martes, 17 de enero de 2012

"línea 102 para denunciar la vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes”


Impulsan el uso del 102 para denunciar agresiones contra niños y adolescentes
2012-01-17 

Con el objetivo de proteger a los más chicos, desde la secretaria de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires aseguraron que “uno de los desafíos por delante es naturalizar entre la gente el uso de la línea 102 para denunciar la vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes”. 

“El 102 es un número de asesoramiento y derivación permanente. Debemos trabajar para que los habitantes de la Provincia tengan siempre presente este número, como lo hacen con el 107 para pedir una ambulancia”, señaló el secretario de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, Pablo Navarro.

“El servicio telefónico gratuito de la provincia de Buenos Aires, que funciona bajo la órbita de esta Secretaría, brinda respuesta las 24 horas y los 365 días del año en temas relacionados con la promoción y protección de los derechos de los niños. Además, tiene la posibilidad, si la cuestión lo requiere, de derivar cada caso al dispositivo correspondiente tanto del Sistema de Promoción y Protección de Derechos como de otros efectores del Estado”, indicó.

“El gobernador Daniel Scioli le ha otorgado un fuerte impulso al Sistema de Promoción y Protección, un procedimiento que aborda a miles de niños y adolescentes al año cuyos derechos han sido vulnerados, a través de equipos interdisciplinarios que trabajan en todo el territorio provincial”, agregó. Según datos estadísticos del último año, la línea 102 recibe al mes un promedio de 334 llamadas efectivas, que corresponden a denuncias e información sobre vulneración de derechos de unos 280 niños y niñas. Del total de llamados, el 23 por ciento los realiza la madre o el padre del niño o niña, en igual cantidad lo realizan los abuelos, el 21 por ciento los vecinos y el 3 el propio niño o adolescente, mientras que el resto de los llamados, que constituyen el 30 por ciento, son efectuados por otros familiares, un amigo, un docente u otras personas relacionadas.

lunes, 16 de enero de 2012

Trata: desde el Gobierno admitieron que hay “cobertura policial”

lunes, 16 de enero de 2012

Luego de la conmoción que generaron las denuncias sobre la trata de personas que realizó Lorena Martins, hija del el ex agente de la SIDE Raúl Martins, a quien involucró en el delito, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, admitió que desde el Gobierno están muy preocupados, porque esto demuestra que los controles fallan, y que hay complicidad por algunos miembros de la fuerzas de seguridad.

"Esto demuestra la absoluta inactividad de los controles que tiene que hacer la autoridad local (el Gobierno de la Ciudad) y la cobertura que brindan algunos oficiales de altísima responsabilidad" de la Policía Federal”, resaltó. El Ministerio de Seguridad, luego de una serie de allanamientos ordenados por la justicia, desplazó a 21 comisarios y subcomisarios por sospechas de estar vinculados con boliches donde se ejerce la prostitución; dos de estos efectivos son los comisarios Roberto Cabrini y Sergio Maldonado, señalados en la denuncia de Lorena Martins que también involucra a su padre.

En declaraciones a un pro0grama de televisión, la Ministra destacó anoche que el Ministerio de Seguridad viene combatiendo las redes de trata de personas en colaboración con la Justicia y recordó que el juzgado de María Servini de Cubría en marzo del año pasado ordenó 40 allanamientos a locales nocturnos, en el que participaron 400 gendarmes y 200 prefectos "para garantizar objetividad y no filtración".

“ Participaron gendarmes y prefectos porque previamente hubo intentos de generar una solidaridad corporativa para encubrir los delitos", afirmó Garré, y señaló que luego de esos operativos la jueza Servini de Cubría comprobó que varias de las actas labradas allí correspondían a testimonios falsos, de quienes se tomaban sus datos personales de denuncias sobre pérdidas de DNI.

"La denuncia de Lorena Martins agrega a nuestra investigación al comisario Fabián Galli, de la Comisaría 19. De manera que realmente estamos muy preocupados porque están demostrados los pagos, a través de libros de gastos donde se mencionan al efectivo policial que recibía el dinero", agregó. "El año pasado se hicieron 441 allanamientos, se detuvieron a 227 personas, se rescataron de la trata de personas a 1007 personas, de las cuales 722 eran víctimas de trata con fines de explotación laboral. 80 de esas 722 eran menores, y 285 eran víctimas de trata con fines de explotación sexual, y 24 eran menores", indico Garré

Acerca del ex agente de la SIDE, Raúl Martins, la Ministra indicó que "es un hombre que hace mucho tiempo está vinculado a esta actividad en el mundo de la noche", por lo que para "quienes dan los permisos diversos para las actividades que se desarrollan en estos boliches bailables, no puede pasar como ignorada".

Consultada sobre el rol de efectivos de la SIDE y la Policía Federal en la red de trata de personas, Garré dijo que "la depuración del aparato del Estado en sus fuerzas de seguridad y secretarías de inteligencia, al igual que en sus Fuerzas Armadas, es un proceso de depuración permanente".

"Fue una infección tan generalizada, una metástasis tan amplia, que terminar con eso requiere un esfuerzo constante, permanente, aún en el marco de este Gobierno que ha dado numerosas muestras de voluntad de cambio en estas áreas del Estado que fueron tan nefastas en épocas de la última dictadura", justificó.


domingo, 15 de enero de 2012

En 2011, más de 300 personas fueron asesinadas por violencia de género


La cifra implica un aumento del 10% respecto del año anterior y del 22% con relación a 2009
En 2011, más de 300 personas fueron asesinadas por violencia de género
Publicado el 12 de Enero de 2012 en Tiempo Argentino

Son cifras del Observatorio de la ONG La Casa del Encuentro. De ese total, 282 eran mujeres y niñas. El 60% de los femicidas son parejas o ex parejas. Por estos crímenes, 346 hijos perdieron a sus madres.
 
Durante el año 2011, más de 300 personas murieron por violencia machista. Según datos del Observatorio Adriana M. Zambrano, de la ONG La Casa del Encuentro, entre enero y diciembre, 282 mujeres y niñas fueron asesinadas por cuestiones de género; y 29 hombres y niños resultaron víctimas de “femicidios vinculados”. La cifra implica un aumento del 10% respecto al año anterior, y de un 22% en relación con 2009. Este año, por primera vez, el Observatorio puso foco además en otros efectos de la violencia de género, entre ellos, la destrucción de las familias: 346 hijos quedaron sin sus madres. El 60%  son menores de edad.
En el relevamiento se confirmaron otras tendencias vinculadas a este delito, que remueven anclados preceptos sobre el problema de la inseguridad: la mitad de los asesinatos se cometieron en la vivienda de la víctima o la vivienda compartida, y seis de cada diez fueron cometidos por maridos, novios o ex parejas de las víctimas. En 33 casos, los femicidas ya contaban con denuncias a cuestas, tenían exclusión del hogar o prohibición para acercarse a sus víctimas. La crueldad con la que fueron cometidos los crímenes también fue un dato ya conocido: 62 mujeres murieron apuñaladas y 43, a los golpes.
La Casa del Encuentro lleva cuatro años describiendo casos, a partir del relevamiento en medios de comunicación. Estas estadísticas son las únicas con las que se dispone a nivel nacional y han permitido que el tema cobre relevancia política. Con este trayecto a cuestas, la ONG decidió ahora dar otro paso, esta vez contra la impunidad: “A partir de un convenio con el Ministerio Público Fiscal, empezamos una investigación sobre sentencias de homicidios de mujeres en los juzgados de instrucción. El ánimo es hacer un diagnóstico general”, señaló Ada Rico, coordinadora del Observatorio. 
Todo indica que 2012 será un año en el que la violencia de género contará con cierto protagonismo. A las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, Mariana Gras, sobre la “necesaria incorporación del femicidio al Código Penal”, se sumaron esta semana las de la directora del programa “Las Víctimas contra las Violencias” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eva Giberti, quien aseguró: “Es un tema que tiene en cartera el senador Aníbal Fernández.”
Otros temas de la agenda legislativa serían la modificación del Código Civil para la pérdida automática de la patria potestad de los femicidas y la creación de una asignación económica temporal para las mujeres víctimas de la violencia de género.
“Creo que hay una decisión del oficialismo de ir a fondo con algunos temas y que hay consenso entre otros bloques. Por eso estamos llamando a un pacto político para diseñar un plan nacional para la erradicación de la violencia de género. Nos tenemos que sentar todos: el Ejecutivo Nacional, los provinciales, el Poder Judicial, el Legislativo, las organizaciones sociales, las universidades, los medios de comunicación. Hay provincias que no adhirieron a la ley de violencia, distritos donde ellas tienen muy pocas posibilidades de salir de su situación. Esta es una cuestión que no tiene que ver con oficialismo u oposición: se trata de poner en valor a las mujeres”, subrayó Fabiana Túñez, de La Casa del Encuentro.
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Publicado el 12 de Enero de 2012 en Página 12

Una mujer asesinada cada 31 horas
Los números reflejan solamente los casos que fueron consecuencia de violencia de género. De ellos, 32 corresponden a jóvenes de 15 a 21 años asesinadas por sus novios o ex parejas. Como resultado, 346 chicos quedaron sin madre.

 Por Mariana Carbajal

En 2011, cada 31 horas fue asesinada en el país una mujer por el hecho de ser mujer, de acuerdo con el relevamiento realizado por el Observatorio de Femicidios en Argentina de La Casa del Encuentro. En total, fueron ejecutadas 282 mujeres y niñas como consecuencia de la violencia de género, una cifra que muestra un aumento del 8 por ciento en relación con los casos detectados el año anterior, según el registro de la ONG. Treinta y dos de las víctimas tenían entre 15 y 21 años y todas fueron ultimadas por sus novios o ex parejas (ver recuadro). La epidemia de femicidios dejó a 346 niños y niñas sin madre, muchos de los cuales muy probablemente arrastren las secuelas de haber sido testigos y a la vez víctimas de la violencia machista. En la mayoría de los casos –casi 6 de cada 10–, el autor o principal imputado es el esposo, novio o ex pareja de la víctima. Para las mujeres, la propia casa puede resultar más peligrosa que la calle: en la ciudad de Buenos Aires, el 50 por ciento de los homicidios dolosos de mujeres que tuvieron lugar en 2010 fueron motivados por violencia intrafamiliar y solo el 27 por ciento, en ocasión de robo, de acuerdo con una reciente investigación de la Corte Suprema (ver aparte).
Como cada año, el informe de La Casa del Encuentro llama a la reflexión sobre las consecuencias de la violencia de género y en esta oportunidad, la entidad exhortó a avanzar con un acuerdo social entre diversos sectores para diseñar un plan nacional para la erradicación de la violencia hacia las mujeres. La Ley 26.485, de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, sancionada el 11 de marzo de 2009 y reglamentada en 2010, establece en su artículo 9 que el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) debe “elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres” y “articular y coordinar las acciones” para el cumplimiento de la norma, con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en la materia”, entre otras responsabilidades.
Las autoridades del organismo sostienen que están trabajando en la elaboración de un plan desde hace tiempo, pero todavía no lo presentaron. Desde el 10 de diciembre está al frente del CNM Mariana Gras Buscetto, militante de La Cámpora, quien venía desempeñándose como subsecretaria en la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contras las Mujeres del CNM y previamente fue directora nacional de Juventud.
El 2011 se inició con el asesinato de María Laura Córdoba, de 20 años, en la localidad de Villa Hipólita, Santiago del Estero. El informe del Observatorio de Femicidios precisa que la asesinaron el 1 de enero a golpes de puño y puntapiés. La ataron a un árbol y la quemaron con un hierro caliente. El culpable del feroz ataque sería un joven de 32 años, con quien la víctima mantenía una relación. Tras dejar a la muchacha tirada en el camino, escapó y fue detenido días después. El hombre tenía denuncias previas por malos tratos y amenazas de muerte. Ese mismo día fueron apuñaladas en el barrio porteño de Villa Urquiza Silvina Beatriz Mehaudy, de 44 años, y Sofía Bianco, de 9 años, madre e hija. El acusado del crimen fue el esposo y padre de la niña, quien habría sido denunciado previamente por malos tratos.
El listado de femicidios es estremecedor. Baleadas, a golpes, martillazos, apuñaladas, incineradas: 282 mujeres –entre ellas niñas y adolescentes–, resultaron asesinadas a lo largo del año por el hecho de ser mujeres. Veintiocho murieron como consecuencia de quemaduras. El 2011 terminó con una seguidilla de resonantes femicidios. El cuádruple crimen de La Plata –ahora sin detenidos– y el asesinato de Carla Figueroa en General Pico, La Pampa, a manos de su violador y flamante marido, a quien la Justicia había liberado una semana antes con la polémica figura del avenimiento, entre otros casos. El comienzo del 2012 se conmovió con otro femicidio: el de la maestra de San Fernando, Silvia Prigent. Ayer la fiscalía solicitó la detención del viudo Daniel Sfeir, acusado de homicidio agravado por el vínculo de su mujer (ver aparte).
El registro lo lleva adelante desde 2008 el observatorio que dirige Ada Beatriz Rico y coordina Fabiana Túñez. “El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad”, destacó Túñez. El concepto fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell, ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas, recordó Rico.
El observatorio realiza el relevamiento de los casos publicados en las agencias informativas Télam y DyN y 120 diarios de distribución nacional y/o provincial. Contabiliza los homicidios de mujeres por razón de género, es decir, casos que no tienen que ver con robos, secuestros u otras situaciones de “inseguridad” urbana. “El término femicidio es político: es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista”, agregó Rico.
En 2010 el observatorio registró 260 femicidios y en 2009, 231 (pero en ese año los medios relevados eran menos, solo 43). De los 282 femicidios, en 106 –37,6 por ciento– el acusado fue el esposo o novio y en 58 –20 por ciento–, la ex pareja. En 23 casos, el padre o padrastro; en 22, un vecino o conocido; en 14, otros familiares; en 6, hijos; en un caso, un hermano o hermanastro y en 52, un hombre sin vínculo aparente con la víctima. En al menos 31 de los hechos, la mujer previamente había hecho denuncias y en 3, el agresor tenía dictada una exclusión del hogar o prohibición de acercarse a la víctima.
“Con este informe –apuntó Rico– estamos reclamando la existencia de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres, incluidos los índices de crímenes por violencia de género, en articulación con la sociedad civil y la incorporación en el Código Penal del femicidio, como una figura penal autónoma, además de la pérdida automática y definitiva de la patria potestad del femicida, no así de sus obligaciones alimentarías.”
Túñez señaló la necesidad de que todas las provincias adhieran a la Ley 26.485. “Es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos; de esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata”, concluyeron las especialistas.
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Víctimas de noviazgos violentos
 Por Mariana Carbajal
Treinta y dos chicas de entre 15 y 21 años fueron víctimas de femicidios durante el último año. En todos los casos, el principal sospechoso o imputado fue su novio o ex pareja. Algunas estaban embarazadas. El dato surge del informe del Observatorio de Femicidios en Argentina de La Casa del Encuentro, que recopila todos los casos registrados en la prensa en 2011.
Una de las adolescentes asesinadas fue Ángela Alomo, de apenas 16 años, de La Banda, Santiago del Estero. Sufrió quemaduras en el 60 por ciento del cuerpo y tras dos días de agonía, falleció en un hospital. Según precisa el informe de la ONG, “detuvieron como presunto autor del ataque a su pareja, un hombre de 22 años, sospechado de rociar con alcohol a la víctima y prenderle fuego”. El hecho sucedió en la habitación de una pensión, que la pareja alquilaba. “De acuerdo con la investigación, momentos antes al pedido de auxilio de la mujer, se escuchó una fuerte discusión entre la joven y Castillo. Otras personas alojadas en el lugar auxiliaron a la adolescente, que en esos momentos se encontraba cubierta por el fuego y pedía que salvaran a su hija de 7 meses, que también sufrió quemaduras, aunque de menor consideración”, precisa el informe. Ángela murió el 8 de marzo.
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Viviendo con el enemigo
Un estudio del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema sobre los homicidios dolosos cometidos en la ciudad de Buenos Aires confirmó un dato estremecedor: las mujeres corren más riesgo de ser asesinadas en sus propias casas, a manos de un hombre de su entorno íntimo, que en la calle. Del total de homicidios dolosos de mujeres ocurridos en 2010, el 50 por ciento se produjo en el marco de situaciones de violencia intrafamiliar y sólo el 27 por ciento en ocasión de robo. Ese año hubo en el territorio porteño 168 hechos. El 14 por ciento tuvo como víctimas a mujeres. De los asesinatos de varones, sólo el 5,84 estuvo vinculado con violencia intrafamiliar; el 28 por ciento, con robos; el 23 por ciento, con riñas; el 7,3 por ciento, con legítima defensa, y en un 31 por ciento no se conoció el móvil. El informe fue presentado en diciembre por el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni.



martes, 10 de enero de 2012

Cuando los chicos son el blanco


Página 12, martes 10 de enero de 2012

 Por Cristina Fernández *

No se puede hacer un análisis profundo y exhaustivo de la violencia de género si no se toma en cuenta cómo afecta a niños, niñas y adolescentes, al mismo tiempo que a las mujeres adultas.
Primer caso: tenía 17 años y un padre violento. Vivía en una provincia conservadora del interior.
La familia pertenecía a una comunidad en la que la violencia de todo tipo era moneda corriente y aceptada.
Cinco meses antes de cumplir los 18 se fue de la casa. Jueces todavía llamados “de menores”, un anacronismo desde la vigencia de la Ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la devolvieron a su casa. Los jueces actuaron con fuerzas policiales provinciales para las que la “fuga de hogar” es casi un delito penal.
La adolescente esperó pacientemente, entre golpes, los cinco meses que le restaban para la mayoría de edad y, cuando cumplió los 18, nadie supo nunca más de ella.
El segundo caso empieza con una trompada.
–Sos una puta –le dijo el marido a la mujer–. Y la trompada le arrancó el diente.
Harta, humillada, lejos de su país, tomó a su bebé de un año y se fue.
Con la excusa de buscar a su hijo para dar con ella, el golpeador argumentó ante la Justicia impedimento de contacto. Pero nunca la encontró. Y ella, ya más fuerte y más segura porque estaba lejos de él, pidió ayuda al Estado y salvó su vida.
Tercer caso: no pudo interpretar las innumerables alertas que se le abrieron. Tal vez porque nunca pensó que el padre de su hijo menor podía ser capaz de semejante crueldad cuando prometía golpearla, y golpearla fuerte.
Su hijo mayor, nacido de una pareja anterior, apareció muerto en un descampado. Había podido darle el golpe más certero.
En lo que militantes del colectivo feminista dan en llamar “femicidio vinculado”, la agresión masculina alcanza su punto máximo de violencia contra las mujeres sin llegar a su eliminación física. Pero como el asesinato se comete sobre el hijo o la hija para producir un daño explícito a la mujer, en el femicidio vinculado la relación niñez-género se hace más nítida. Es un grito que a todas luces debe ser escuchado sin los prejuicios que vienen del patronato y del patriarcado.
Patronato es la institución que establece que las personas menores de edad sean consideradas “objetos de protección” y no “sujetos de derechos”. Patriarcado es la institución según la cual las mujeres deben ser consideradas “objetos de protección” y no “sujetos de derechos”. En la fundamentación de ambas, como doctrinas y como prácticas sociales, reside la supuesta protección de “seres inferiores”, incapaces por sí mismos de ejercer plenamente sus derechos.
Si patriarcado y patronato van de la mano, si el origen es el “pater”, si el patronato priva a los niños, niñas y adolescentes de derechos y el patriarcado priva a las mujeres de derechos; si las sociedades patriarcales son aquellas que consideran al patronato como la forma de “proteger” a los “menores” y al sometimiento como la forma de “silenciar” a las mujeres, entonces las respuestas institucionales a la violencia de género deben deslizarse por los caminos de la niñez. De ninguna manera pueden mantenerse aisladas.
Las adolescentes que abandonan voluntariamente sus hogares lo hacen siempre inducidas por la arbitrariedad patriarcal, que llega a los extremos de la violencia física. A veces la violencia no es sólo física pero no por ello es menos violenta.
Las mujeres que logran huir llevándose a sus hijos o hijas escapan de la violencia patriarcal, que se manifiesta de varias formas distintas: simbólica, sexual, física o económica. “¿Para qué me iba a quedar si me sacaba toda la plata?”, decía ella en estado de pánico. “No quería que mi hijo pasara por lo mismo.” En la respuesta a esta violencia que no se ve, muchas mujeres comienzan a divisar la posibilidad de supervivencia propia y la de sus hijos.
El “caso Tomás” fue un ejemplo de femicidio vinculado que llegó a los medios. Pero no es el único. El afán de destrucción total de una mujer corporizado en asesinarle a un hijo, da prueba cabal de que niñez y género deben ser abordados en forma integral. No se puede trabajar con problemáticas de niñez perdiendo de vista la perspectiva de género. Y no se puede construir el camino de la conciencia de género si no se atiende al hecho de que hay otras víctimas, además de las mujeres. El perfil de la violencia en el ámbito de lo privado siempre roza a niños, niñas y adolescentes.
La maternidad es una construcción social. La infancia y el género también lo son. La resistencia a la violencia doméstica debe ser construcción de un colectivo único, feminista y no feminista, cuya única bandera sea la protección de derechos.

* Coordinadora del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas de la Secretaría de Derechos Humanos.


viernes, 6 de enero de 2012

UN CRIMEN REVELA RESPONSABILIDADES SOCIALES, publicado en pagina12

Argentina, viernes 6 de enero de 2012

PSICOLOGIA › 

Todos los que matan a Matías

http://www.pagina12.com.ar/commons/imgs/go-gris.gif Por Andrea Homene *
A Matías Berardi lo asesinaron, el martes de la semana pasada, según dicen hasta el momento los investigadores, los miembros de una familia que lo habían secuestrado para pedir 500 pesos de rescate: atrocidad injustificable que merece la más enérgica condena. Pero no fueron sólo ellos quienes terminaron con la vida de este chico de 16 años. A Matías lo asesinaron los vecinos, que lo vieron correr desesperado pidiendo ayuda pero, como era perseguido por otras personas que gritaban que les había robado (luego se sabría que eran sus secuestradores), no intervinieron para asistirlo.
También lo asesinaron los periodistas que instalan en el imaginario del público la idea de que los jóvenes son los responsables de todos los problemas de inseguridad. El remisero que no dudó en huir cuando vio al joven acercarse a su automóvil con intenciones de abordarlo también lo asesinó.
Lo mataron además quienes vieron cómo Matías era finalmente interceptado por un automóvil, subido a golpes, y no hicieron nada para evitarlo. También lo mató la policía, que alertada “porque un menor intentó asaltar a un remisero y luego fue subido a un auto”, hizo un breve recorrido por el barrio y se retiró. A Matías lo mató la clase media, que construye bunkers rodeados por doble alambrado electrificado para subrayar las diferencias entre un adentro habitado por los buenos ciudadanos y un afuera infectado de “malvivientes”.
Matías murió por ser un adolescente. Cargó, por un instante breve y fatal de su vida, con el estigma que cargan miles de adolescentes como él, que continuamente son agredidos, despreciados, maltratados, humillados, por los buenos ciudadanos que pagan sus impuestos y que reclaman airadamente bajar la edad de imputabilidad, endurecer las condenas (como si ser un adolescente de clase baja sin futuro ni ilusiones no fuera condena suficiente), que no salgan nunca más de la cárcel.
Existe otro Matías. Lo conozco. Está cumpliendo una probation. No vive en un barrio privado, no juega rugby, no asiste a un colegio bilingüe. Es morocho. Todos los días sale a vender productos de limpieza por la calle. Y casi todos los días la policía lo para, lo obliga a ponerse contra la pared, le hace abrir las piernas, someterse a la requisa, abrir su mochila, dejar caer su mercadería, soportar que se la pateen y juntar lo que queda de ella sin decir una sola palabra, porque, al menor atisbo de protesta por el atropello, pueden llevarlo a la comisaría por “resistencia a la autoridad”. Cualquier conflicto le haría perder la probation y podría derivar en su detención. El sabe que no puede reaccionar ante el funcionario policial; no puede defender su derecho a querer darle un curso diferente a su vida, a ganar honestamente el sustento de su familia. Debe callar y juntar del piso su mercadería pisoteada.
Los que creyeron que el otro Matías era un ladrón consideraron justo que fuera perseguido por sus presuntas víctimas y empujado al interior de un auto. A nadie se le ocurrió que, aun cuando hubiera cometido un delito, debía ser protegido de la persecución justiciera. Es más, si hubiera sido un ladrón, y sus víctimas, como ha sucedido, hubieran hecho “justicia” por mano propia, el discurso social ante la muerte del chico hubiera sido muy diferente. Los homicidas hubieran sido considerados casi como héroes. Difícilmente se hubiera establecido su responsabilidad y en el caso de que fueran identificados, un buen abogado habría logrado probar el “estado de emoción violenta” y así la inimputabilidad.
El otro Matías trata de sobrevivir en un medio que le es hostil y, cuando le pregunto qué necesita, contesta: “Una vida nueva”. Con este Matías, intentamos aún reparar todo el daño que se le ha hecho; que pueda algún día ilusionarse, desear, imaginar una vida en la que pueda andar libremente por la calle, trabajar, ir a bailar, sin tener que agachar la cabeza cuando la mirada del otro le dirige desprecio y burla.
* Psicoanalista. Perito psicóloga en una defensoría oficial del conurbano bonaerense.

domingo, 18 de diciembre de 2011

DESAVENIRSE - Carla Figueroa -


Página 12, sábado 17 de diciembre de 2011
Desavenirse

El autor sostiene que “la institución del avenimiento, aplicada a asaltos sexuales, se basa en criterios sobre psiquismo, sexualidad y género que son erróneos y, en algunos casos, de naturaleza francamente perversa”, por lo cual propone que sea eliminada de la legislación.

*       Por Mario Burgos *

El asesinato de Carla Figueroa y la presunción de que el victimario sea su flamante esposo y anterior violador, Marcelo Tomaselli, puso en cuestión la relación entre violación y “avenimiento”. La institución del avenimiento, aplicada a asaltos sexuales, se basa en criterios sobre psiquismo, sexualidad y género que se supuso científicos pero son erróneos y, en algunos casos, de naturaleza francamente perversa. Tales criterios, presentes en la vieja ley sobre delitos sexuales, se mantuvieron en la Ley 25.087, de 1999, por lo que es preciso que los actuales diputados y senadores se hagan cargo del triste legado y produzcan una ley con perspectiva de género, fundada en el conocimiento científico y que se constituya en una avanzada contra todas las formas de ataque sexual. Al fin de cuentas, en un país que comenzó a poblarse sobre la base de violaciones, legislar conforme a derecho es restablecer historia, identidad y salud mental.
La actual institución del avenimiento presupone que el violador sólo ha de tener un solo objeto de agresión: esa víctima circunstancial. Si no se partiera de este presupuesto, no se dejaría librada a la decisión de la víctima el mecanismo por el cual el agresor puede quedar en libertad. Se dice que “las cárceles no son para castigo, sino para resguardo”, de la sociedad y del que delinque. Pues bien, en este caso no es la sociedad la que decide que no debe ser resguardada, sino una sola persona: la víctima. Pero no existe evidencia clínica ni investigación que demuestre que el violador está fijado a un solo objeto de agresión sexual. Por el contrario, innumerables casos demuestran la naturaleza compulsiva de tales actos y su tendencia a la repetición. Por otra parte, ya que dejamos que la víctima active la posibilidad de liberar al agresor sexual, en el caso de la víctima que no se “aviene” ¿por qué no le dejamos decidir qué pena aplicarle a quien la violó?
En rigor, un avenimiento es un acuerdo tras un disenso: una reconciliación. Establecer tal institución entre violador y violada es suponer como pares a dos personas que no lo son: uno es un delincuente agresor, la otra es una víctima agredida. Se plantea así una paridad perversa que borra lo que diferencia a ambos y deja librado el camino para borrar el delito mismo: “En tal caso la pena quedará extinguida”, dice el artículo 15 de la Ley 25.087.
A partir de esa falacia inicial, habilitada la institución del avenimiento como un hecho individual en el que la única decisión de naturaleza social correría por cuenta de los jueces intervinientes, se avanza a otro falso presupuesto: considerar que la víctima está en condiciones de decidir libremente si avenirse o no. Tanto por el orden sexual vinculado con la violación como por la batería de prejuicios sociales con los que la violación se liga, pesan sobre la víctima una serie de presiones que dificultan su posibilidad de elegir libremente. En primer lugar pueden operar formas regresivas, ligadas a fantasías de seducción y erotismo infantil, que resultan culpabilizantes para la víctima. Muchas veces esos sentimientos operan en el sentido de no denunciar una violación, de sentir culpa por “no haber resistido lo suficiente” o por haber supuestamente motivado al agresor de manera inconsciente. En mujeres abusadas o víctimas de agresión reiterada en su infancia puede agregarse un resto de duda –por lo tanto, de culpa– acerca de los sentimientos que se activaron en el momento de sufrir la agresión sexual. No hay por lo tanto base científica alguna para suponer capacidad de libre elección al momento de “avenirse”.
En el “avenimiento” se instala, como mecanismo de restitución de algún tipo de honor perdido, la pespectiva de que el agresor reconozca a la víctima como pareja, esto es, como mujer digna de cohabitar y compartir su vida con él. Basta considerar una de las reformas que la Ley 25.087, de 1999, introduce respecto de la vieja ley sobre delitos sexuales. Esta última establecía, en su artículo 132, que “en los casos de violación, estupro, rapto o abuso deshonesto de una mujer soltera, quedará exento de pena el delincuente si se casare con la ofendida, prestando ella su consentimiento, después de restituida a casa de sus padres o a otro lugar seguro”. No se ve otra explicación para aquel párrafo que el entendimiento de que “la ofendida” (¿se hablará del mismo modo cuando se trata de un banco y alguien lo roba?) deja de serlo si el que usó su cuerpo “se aviene” a legitimar ese uso mediante el compromiso de pareja. Hablando más claro, se vuelve al primitivo concepto patriarcal: el varón –incluso el violador– otorga pureza a la mujer impura al reconocerla como su par. Como supo decir un dinosaurio de la Corte al que no le caía bien el matrimonio igualitario, el mater (madre) munium (oficio de) es un reconocimiento de que la mujer puede establecer familia (literalmente “oficiar de madre”). Eso sí, por vía institucional y a instancias de un varón. O tal vez, sencillamente, legisladores y legisladoras conocen de la cotidianeidad de la violación dentro de matrimonios y, en lugar de sentar precedente en contra de tal práctica, prefieren legitimarla mediante la institución del avenimiento.
Esta institución convalida, mediante los mecanismos y presupuestos que hemos descripto, toda una batería de prejuicios sociales con respecto a la sexualidad femenina y al derecho de ejercerla libremente; en particular, los prejuicios que tienden a culpabilizar a la víctima por la conducta del agresor. Para dar otro caso de la “libre elección” del avenimiento por parte de la víctima: supongamos que una chica es violada a los 13 años y esta violación, que va a juicio, es conocida por los varones de su entorno, en un ámbito de valores tradicionales y prejuiciosos: ¿qué podrá hacer para adquirir reconocimiento social y aceptación? Para cuando llegue a los 16 años, la ley tiene su respuesta: avenirse.
Prescindo en este texto de ocuparme de otras perlas de la legislación vigente, como el concepto de “acceso carnal”, cuyas variantes hacen dudar no sólo del conocimiento sino de la salud mental de quienes los convalidan. En todo caso, un abordaje legislativo abriría camino a revisarlos en beneficio de toda la sociedad.
* Psicólogo. Trabaja en la sala de atención primaria 1º de Mayo, Villa Sapito, Lanús. Presidente de Fundación R.E.D.
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Fallo judicial, obra macabra

*       Por Andrea Homene *

La ley 12.569 de la provincia de Buenos Aires, de Violencia Familiar, en su artículo 1º establece que “se entenderá por violencia familiar toda acción, omisión, abuso, que afecte la integridad física, psíquica, moral, sexual y/o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito”. Los tribunales de familia, jueces de menores, juzgados de primera instancia en lo Civil y Comercial y los juzgados de Paz del domicilio de la víctima son competentes para intervenir ante las denuncias que se efectúen. Estos órganos judiciales tienen facultades para dictar medidas inmediatas –restricciones perimetrales, exclusiones del hogar, etcétera– que tiendan a evitar la consecución de los hechos de violencia denunciados. La experiencia en el área de violencia familiar indica que, una vez que ha intervenido la Justicia, en la gran mayoría de los casos los hechos denunciados no se reiteran. La intervención de un tercero mediatizando la relación entre dos, rompiendo con el aislamiento al que es sometida la persona objeto de la violencia (a menudo inhibida por lazos familiares y de amistad), suele tener un efecto pacificador, al reducir el poder que el agresor mantenía frente a su víctima.
Si bien en el ámbito del trabajo en violencia familiar suele hablarse de víctima y agresor, desde el punto de vista psicoanalítico es sabido que la responsabilidad subjetiva no es ajena a ninguna de las partes. Existen entramados inconscientes que determinan los posicionamientos y contribuyen al mantenimiento de las situaciones de violencia. Esto de ningún modo significa que quien es agredido sea “culpable” de esa agresión. Pero, a la vez, no se trata de un sujeto completamente pasivo. En todo caso, en el espacio de un tratamiento psicológico, cada sujeto tendrá la posibilidad de trabajar acerca de su implicación en los hechos que padece.
El caso de la joven de La Pampa pone de manifiesto de manera descarnada algo de esta situación: en su historia familiar aparece la marca del asesinato de su madre a manos de su padre, cuando ella tenía pocos meses de vida. En su adolescencia, a muy temprana edad, entabló una relación de pareja con un hombre con el que tuvo un hijo. El le impuso una vida signada por el terror y, cuando ella logró separarse, la amenazó con un arma blanca y la viola. Ella lo denuncia, y una vez preso, lo visita regularmente en la prisión. Seguramente a instancia de sus asesores legales, solicitan la aplicación de la figura del avenimiento (art. 132 del Código Penal), que admite el “perdón” de la víctima de abuso sexual mediante una “propuesta libremente formulada, y en condiciones de plena igualdad”, cuando existiera una comprobada relación afectiva preexistente: el tribunal podrá excepcionalmente aceptar esta propuesta cuando considere que es un modo más equitativo de armonizar el conflicto “con mejor resguardo del interés de la víctima”, y “en tal caso, la acción penal quedará extinguida”. Por aplicación de dicho artículo del Código Penal, en el caso citado, tras contraer matrimonio, el joven fue puesto en libertad, volvieron a convivir y, a los pocos días, luego de que el caso se difundiera en los medios de comunicación (no es dato menor que el hecho denunciado haya sido puesto en conocimiento de la opinión pública), la joven de 19 años fue asesinada a puñaladas por su esposo, en presencia de su hijo de tres años y de la madre del agresor.
Un magistrado solía decir que “los jueces no somos justos: nos ajustamos a derecho, que no es en todos los casos lo mismo”. En términos estrictamente jurídicos, se podría decir que la decisión del tribunal interviniente en este caso se ajustó a derecho. Sin embargo, cabe preguntarse cuáles han sido los estudios que se realizaron para determinar que la joven “actuaba libremente” y “en condiciones de plena igualdad” al pedir el avenimiento. En los contextos de violencia no hay plena igualdad: el poder para ejercer la violencia suele estar de un solo lado, y el impacto subjetivo que la violencia crónica produce sobre la subjetividad suele ser arrasador. La desvalorización, la pérdida de autoestima, los trastornos del estado de ánimo, la impotencia, gobiernan la vida de quienes son sometidos a reiteradas agresiones.
Por otra parte, más allá de las intimidaciones de que tal vez haya sido objeto la joven, y que por sí solas habrían obstaculizado su “libertad”, aun más allá de esto su presunta “libertad” es justamente aquello de lo que el sujeto no dispone: la sobredeterminación inconsciente hace que la vida de un sujeto esté signada por las marcas en torno de las cuales se ha constituido. De este modo, la joven tal vez haya encontrado en su esposo a aquel que, por sus propias marcas, iba a vestirse con el traje apropiado para ser partícipe de la repetición de una historia: la de la vida de ella, la de su origen, la de su marca constituyente, en la que una madre es asesinada por el esposo dejando a un pequeño hijo, ella misma, en el más absoluto desamparo. Pese a todo esto, la joven había logrado reunir la fuerza para denunciar a su violador. Pero el fallo que determinó la liberación de éste no hizo más que contribuir a la conformación de una obra macabra, en la que el acto final estaba escrito desde su primer capítulo.
* Psicoanalista. Perito psicóloga en la Defensoría General de Morón. Autora de Psicoanálisis en las trincheras. Práctica analítica y derecho penal.