mujer pase por una situación similar al denunciar una violación. El CDH le dio 180 días al Estado para cumplir con ese compromiso.
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El camino de la reparación

*       Por Mariana Carbajal

L.N.P. tiene hoy 23 años. Después de sufrir la violación abandonó la escuela. Recién con el acompañamiento de Insgenar y Cladem empezó el camino para la reparación del daño sufrido, retomó sus estudios y se graduó. “Ahora está estudiando obstetricia”, contó a Página/12 la abogada Susana Chiarotti, de Insgenar. Actualmente vive en la localidad chaqueña de Castelli, en la casa que le construyó el gobierno de Chaco, como parte de la reparación. Cobró una indemnización de 53 mil dólares, con la que colaboró a arreglar la casa de su familia en la localidad de El Espinillo, en El Impenetrable, que se dedica a fabricar artesanalmente cestas y canastos. “Tuvimos noticias de ella la semana pasada. En julio estuvo en Rosario en un curso de capacitación en derechos a jóvenes líderes de pueblos originarios que organizamos en Insgenar”, agregó Chiarotti. Solía ser retraída, muy callada. Ahora se la ve más desenvuelta y resuelta. “Anda en moto por todos lados y volvió a sonreír. Dice que haber planteado este caso le cambio la vida. En una palabra, es otra”, destacó Chiarotti.

martes, 13 de septiembre de 2011

Observan que el 62 por ciento de las violaciones no son callejeras sino familiares


La doctora Eva Giberti, especialista en temas de familia y sexualidad, dijo estar "muy agradecida" a la Universidad Nacional de Misiones, "pionera en muchos temas", por haberla convocado para inaugurar la cátedra de violencia de género. Comentó que cuando se hace referencia a la problemática "generalmente nos referimos a las mujeres. Violencia doméstica, violencia sexual, pero también hay travestis que la padecen, los chicos también, por lo menos en Buenos Aires donde el incremento de los casos llama poderosamente la atención. No conozco las estadísticas de Misiones", afirmó. No obstante, observó que a raíz del cotejo de datos con otras jurisdicciones "parecería que esto fuera un factor generalizado, pero además, afortunadamente las mujeres se están dando cuenta cada vez más que no hay que sobrellevar ni gritos permanentes, ni empujones. Tampoco los novios controlando los teléfonos celulares de las chicas, eso no es amor, eso es acoso. Un mocito que funciona así, lo más probable es que cuando vivan juntos sea un violento".

Giberti destacó que el género mujer "parecería ser que está más alerta y por eso estamos trabajando y agradezco tanto a esta Universidad porque abre un ámbito inédito en el país. Instalarlo en una cátedra para dedicarse específicamente es mérito del decano Luis Nelli. Se han mandado un avance más que significativo, y acá, en tierra guaraní".

La especialista comentó, además, que existen muchas formas de violencia, como el acoso sexual en el trabajo. "Se sigue dando y con qué entusiasmo", enfatizó Giberti.
Acerca de la implementación de la ley de Violencia de Género consideró que, además de la reglamentación, falta el compromiso de los jueces y fiscales. "Es fundamental. Si la Justicia no entiende que las leyes están hechas para ser cumplidas, la violencia contra las  mujeres se unifica en las víctimas de violencia y para eso necesitamos que el pensamiento y las prácticas de los jueces y fiscales estén agiornados. Se hagan cargo de que ahora el mundo ha cambiado y que no pueden seguir, legislando los legisladores, ni sentenciando los jueces con cabezas patriarcales terminadas porque ahora las mujeres tenemos claro que tenemos derechos y muchas veces esos derechos están en las leyes pero no están respetadas por los jueces, salvo algunos casos.
Encontramos muchos magistrados que aún se rigen por los códigos que ya debieran estar terminados, siempre buscan la responsabilidad en la victima. Es decir, si la violaron es porque lleva la pollera corta".
Destacó que la tarea de los medios de comunicación "va mucho más allá de lo que podemos hacer en las universidades o en las charlas barriales. El 62 por ciento de las violaciones no son callejeras, son familiares, dentro de la misma casa o por conocidos o amigos. Cuando una mujer es violada en la calle, entonces, automáticamente la misma familia tiende a decir que es porque salió tarde o la ropa es transparente".
Conferencia Magistral en Humanidades
Giberti participó este lunes de una Conferencia Magistral Abierta en el aula magna de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales donde previamente se le entregó el título  de profesora invitada de la Facultad, diploma de socia honoraria del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Misiones y del Colegio de Trabajadores Sociales.
Este martes 13 se inaugurará la Cátedra abierta “Violencias de Géneros”, con trabajo integrado de diversas instituciones. La cátedra libre tiene como objetivo que los asistentes incorporen información y saberes que les permitan posicionarse en el tema, para poder reflexionar  y adquirir herramientas que les facilite operar en determinados niveles.
La disertante
Fue la creadora y fundadora de la primera Escuela para Padres de Argentina en el año 1957.  Institución privada que en el año 1962 se incorporó  al ámbito de la Facultad de Medicina y dictaba sus cursos en el Hospital de Niños. El libro "Escuela para Padres" (tres volúmenes) publicó 30 ediciones. Persistió de este modo hasta 1973, fecha en la cual por razones políticas (persecución de Eva Giberti) debió ser clausurada.
Giberti tiene una larga trayectoria como docente en prestigiosas universidades nacionales y extranjeras. Disertante en importantes congresos, es coordinadora del Programa Las Víctimas Contra Las Violencias, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de La Nación.


sábado, 10 de septiembre de 2011

Reunión Extraordinaria de la Mesa local Contra la Violencia de Género






El día 5 de Septiembre de 2011 a las 15 hs., se realizó en la Casa de la Cultura de Almirante Brown, una reunión extraordinaria de la Mesa Local Contra la Violencia de Género de Alte. Brown ,con las siguientes autoridades presentes:

Por la Policía de la Provincia de Buenos Aires:

         Jefe de la Departamental de Almirante Brown Comisario Mayor Carlos Alberto Perillo

Por la Dirección General de Coordinación de Políticas de Género del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Prov. de Bs. As.:

Directora General: Lic. Silvia La Ruffa

Directora de Programación y Coordinación: Profesora Ana María Suppa

Coordinadora General: Comisaria Inspectora Mónica Muñoz

Coordinadora Zonal: Comisaria Marta Valenzuela

Titular de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Alte. Brown: Oficial Principal Mónica Borrazas

Responsable de la oficina de Relaciones con la Comunidad y Prensa de la Comisaría de la Familia de Alte. Brown : Oficial Inspector Dr. Esteban Husulak

Por la Mesa Local contra la Violencia de género de Alte. Brown:

       Subsecretaria de DDHH /Subsecretaria de Desarrollo Social /Directora General de la UFF y Equipos/ Coordinadora del SLPPD/ Coordinadora y equipo del CPV (Centro de Protección de los Derechos de la Víctima de Alte. Brown)/ Servicio Social del Hospital Oñativia/ Equipos Interdisciplinarios de la DGCyE – COF/ Fundación PROPUESTA/ ONG “Las Mariposas de Villa París”, Responsable e integrantes del Equipo Interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y la Familia, Titular y Responsable de Relaciones con la Comunidad y prensa de la comisaría de la Mujer y la Familia, Foros Vecinales de Seguridad.

Orden del Día:

* Nuevo Titular y personal de la Comisaría de la Mujer y de la Familia
* Capacitación del nuevo personal;
* Retomar capacitaciones a las demás Comisarías;
* Que el personal por su especificidad esté dedicado exclusivamente a esas tareas.
* Ambiente de privacidad en la toma de denuncias;
* Intervención integral, más participación de los equipos técnicos, especificidad en sus intervenciones, articulación con equipos técnicos de otras áreas (UFF, Atención a la Víctima, etc.);
* Protocolo;
* Considerar algunos beneficios para el personal que toma denuncias (Jornadas más cortas, relevos, etc.);
* Consultorio - Médico/a forense especializado/a;

En la misma, se escucharon sugerencias y puntos de vista, a los fines de optimizar recursos y coordinar políticas de trabajo en común a fin de continuar trabajando en la mejora de la atención de todas/os aquellas/os que hayan sido víctimas de violencia de cualquier tipo.

viernes, 2 de septiembre de 2011

"Satisfacción" de la Secretaría de Derechos Humanos


Viernes 2 de Septiembre de 2011
El titular del organismo, Eduardo Luis Duhalde, consideró que la aceptación de la renuncia de Juan Martín Romero Victorica implicó "el cese inmediato de quien hasta el presente fue un obstáculo para la profundización de la democratización del Poder Judicial". No obstante, señaló que la "separación del Ministerio Público Fiscal mediante la aceptación de su renuncia, no exime a Romero Victorica de dar cuenta a la justicia por su vinculación con los hechos imputados por la testigo Victoria Montenegro, hija de desaparecidos".






La aceptación de la dimisión también da cuenta del "avance de los principios de Memoria, Verdad y Justicia, por su ideología coincidente con la de los genocidas que produjeron la noche dictatorial más oscura de la historia argentina".
El Procurador General de la Nación Esteban Righi aceptó ayer la renuncia de quien fuera fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal, acusado de haber colaborado con el apropiador de una hija de desaparecidos.
fuente:pagina12.com.ar