jueves, 19 de enero de 2012

RECLAMO DEL INADI EN RELACION CON EL PEDIDO DE ABORTO NO PUNIBLE A UNA NENA DE ONCE AÑOS “Protección a los derechos de esta niña”



El interventor del Inadi, Pedro Mouratian, consideró que como el embarazo fue producto de un abuso sexual, se encuadraría como un aborto no punible. La decisión final está en manos de un juez, que se expediría antes del fin de semana.
 Por Mariana Carbajal - fuente pagina12
El interventor del Inadi, Pedro Mouratian, salió a respaldar fuertemente el pedido de aborto no punible de la nena entrerriana de once años. “Tomando en cuenta la edad de la niña, y que el embarazo fue producto de un abuso sexual, el caso encuadraría en el artículo 86 del Código Penal”, afirmó Mouratian. El funcionario consideró, además, que “un embarazo de tales características pone en riesgo la salud psicofísica de la niña”. Desde el Inadi se afirmó que el caso no tendría que haber llegado a la Justicia, y debería haberse realizado sin demora la interrupción del embarazo en el ámbito de los servicios de salud. Al mismo tiempo, el organismo nacional reclamó “una pronta resolución judicial, que permita darle un marco de protección a los derechos de esta niña”. Se espera que el juez de Familia de Concordia, Raúl Tomaselli, que tiene el caso en sus manos, se pronuncie antes del fin de semana. La abogada que representa a la madre de la nena, Susana Benítez, pidió al magistrado que la niña sea sometida a pericias psicológicas y psiquiátricas para evaluar el impacto en su salud mental de la gestación forzada, luego de que un polémico informe médico del Hospital Masvernat, de Concordia, concluyera que puede llevar a término el embarazo sin riesgos.
El interventor del Inadi se pronunció sobre el caso a través de un comunicado de prensa y rompió así el silencio que venían manteniendo en torno del drama de la niña desde el gobierno nacional. Puntualmente, el ministro de Salud, Juan Manzur, ordenó a los funcionarios de su cartera que no opinen en los medios sobre el tema ni intervengan de otra forma para allanar el reclamo de la familia. De hecho, en otro caso similar que ocurrió en 2010 en Chubut, el de una adolescente violada en Comodoro Rivadavia, identificada como A.G., el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se presentó como “amicus curiae” acompañando aquel pedido de aborto no punible, pero en esta oportunidad todavía no dio ningún paso en ese sentido.
“Ante el grave hecho de violencia hacia una niña de 11 años de la localidad de General Campos, provincia de Entre Ríos, que fue abusada sexualmente y como consecuencia está embarazada, el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo impulsa una pronta resolución judicial, que permita darle un marco de protección a los derechos de esta niña”, dice el texto publicado ayer en el sitio web del organismo. “Según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Estado debe garantizar el derecho del/a niño/a a ser protegido/a contra toda forma de abuso físico y mental (artículos 19, 32, 34, 35 y 39), el derecho a la salud (artículo 24) y el derecho a expresar libremente su opinión en los asuntos que lo/a afecten, teniendo en cuenta debidamente sus opiniones (artículo 12)”, recordó el Inadi.
En el Juzgado de Familia de Concordia había ayer mucho malestar contra el ministro de Salud de la provincia, Hugo Cettour, por su decisión de difundir el día anterior a través de los medios de comunicación los resultados de un dictamen médico antes de que fueran entregados al tribunal, que los había solicitado, y a donde llegaron a última hora del martes. “Piden celeridad en la resolución y demoran en enviar las pericias”, se quejó una fuente judicial. Cettour estuvo dando entrevistas el martes desde muy temprano a diversas radios, sentando además su posición contraria a la realización del aborto por considerar que el embarazo no afecta la salud de la niña.
Las pericias se hicieron en el Hospital Masvernat, de Concordia y determinaron que su cuerpo puede soportar el embarazo hasta el final. Expertos de distintos ámbitos salieron a cuestionarlas, por considerar que dada la edad de la niña se trataría de una gestación de “alto riesgo” y porque no se tomó en cuenta el impacto psíquico de la gestación en la menor, al provenir de un abuso sexual y, sobre todo, porque la niña ha expresado que la quiere interrumpir.
En la audiencia informativa convocada por el juez, el martes por la noche, en la que participaron la mamá de la niña y la propia niña, su abogada particular, Susana Benítez, requirió al magistrado que se le realicen pericias psicológicas y psiquiátricas. Los estudios estarían a cargo de un equipo de profesionales del tribunal. La abogada encuadró el caso como un aborto terapéutico. Pero también podría solicitarse la interrupción del embarazo por tratarse de una gestación que proviene de un abuso sexual. Tras las repercusiones que generaron las declaraciones del ministro Cettour, el gobierno provincial emitió ayer un comunicado sobre el caso. “El gobierno expresa públicamente que no es de su competencia abrir juicios de valor, intervenir, decidir o tomar posición respecto del complejo suceso y a lo que indica la ley vigente”, dice. Y agrega: “Por todo ello es el Poder Judicial el que debe valorar y expedirse sobre la existencia del delito de violación, como requisito esencial previo que dispararía sí el procedimiento terapéutico previsto claramente por la ley”. Mientras tanto, la niña de 11 años y su humilde familia esperan.

miércoles, 18 de enero de 2012

¿Una nena o una incubadora?


¿Una nena o una incubadora?

 Por Mariana Carbajal - Pagina12
¿Quién puede dudar de que un embarazo producto de un abuso sexual puede afectar la salud de una niña de 11 años? No hay que ser médico para intuirlo. Ni siquiera tiene desarrollados los pechos. Ni tiene vello en el pubis. Pero el ministro de Salud de Entre Ríos pretende convertirla en una incubadora para que lleve a término una gestación que no eligió. La niña no sólo vive el sufrimiento mental causado por el ataque sexual, denunciado en la Justicia. Es de presumir que enfrenta el sufrimiento psicológico asociado con la pérdida de la integridad personal. Situaciones como una violación pueden afectar la salud de las mujeres, física y mentalmente, advierte el libro Causal Salud. Interrupción legal del embarazo, ética y derechos humanos (2008), publicado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (Flasog), entre otras entidades.
El libro analiza en profundidad uno de los supuestos de permiso legal para el aborto consagrados en la mayoría de los países de América latina y el Caribe, entre ellos la Argentina, y es el que se refiere a cuando la gestación pone en riesgo la salud de la mujer. El trabajo, en el que participaron destacadísimas especialistas del continente, plantea que el derecho a la salud debe ser entendido en un marco efectivo de protección de los derechos humanos de las mujeres. Es decir, “como interdependientes de los derechos a la vida, la dignidad, la autonomía, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, la información, la no discriminación, la igualdad, la intimidad, la privacidad, así como a estar libres de tratos crueles, inhumanos o degradantes, como ha sido caracterizada la continuación forzada de un embarazo o la falta de acceso a la interrupción legal de éste cuando la salud está en riesgo”.
El libro señala también que una de las facetas que expresan una afectación de la salud, en su dimensión social, es el proyecto de vida. Es decir, “si la gestación interfiere con ese proyecto, se afectará la salud”. De la misma forma que si el embarazo “fuerza a una mujer a abandonar el sistema educativo o a reducir sus expectativas de educación”. Sería muy valioso que el juez de Familia de Concordia, que tiene en sus manos por estas horas la posibilidad de gravitar en el futuro de esta niña, tome en cuenta estos argumentos.
De todas formas, el caso nunca debió llegar a la Justicia. Debió resolverse en la intimidad de un consultorio de un hospital público, como claramente indica el Protocolo de Atención a Personas Víctimas de Violación Sexual y la Guía Técnica de Atención Integral de los Aborto No Punible, elaborados por el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Por qué el ministro Juan Manzur elige el silencio en lugar de defender la salud de una niña de 11 años? La ley avala su pedido para abortar. “Quiero volver a ser como antes”, les habría dicho a sus familiares. Es de esperar que no se dilate la resolución judicial y que tampoco –como en otros casos recientes– se pretenda obstaculizar la interrupción de embarazo atemorizando a la mamá, diciéndole que el aborto podría ser riesgoso para la salud y la vida de la niña. Hoy su salud corre riesgo. Y su pedido debe ser escuchado.

martes, 17 de enero de 2012

"línea 102 para denunciar la vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes”


Impulsan el uso del 102 para denunciar agresiones contra niños y adolescentes
2012-01-17 

Con el objetivo de proteger a los más chicos, desde la secretaria de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires aseguraron que “uno de los desafíos por delante es naturalizar entre la gente el uso de la línea 102 para denunciar la vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes”. 

“El 102 es un número de asesoramiento y derivación permanente. Debemos trabajar para que los habitantes de la Provincia tengan siempre presente este número, como lo hacen con el 107 para pedir una ambulancia”, señaló el secretario de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, Pablo Navarro.

“El servicio telefónico gratuito de la provincia de Buenos Aires, que funciona bajo la órbita de esta Secretaría, brinda respuesta las 24 horas y los 365 días del año en temas relacionados con la promoción y protección de los derechos de los niños. Además, tiene la posibilidad, si la cuestión lo requiere, de derivar cada caso al dispositivo correspondiente tanto del Sistema de Promoción y Protección de Derechos como de otros efectores del Estado”, indicó.

“El gobernador Daniel Scioli le ha otorgado un fuerte impulso al Sistema de Promoción y Protección, un procedimiento que aborda a miles de niños y adolescentes al año cuyos derechos han sido vulnerados, a través de equipos interdisciplinarios que trabajan en todo el territorio provincial”, agregó. Según datos estadísticos del último año, la línea 102 recibe al mes un promedio de 334 llamadas efectivas, que corresponden a denuncias e información sobre vulneración de derechos de unos 280 niños y niñas. Del total de llamados, el 23 por ciento los realiza la madre o el padre del niño o niña, en igual cantidad lo realizan los abuelos, el 21 por ciento los vecinos y el 3 el propio niño o adolescente, mientras que el resto de los llamados, que constituyen el 30 por ciento, son efectuados por otros familiares, un amigo, un docente u otras personas relacionadas.

lunes, 16 de enero de 2012

Trata: desde el Gobierno admitieron que hay “cobertura policial”

lunes, 16 de enero de 2012

Luego de la conmoción que generaron las denuncias sobre la trata de personas que realizó Lorena Martins, hija del el ex agente de la SIDE Raúl Martins, a quien involucró en el delito, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, admitió que desde el Gobierno están muy preocupados, porque esto demuestra que los controles fallan, y que hay complicidad por algunos miembros de la fuerzas de seguridad.

"Esto demuestra la absoluta inactividad de los controles que tiene que hacer la autoridad local (el Gobierno de la Ciudad) y la cobertura que brindan algunos oficiales de altísima responsabilidad" de la Policía Federal”, resaltó. El Ministerio de Seguridad, luego de una serie de allanamientos ordenados por la justicia, desplazó a 21 comisarios y subcomisarios por sospechas de estar vinculados con boliches donde se ejerce la prostitución; dos de estos efectivos son los comisarios Roberto Cabrini y Sergio Maldonado, señalados en la denuncia de Lorena Martins que también involucra a su padre.

En declaraciones a un pro0grama de televisión, la Ministra destacó anoche que el Ministerio de Seguridad viene combatiendo las redes de trata de personas en colaboración con la Justicia y recordó que el juzgado de María Servini de Cubría en marzo del año pasado ordenó 40 allanamientos a locales nocturnos, en el que participaron 400 gendarmes y 200 prefectos "para garantizar objetividad y no filtración".

“ Participaron gendarmes y prefectos porque previamente hubo intentos de generar una solidaridad corporativa para encubrir los delitos", afirmó Garré, y señaló que luego de esos operativos la jueza Servini de Cubría comprobó que varias de las actas labradas allí correspondían a testimonios falsos, de quienes se tomaban sus datos personales de denuncias sobre pérdidas de DNI.

"La denuncia de Lorena Martins agrega a nuestra investigación al comisario Fabián Galli, de la Comisaría 19. De manera que realmente estamos muy preocupados porque están demostrados los pagos, a través de libros de gastos donde se mencionan al efectivo policial que recibía el dinero", agregó. "El año pasado se hicieron 441 allanamientos, se detuvieron a 227 personas, se rescataron de la trata de personas a 1007 personas, de las cuales 722 eran víctimas de trata con fines de explotación laboral. 80 de esas 722 eran menores, y 285 eran víctimas de trata con fines de explotación sexual, y 24 eran menores", indico Garré

Acerca del ex agente de la SIDE, Raúl Martins, la Ministra indicó que "es un hombre que hace mucho tiempo está vinculado a esta actividad en el mundo de la noche", por lo que para "quienes dan los permisos diversos para las actividades que se desarrollan en estos boliches bailables, no puede pasar como ignorada".

Consultada sobre el rol de efectivos de la SIDE y la Policía Federal en la red de trata de personas, Garré dijo que "la depuración del aparato del Estado en sus fuerzas de seguridad y secretarías de inteligencia, al igual que en sus Fuerzas Armadas, es un proceso de depuración permanente".

"Fue una infección tan generalizada, una metástasis tan amplia, que terminar con eso requiere un esfuerzo constante, permanente, aún en el marco de este Gobierno que ha dado numerosas muestras de voluntad de cambio en estas áreas del Estado que fueron tan nefastas en épocas de la última dictadura", justificó.


domingo, 15 de enero de 2012

En 2011, más de 300 personas fueron asesinadas por violencia de género


La cifra implica un aumento del 10% respecto del año anterior y del 22% con relación a 2009
En 2011, más de 300 personas fueron asesinadas por violencia de género
Publicado el 12 de Enero de 2012 en Tiempo Argentino

Son cifras del Observatorio de la ONG La Casa del Encuentro. De ese total, 282 eran mujeres y niñas. El 60% de los femicidas son parejas o ex parejas. Por estos crímenes, 346 hijos perdieron a sus madres.
 
Durante el año 2011, más de 300 personas murieron por violencia machista. Según datos del Observatorio Adriana M. Zambrano, de la ONG La Casa del Encuentro, entre enero y diciembre, 282 mujeres y niñas fueron asesinadas por cuestiones de género; y 29 hombres y niños resultaron víctimas de “femicidios vinculados”. La cifra implica un aumento del 10% respecto al año anterior, y de un 22% en relación con 2009. Este año, por primera vez, el Observatorio puso foco además en otros efectos de la violencia de género, entre ellos, la destrucción de las familias: 346 hijos quedaron sin sus madres. El 60%  son menores de edad.
En el relevamiento se confirmaron otras tendencias vinculadas a este delito, que remueven anclados preceptos sobre el problema de la inseguridad: la mitad de los asesinatos se cometieron en la vivienda de la víctima o la vivienda compartida, y seis de cada diez fueron cometidos por maridos, novios o ex parejas de las víctimas. En 33 casos, los femicidas ya contaban con denuncias a cuestas, tenían exclusión del hogar o prohibición para acercarse a sus víctimas. La crueldad con la que fueron cometidos los crímenes también fue un dato ya conocido: 62 mujeres murieron apuñaladas y 43, a los golpes.
La Casa del Encuentro lleva cuatro años describiendo casos, a partir del relevamiento en medios de comunicación. Estas estadísticas son las únicas con las que se dispone a nivel nacional y han permitido que el tema cobre relevancia política. Con este trayecto a cuestas, la ONG decidió ahora dar otro paso, esta vez contra la impunidad: “A partir de un convenio con el Ministerio Público Fiscal, empezamos una investigación sobre sentencias de homicidios de mujeres en los juzgados de instrucción. El ánimo es hacer un diagnóstico general”, señaló Ada Rico, coordinadora del Observatorio. 
Todo indica que 2012 será un año en el que la violencia de género contará con cierto protagonismo. A las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, Mariana Gras, sobre la “necesaria incorporación del femicidio al Código Penal”, se sumaron esta semana las de la directora del programa “Las Víctimas contra las Violencias” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eva Giberti, quien aseguró: “Es un tema que tiene en cartera el senador Aníbal Fernández.”
Otros temas de la agenda legislativa serían la modificación del Código Civil para la pérdida automática de la patria potestad de los femicidas y la creación de una asignación económica temporal para las mujeres víctimas de la violencia de género.
“Creo que hay una decisión del oficialismo de ir a fondo con algunos temas y que hay consenso entre otros bloques. Por eso estamos llamando a un pacto político para diseñar un plan nacional para la erradicación de la violencia de género. Nos tenemos que sentar todos: el Ejecutivo Nacional, los provinciales, el Poder Judicial, el Legislativo, las organizaciones sociales, las universidades, los medios de comunicación. Hay provincias que no adhirieron a la ley de violencia, distritos donde ellas tienen muy pocas posibilidades de salir de su situación. Esta es una cuestión que no tiene que ver con oficialismo u oposición: se trata de poner en valor a las mujeres”, subrayó Fabiana Túñez, de La Casa del Encuentro.
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Publicado el 12 de Enero de 2012 en Página 12

Una mujer asesinada cada 31 horas
Los números reflejan solamente los casos que fueron consecuencia de violencia de género. De ellos, 32 corresponden a jóvenes de 15 a 21 años asesinadas por sus novios o ex parejas. Como resultado, 346 chicos quedaron sin madre.

 Por Mariana Carbajal

En 2011, cada 31 horas fue asesinada en el país una mujer por el hecho de ser mujer, de acuerdo con el relevamiento realizado por el Observatorio de Femicidios en Argentina de La Casa del Encuentro. En total, fueron ejecutadas 282 mujeres y niñas como consecuencia de la violencia de género, una cifra que muestra un aumento del 8 por ciento en relación con los casos detectados el año anterior, según el registro de la ONG. Treinta y dos de las víctimas tenían entre 15 y 21 años y todas fueron ultimadas por sus novios o ex parejas (ver recuadro). La epidemia de femicidios dejó a 346 niños y niñas sin madre, muchos de los cuales muy probablemente arrastren las secuelas de haber sido testigos y a la vez víctimas de la violencia machista. En la mayoría de los casos –casi 6 de cada 10–, el autor o principal imputado es el esposo, novio o ex pareja de la víctima. Para las mujeres, la propia casa puede resultar más peligrosa que la calle: en la ciudad de Buenos Aires, el 50 por ciento de los homicidios dolosos de mujeres que tuvieron lugar en 2010 fueron motivados por violencia intrafamiliar y solo el 27 por ciento, en ocasión de robo, de acuerdo con una reciente investigación de la Corte Suprema (ver aparte).
Como cada año, el informe de La Casa del Encuentro llama a la reflexión sobre las consecuencias de la violencia de género y en esta oportunidad, la entidad exhortó a avanzar con un acuerdo social entre diversos sectores para diseñar un plan nacional para la erradicación de la violencia hacia las mujeres. La Ley 26.485, de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, sancionada el 11 de marzo de 2009 y reglamentada en 2010, establece en su artículo 9 que el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) debe “elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres” y “articular y coordinar las acciones” para el cumplimiento de la norma, con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en la materia”, entre otras responsabilidades.
Las autoridades del organismo sostienen que están trabajando en la elaboración de un plan desde hace tiempo, pero todavía no lo presentaron. Desde el 10 de diciembre está al frente del CNM Mariana Gras Buscetto, militante de La Cámpora, quien venía desempeñándose como subsecretaria en la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contras las Mujeres del CNM y previamente fue directora nacional de Juventud.
El 2011 se inició con el asesinato de María Laura Córdoba, de 20 años, en la localidad de Villa Hipólita, Santiago del Estero. El informe del Observatorio de Femicidios precisa que la asesinaron el 1 de enero a golpes de puño y puntapiés. La ataron a un árbol y la quemaron con un hierro caliente. El culpable del feroz ataque sería un joven de 32 años, con quien la víctima mantenía una relación. Tras dejar a la muchacha tirada en el camino, escapó y fue detenido días después. El hombre tenía denuncias previas por malos tratos y amenazas de muerte. Ese mismo día fueron apuñaladas en el barrio porteño de Villa Urquiza Silvina Beatriz Mehaudy, de 44 años, y Sofía Bianco, de 9 años, madre e hija. El acusado del crimen fue el esposo y padre de la niña, quien habría sido denunciado previamente por malos tratos.
El listado de femicidios es estremecedor. Baleadas, a golpes, martillazos, apuñaladas, incineradas: 282 mujeres –entre ellas niñas y adolescentes–, resultaron asesinadas a lo largo del año por el hecho de ser mujeres. Veintiocho murieron como consecuencia de quemaduras. El 2011 terminó con una seguidilla de resonantes femicidios. El cuádruple crimen de La Plata –ahora sin detenidos– y el asesinato de Carla Figueroa en General Pico, La Pampa, a manos de su violador y flamante marido, a quien la Justicia había liberado una semana antes con la polémica figura del avenimiento, entre otros casos. El comienzo del 2012 se conmovió con otro femicidio: el de la maestra de San Fernando, Silvia Prigent. Ayer la fiscalía solicitó la detención del viudo Daniel Sfeir, acusado de homicidio agravado por el vínculo de su mujer (ver aparte).
El registro lo lleva adelante desde 2008 el observatorio que dirige Ada Beatriz Rico y coordina Fabiana Túñez. “El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad”, destacó Túñez. El concepto fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell, ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas, recordó Rico.
El observatorio realiza el relevamiento de los casos publicados en las agencias informativas Télam y DyN y 120 diarios de distribución nacional y/o provincial. Contabiliza los homicidios de mujeres por razón de género, es decir, casos que no tienen que ver con robos, secuestros u otras situaciones de “inseguridad” urbana. “El término femicidio es político: es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista”, agregó Rico.
En 2010 el observatorio registró 260 femicidios y en 2009, 231 (pero en ese año los medios relevados eran menos, solo 43). De los 282 femicidios, en 106 –37,6 por ciento– el acusado fue el esposo o novio y en 58 –20 por ciento–, la ex pareja. En 23 casos, el padre o padrastro; en 22, un vecino o conocido; en 14, otros familiares; en 6, hijos; en un caso, un hermano o hermanastro y en 52, un hombre sin vínculo aparente con la víctima. En al menos 31 de los hechos, la mujer previamente había hecho denuncias y en 3, el agresor tenía dictada una exclusión del hogar o prohibición de acercarse a la víctima.
“Con este informe –apuntó Rico– estamos reclamando la existencia de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres, incluidos los índices de crímenes por violencia de género, en articulación con la sociedad civil y la incorporación en el Código Penal del femicidio, como una figura penal autónoma, además de la pérdida automática y definitiva de la patria potestad del femicida, no así de sus obligaciones alimentarías.”
Túñez señaló la necesidad de que todas las provincias adhieran a la Ley 26.485. “Es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos; de esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata”, concluyeron las especialistas.
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Víctimas de noviazgos violentos
 Por Mariana Carbajal
Treinta y dos chicas de entre 15 y 21 años fueron víctimas de femicidios durante el último año. En todos los casos, el principal sospechoso o imputado fue su novio o ex pareja. Algunas estaban embarazadas. El dato surge del informe del Observatorio de Femicidios en Argentina de La Casa del Encuentro, que recopila todos los casos registrados en la prensa en 2011.
Una de las adolescentes asesinadas fue Ángela Alomo, de apenas 16 años, de La Banda, Santiago del Estero. Sufrió quemaduras en el 60 por ciento del cuerpo y tras dos días de agonía, falleció en un hospital. Según precisa el informe de la ONG, “detuvieron como presunto autor del ataque a su pareja, un hombre de 22 años, sospechado de rociar con alcohol a la víctima y prenderle fuego”. El hecho sucedió en la habitación de una pensión, que la pareja alquilaba. “De acuerdo con la investigación, momentos antes al pedido de auxilio de la mujer, se escuchó una fuerte discusión entre la joven y Castillo. Otras personas alojadas en el lugar auxiliaron a la adolescente, que en esos momentos se encontraba cubierta por el fuego y pedía que salvaran a su hija de 7 meses, que también sufrió quemaduras, aunque de menor consideración”, precisa el informe. Ángela murió el 8 de marzo.
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Viviendo con el enemigo
Un estudio del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema sobre los homicidios dolosos cometidos en la ciudad de Buenos Aires confirmó un dato estremecedor: las mujeres corren más riesgo de ser asesinadas en sus propias casas, a manos de un hombre de su entorno íntimo, que en la calle. Del total de homicidios dolosos de mujeres ocurridos en 2010, el 50 por ciento se produjo en el marco de situaciones de violencia intrafamiliar y sólo el 27 por ciento en ocasión de robo. Ese año hubo en el territorio porteño 168 hechos. El 14 por ciento tuvo como víctimas a mujeres. De los asesinatos de varones, sólo el 5,84 estuvo vinculado con violencia intrafamiliar; el 28 por ciento, con robos; el 23 por ciento, con riñas; el 7,3 por ciento, con legítima defensa, y en un 31 por ciento no se conoció el móvil. El informe fue presentado en diciembre por el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni.



martes, 10 de enero de 2012

Cuando los chicos son el blanco


Página 12, martes 10 de enero de 2012

 Por Cristina Fernández *

No se puede hacer un análisis profundo y exhaustivo de la violencia de género si no se toma en cuenta cómo afecta a niños, niñas y adolescentes, al mismo tiempo que a las mujeres adultas.
Primer caso: tenía 17 años y un padre violento. Vivía en una provincia conservadora del interior.
La familia pertenecía a una comunidad en la que la violencia de todo tipo era moneda corriente y aceptada.
Cinco meses antes de cumplir los 18 se fue de la casa. Jueces todavía llamados “de menores”, un anacronismo desde la vigencia de la Ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la devolvieron a su casa. Los jueces actuaron con fuerzas policiales provinciales para las que la “fuga de hogar” es casi un delito penal.
La adolescente esperó pacientemente, entre golpes, los cinco meses que le restaban para la mayoría de edad y, cuando cumplió los 18, nadie supo nunca más de ella.
El segundo caso empieza con una trompada.
–Sos una puta –le dijo el marido a la mujer–. Y la trompada le arrancó el diente.
Harta, humillada, lejos de su país, tomó a su bebé de un año y se fue.
Con la excusa de buscar a su hijo para dar con ella, el golpeador argumentó ante la Justicia impedimento de contacto. Pero nunca la encontró. Y ella, ya más fuerte y más segura porque estaba lejos de él, pidió ayuda al Estado y salvó su vida.
Tercer caso: no pudo interpretar las innumerables alertas que se le abrieron. Tal vez porque nunca pensó que el padre de su hijo menor podía ser capaz de semejante crueldad cuando prometía golpearla, y golpearla fuerte.
Su hijo mayor, nacido de una pareja anterior, apareció muerto en un descampado. Había podido darle el golpe más certero.
En lo que militantes del colectivo feminista dan en llamar “femicidio vinculado”, la agresión masculina alcanza su punto máximo de violencia contra las mujeres sin llegar a su eliminación física. Pero como el asesinato se comete sobre el hijo o la hija para producir un daño explícito a la mujer, en el femicidio vinculado la relación niñez-género se hace más nítida. Es un grito que a todas luces debe ser escuchado sin los prejuicios que vienen del patronato y del patriarcado.
Patronato es la institución que establece que las personas menores de edad sean consideradas “objetos de protección” y no “sujetos de derechos”. Patriarcado es la institución según la cual las mujeres deben ser consideradas “objetos de protección” y no “sujetos de derechos”. En la fundamentación de ambas, como doctrinas y como prácticas sociales, reside la supuesta protección de “seres inferiores”, incapaces por sí mismos de ejercer plenamente sus derechos.
Si patriarcado y patronato van de la mano, si el origen es el “pater”, si el patronato priva a los niños, niñas y adolescentes de derechos y el patriarcado priva a las mujeres de derechos; si las sociedades patriarcales son aquellas que consideran al patronato como la forma de “proteger” a los “menores” y al sometimiento como la forma de “silenciar” a las mujeres, entonces las respuestas institucionales a la violencia de género deben deslizarse por los caminos de la niñez. De ninguna manera pueden mantenerse aisladas.
Las adolescentes que abandonan voluntariamente sus hogares lo hacen siempre inducidas por la arbitrariedad patriarcal, que llega a los extremos de la violencia física. A veces la violencia no es sólo física pero no por ello es menos violenta.
Las mujeres que logran huir llevándose a sus hijos o hijas escapan de la violencia patriarcal, que se manifiesta de varias formas distintas: simbólica, sexual, física o económica. “¿Para qué me iba a quedar si me sacaba toda la plata?”, decía ella en estado de pánico. “No quería que mi hijo pasara por lo mismo.” En la respuesta a esta violencia que no se ve, muchas mujeres comienzan a divisar la posibilidad de supervivencia propia y la de sus hijos.
El “caso Tomás” fue un ejemplo de femicidio vinculado que llegó a los medios. Pero no es el único. El afán de destrucción total de una mujer corporizado en asesinarle a un hijo, da prueba cabal de que niñez y género deben ser abordados en forma integral. No se puede trabajar con problemáticas de niñez perdiendo de vista la perspectiva de género. Y no se puede construir el camino de la conciencia de género si no se atiende al hecho de que hay otras víctimas, además de las mujeres. El perfil de la violencia en el ámbito de lo privado siempre roza a niños, niñas y adolescentes.
La maternidad es una construcción social. La infancia y el género también lo son. La resistencia a la violencia doméstica debe ser construcción de un colectivo único, feminista y no feminista, cuya única bandera sea la protección de derechos.

* Coordinadora del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas de la Secretaría de Derechos Humanos.


viernes, 6 de enero de 2012

UN CRIMEN REVELA RESPONSABILIDADES SOCIALES, publicado en pagina12

Argentina, viernes 6 de enero de 2012

PSICOLOGIA › 

Todos los que matan a Matías

http://www.pagina12.com.ar/commons/imgs/go-gris.gif Por Andrea Homene *
A Matías Berardi lo asesinaron, el martes de la semana pasada, según dicen hasta el momento los investigadores, los miembros de una familia que lo habían secuestrado para pedir 500 pesos de rescate: atrocidad injustificable que merece la más enérgica condena. Pero no fueron sólo ellos quienes terminaron con la vida de este chico de 16 años. A Matías lo asesinaron los vecinos, que lo vieron correr desesperado pidiendo ayuda pero, como era perseguido por otras personas que gritaban que les había robado (luego se sabría que eran sus secuestradores), no intervinieron para asistirlo.
También lo asesinaron los periodistas que instalan en el imaginario del público la idea de que los jóvenes son los responsables de todos los problemas de inseguridad. El remisero que no dudó en huir cuando vio al joven acercarse a su automóvil con intenciones de abordarlo también lo asesinó.
Lo mataron además quienes vieron cómo Matías era finalmente interceptado por un automóvil, subido a golpes, y no hicieron nada para evitarlo. También lo mató la policía, que alertada “porque un menor intentó asaltar a un remisero y luego fue subido a un auto”, hizo un breve recorrido por el barrio y se retiró. A Matías lo mató la clase media, que construye bunkers rodeados por doble alambrado electrificado para subrayar las diferencias entre un adentro habitado por los buenos ciudadanos y un afuera infectado de “malvivientes”.
Matías murió por ser un adolescente. Cargó, por un instante breve y fatal de su vida, con el estigma que cargan miles de adolescentes como él, que continuamente son agredidos, despreciados, maltratados, humillados, por los buenos ciudadanos que pagan sus impuestos y que reclaman airadamente bajar la edad de imputabilidad, endurecer las condenas (como si ser un adolescente de clase baja sin futuro ni ilusiones no fuera condena suficiente), que no salgan nunca más de la cárcel.
Existe otro Matías. Lo conozco. Está cumpliendo una probation. No vive en un barrio privado, no juega rugby, no asiste a un colegio bilingüe. Es morocho. Todos los días sale a vender productos de limpieza por la calle. Y casi todos los días la policía lo para, lo obliga a ponerse contra la pared, le hace abrir las piernas, someterse a la requisa, abrir su mochila, dejar caer su mercadería, soportar que se la pateen y juntar lo que queda de ella sin decir una sola palabra, porque, al menor atisbo de protesta por el atropello, pueden llevarlo a la comisaría por “resistencia a la autoridad”. Cualquier conflicto le haría perder la probation y podría derivar en su detención. El sabe que no puede reaccionar ante el funcionario policial; no puede defender su derecho a querer darle un curso diferente a su vida, a ganar honestamente el sustento de su familia. Debe callar y juntar del piso su mercadería pisoteada.
Los que creyeron que el otro Matías era un ladrón consideraron justo que fuera perseguido por sus presuntas víctimas y empujado al interior de un auto. A nadie se le ocurrió que, aun cuando hubiera cometido un delito, debía ser protegido de la persecución justiciera. Es más, si hubiera sido un ladrón, y sus víctimas, como ha sucedido, hubieran hecho “justicia” por mano propia, el discurso social ante la muerte del chico hubiera sido muy diferente. Los homicidas hubieran sido considerados casi como héroes. Difícilmente se hubiera establecido su responsabilidad y en el caso de que fueran identificados, un buen abogado habría logrado probar el “estado de emoción violenta” y así la inimputabilidad.
El otro Matías trata de sobrevivir en un medio que le es hostil y, cuando le pregunto qué necesita, contesta: “Una vida nueva”. Con este Matías, intentamos aún reparar todo el daño que se le ha hecho; que pueda algún día ilusionarse, desear, imaginar una vida en la que pueda andar libremente por la calle, trabajar, ir a bailar, sin tener que agachar la cabeza cuando la mirada del otro le dirige desprecio y burla.
* Psicoanalista. Perito psicóloga en una defensoría oficial del conurbano bonaerense.