Declaración de la CTA - Frente a la situación de la niña de 11 años a la que se le niega la interrupción voluntaria del embarazo

viernes 20 de enero de 2012

El 19 de enero de 2012

Frente a la situación de la niña de 11 años a la que se le niega la interrupción voluntaria del embarazo en la provincia de Entre Ríos la CTA se manifiesta de la siguiente manera:

1. No cabe ninguna duda respecto a la validez del reclamo que realizara la madre y la niña de la interrupción del embarazo. Nuestro ordenamiento jurídico es claro al respecto, no puede prestar bajo ninguna circunstancia consentimiento una niña de 11 años. El artículo 86 inciso 1 y 2 del código penal (1921) contempla la no punibilidad del aborto en los casos de peligro para la vida o salud y en situaciones de violación. Por cualquiera de estas dos causales, claramente en esta situación estaría contemplado el aborto. Todos los argumentos tanto de Salud como de la Justicia provincial que se han vertido públicamente y hacia la familia no hacen más que poner dilaciones y obstaculizar el acceso a una práctica médica que es legal.

2.    El Ministerio de Salud de la Nación cuenta con instrumentos que definen claramente cómo intervenir en estos casos. Como por ejemplo, la Guía Técnica para la atención integral de los abortos no punibles y el Protocolo para la atención en situaciones de violación (www.msal.gov.ar/saludsexual/... , que además exigen a los profesionales de la salud dar a conocer el derecho de las pacientes a interrumpir el embarazo producto de una violación. No sólo tienen la obligación de atenderlas, sino también de informar a las personas respecto a estos derechos. En este sentido nos llama la atención el silencio del Ministerio de Salud de la Nación, cuando públicamente desde las autoridades de Salud de la Provincia de Entre Ríos se han vertido manifestaciones que como mínimo pueden calificarse de desconocimiento de la ley y protocolos vigentes.

3.    En marzo de 2011 el Estado Nacional fue condenado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por un caso de similares características. Ese dictamen señala: “… la obligación impuesta a su hija de continuar con el embarazo, a pesar de estar amparada por el artículo 86, inc. 2 del Código Penal, constituyó un trato cruel e inhumano…El Comité considera que la omisión del Estado, al no garantizar a L.M.R. (la víctima) el derecho a la interrupción del embarazo conforme a lo previsto en el artículo 86, inc. 2 del Código Penal cuando la familia lo solicitó, causó a L.M.R. Un sufrimiento físico y moral contrario al artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Igualmente, toma nota de la afirmación del Estado parte de que la ilegítima injerencia del Estado, a través del Poder Judicial, en una cuestión que debía resolverse entre la paciente y su médico podría ser considerado una violación del derecho a la intimidad de aquella. En las circunstancias, el Comité considera que se produjo una violación del artículo 17, párrafo 1 del Pacto al no disponer de mecanismos para que a L.M.R. se le permitiera interrumpir su embarazo, es responsable por omisión de una violación del artículo 2 del Pacto”. Finalmente exige al Estado Argentino que repare integralmente a la familia afectada y que garantice medidas para no repetir estas situaciones. Lamentablemente nos encontramos a casi un año de este dictamen con mujeres y niñas que siguen viendo vulnerado su derecho al aborto legal y sin ninguna de las medias reparatorias implementadas.

4.    Las declaraciones públicas de Ministro de Salud de la Provincia, Hugo Cettour, al hablar de embarazo adolescente, cuando en realidad se trata de una niña de 11 años y expresar al respecto que “la naturaleza es sabia”, resultan ofensivas y de una falta total de respeto a la legislación, los tratados y las políticas públicas vigentes en materia de salud y derechos humanos. Consideramos inaceptable que este al frente de un área tan sensible como la salud de la provincia una persona que no ha demostrado estar a la altura de responsabilidad que ese cargo requiere.

5.    Como integrantes de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito consideramos fundamental que el Congreso de la Nación en el período legislativo que comienza debata la legalización y despenalización del aborto como herramienta fundamental para saldar una importante deuda con la vida y la salud de las mujeres en la Argentina. También como forma de contribuir en el cumplimiento y garantía de todos los derechos sexuales y reproductivos. La educación sexual integral, la plena implementación del programa de salud sexual y reproductiva en todo el territorio nacional, el cumplimiento de los abortos cuando son no punibles y la legalización hasta las12 semanas de gestación por voluntad de las mujeres. Como formas de reconocerla plena autonomía y la libertad de las personas sobre su propio cuerpo.

Por las razones expuestas solicitamos a las máximas autoridades de la Provincia de Entre Ríos y en la persona de su gobernador, Sergio Urribarri, lo siguiente:

·         El Estado Provincial debe presentarse ante la justicia interviniente, a través del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) o la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para aportar elementos a fin de que se haga efectivo el pedido de cese de la indebida judicialización de un caso que no requiere ninguna intervención de la justicia.

·         Que se garanticen medidas para cesar las manipulaciones sobre la niña, la madre y su familia y que se garantice el derecho a la intimidad y a un tratamiento respetuoso de sus derechos.

·         Que a través del Programa Nacional de Salud Sexual y procreación responsable se le garantice una consejería adecuada y se ponga a su disposición un servicio de salud para la interrupción del embarazo, si esta es la voluntad de la niña y el pedido de su madre.

·         Que el doctor Hugo Cettour, presente su renuncia al Ministerio de Salud de la provincia y que se realice una investigación respecto a los profesionales del hospital intervinientes, para que se apliquen las sanciones que correspondan.

Todos estos reclamos están vigentes, a pesar de conocerse como reciente información que la madre retiró el pedido de aborto para la niña, ya que resulta a todas luces evidente que este cambio no ha sido producto de una decisión en libertad sino de la información sesgada y falaz recibida, así como todas las presiones ejercidas para vulnerar sus derechos.

Un país que avanza en el reconocimiento y ampliación de derechos, no puede mirar para el costado ni silenciar la grave vulneración a la que es sometida esta niña de Entre Ríos, como ejemplo de otras muchas situaciones similares en otras partes de nuestro país. Una Argentina de equidad e inclusión debe serlo para todas y todos y en todas las circunstancias. No hay excusas.

El Servicio de Salud Mental del Hospital Gandulfo convoca a participar en nuestra Pasantía en Salud Mental que dará inicio en Abril de 2012

El Servicio de Salud Mental del Hospital Gandulfo 

convoca a participar en nuestra Pasantía en Salud Mental que dará inicio en Abril de 2012 

(Para Psicólogos, Médicos y Trabajadores Sociales)

La misma agrupará a los interesados en tres áreas de trabajo:

· Infanto Juvenil
· Adultos
· Psicosis y Dispositivo de Hospital de Día
El Programa incluye práctica clínica  en el Hospital, Encuentros Teóricos 

y Ateneos dentro del marco de una concepción integral y multidisciplinaria de abordaje de la Salud Mental.

Es requisito estar matriculado, seguro de mala praxis y tener menos de
cinco años de egresado de la Carrera, (no excluyente).

Quienes deseen participar de la reunion informativa el Viernes 24 de
Febrero a las 9,30 hs en nuestro Servicio, o informarse más detalladamente de la propuesta 

y solicitar el programa 2012/13

dirigirse a:

saludmentalgandulfo@hotmail.com
Adjuntar Currículum Vitae

Agradecemos la difusión de esta información.
Un saludo cordial

Lic. Luz Lemos
Coordinadora de las Actividades de la Pasantía

Lic. Adrián Trezza
Jefe UDT Salud Mental

RECLAMO DEL INADI EN RELACION CON EL PEDIDO DE ABORTO NO PUNIBLE A UNA NENA DE ONCE AÑOS “Protección a los derechos de esta niña”

El interventor del Inadi, Pedro Mouratian, consideró que como el embarazo fue producto de un abuso sexual, se encuadraría como un aborto no punible. La decisión final está en manos de un juez, que se expediría antes del fin de semana.

 Por Mariana Carbajal - fuente pagina12

El interventor del Inadi, Pedro Mouratian, salió a respaldar fuertemente el pedido de aborto no punible de la nena entrerriana de once años. “Tomando en cuenta la edad de la niña, y que el embarazo fue producto de un abuso sexual, el caso encuadraría en el artículo 86 del Código Penal”, afirmó Mouratian. El funcionario consideró, además, que “un embarazo de tales características pone en riesgo la salud psicofísica de la niña”. Desde el Inadi se afirmó que el caso no tendría que haber llegado a la Justicia, y debería haberse realizado sin demora la interrupción del embarazo en el ámbito de los servicios de salud. Al mismo tiempo, el organismo nacional reclamó “una pronta resolución judicial, que permita darle un marco de protección a los derechos de esta niña”. Se espera que el juez de Familia de Concordia, Raúl Tomaselli, que tiene el caso en sus manos, se pronuncie antes del fin de semana. La abogada que representa a la madre de la nena, Susana Benítez, pidió al magistrado que la niña sea sometida a pericias psicológicas y psiquiátricas para evaluar el impacto en su salud mental de la gestación forzada, luego de que un polémico informe médico del Hospital Masvernat, de Concordia, concluyera que puede llevar a término el embarazo sin riesgos.

El interventor del Inadi se pronunció sobre el caso a través de un comunicado de prensa y rompió así el silencio que venían manteniendo en torno del drama de la niña desde el gobierno nacional. Puntualmente, el ministro de Salud, Juan Manzur, ordenó a los funcionarios de su cartera que no opinen en los medios sobre el tema ni intervengan de otra forma para allanar el reclamo de la familia. De hecho, en otro caso similar que ocurrió en 2010 en Chubut, el de una adolescente violada en Comodoro Rivadavia, identificada como A.G., el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se presentó como “amicus curiae” acompañando aquel pedido de aborto no punible, pero en esta oportunidad todavía no dio ningún paso en ese sentido.

“Ante el grave hecho de violencia hacia una niña de 11 años de la localidad de General Campos, provincia de Entre Ríos, que fue abusada sexualmente y como consecuencia está embarazada, el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo impulsa una pronta resolución judicial, que permita darle un marco de protección a los derechos de esta niña”, dice el texto publicado ayer en el sitio web del organismo. “Según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Estado debe garantizar el derecho del/a niño/a a ser protegido/a contra toda forma de abuso físico y mental (artículos 19, 32, 34, 35 y 39), el derecho a la salud (artículo 24) y el derecho a expresar libremente su opinión en los asuntos que lo/a afecten, teniendo en cuenta debidamente sus opiniones (artículo 12)”, recordó el Inadi.

En el Juzgado de Familia de Concordia había ayer mucho malestar contra el ministro de Salud de la provincia, Hugo Cettour, por su decisión de difundir el día anterior a través de los medios de comunicación los resultados de un dictamen médico antes de que fueran entregados al tribunal, que los había solicitado, y a donde llegaron a última hora del martes. “Piden celeridad en la resolución y demoran en enviar las pericias”, se quejó una fuente judicial. Cettour estuvo dando entrevistas el martes desde muy temprano a diversas radios, sentando además su posición contraria a la realización del aborto por considerar que el embarazo no afecta la salud de la niña.

Las pericias se hicieron en el Hospital Masvernat, de Concordia y determinaron que su cuerpo puede soportar el embarazo hasta el final. Expertos de distintos ámbitos salieron a cuestionarlas, por considerar que dada la edad de la niña se trataría de una gestación de “alto riesgo” y porque no se tomó en cuenta el impacto psíquico de la gestación en la menor, al provenir de un abuso sexual y, sobre todo, porque la niña ha expresado que la quiere interrumpir.

En la audiencia informativa convocada por el juez, el martes por la noche, en la que participaron la mamá de la niña y la propia niña, su abogada particular, Susana Benítez, requirió al magistrado que se le realicen pericias psicológicas y psiquiátricas. Los estudios estarían a cargo de un equipo de profesionales del tribunal. La abogada encuadró el caso como un aborto terapéutico. Pero también podría solicitarse la interrupción del embarazo por tratarse de una gestación que proviene de un abuso sexual. Tras las repercusiones que generaron las declaraciones del ministro Cettour, el gobierno provincial emitió ayer un comunicado sobre el caso. “El gobierno expresa públicamente que no es de su competencia abrir juicios de valor, intervenir, decidir o tomar posición respecto del complejo suceso y a lo que indica la ley vigente”, dice. Y agrega: “Por todo ello es el Poder Judicial el que debe valorar y expedirse sobre la existencia del delito de violación, como requisito esencial previo que dispararía sí el procedimiento terapéutico previsto claramente por la ley”. Mientras tanto, la niña de 11 años y su humilde familia esperan.

¿Una nena o una incubadora?

¿Una nena o una incubadora?

 Por Mariana Carbajal - Pagina12

¿Quién puede dudar de que un embarazo producto de un abuso sexual puede afectar la salud de una niña de 11 años? No hay que ser médico para intuirlo. Ni siquiera tiene desarrollados los pechos. Ni tiene vello en el pubis. Pero el ministro de Salud de Entre Ríos pretende convertirla en una incubadora para que lleve a término una gestación que no eligió. La niña no sólo vive el sufrimiento mental causado por el ataque sexual, denunciado en la Justicia. Es de presumir que enfrenta el sufrimiento psicológico asociado con la pérdida de la integridad personal. Situaciones como una violación pueden afectar la salud de las mujeres, física y mentalmente, advierte el libro Causal Salud. Interrupción legal del embarazo, ética y derechos humanos (2008), publicado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (Flasog), entre otras entidades.

El libro analiza en profundidad uno de los supuestos de permiso legal para el aborto consagrados en la mayoría de los países de América latina y el Caribe, entre ellos la Argentina, y es el que se refiere a cuando la gestación pone en riesgo la salud de la mujer. El trabajo, en el que participaron destacadísimas especialistas del continente, plantea que el derecho a la salud debe ser entendido en un marco efectivo de protección de los derechos humanos de las mujeres. Es decir, “como interdependientes de los derechos a la vida, la dignidad, la autonomía, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, la información, la no discriminación, la igualdad, la intimidad, la privacidad, así como a estar libres de tratos crueles, inhumanos o degradantes, como ha sido caracterizada la continuación forzada de un embarazo o la falta de acceso a la interrupción legal de éste cuando la salud está en riesgo”.

El libro señala también que una de las facetas que expresan una afectación de la salud, en su dimensión social, es el proyecto de vida. Es decir, “si la gestación interfiere con ese proyecto, se afectará la salud”. De la misma forma que si el embarazo “fuerza a una mujer a abandonar el sistema educativo o a reducir sus expectativas de educación”. Sería muy valioso que el juez de Familia de Concordia, que tiene en sus manos por estas horas la posibilidad de gravitar en el futuro de esta niña, tome en cuenta estos argumentos.

De todas formas, el caso nunca debió llegar a la Justicia. Debió resolverse en la intimidad de un consultorio de un hospital público, como claramente indica el Protocolo de Atención a Personas Víctimas de Violación Sexual y la Guía Técnica de Atención Integral de los Aborto No Punible, elaborados por el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Por qué el ministro Juan Manzur elige el silencio en lugar de defender la salud de una niña de 11 años? La ley avala su pedido para abortar. “Quiero volver a ser como antes”, les habría dicho a sus familiares. Es de esperar que no se dilate la resolución judicial y que tampoco –como en otros casos recientes– se pretenda obstaculizar la interrupción de embarazo atemorizando a la mamá, diciéndole que el aborto podría ser riesgoso para la salud y la vida de la niña. Hoy su salud corre riesgo. Y su pedido debe ser escuchado.

"línea 102 para denunciar la vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes”

Impulsan el uso del 102 para denunciar agresiones contra niños y adolescentes

2012-01-17 

Con el objetivo de proteger a los más chicos, desde la secretaria de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires aseguraron que “uno de los desafíos por delante es naturalizar entre la gente el uso de la línea 102 para denunciar la vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes”. 

“El 102 es un número de asesoramiento y derivación permanente. Debemos trabajar para que los habitantes de la Provincia tengan siempre presente este número, como lo hacen con el 107 para pedir una ambulancia”, señaló el secretario de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, Pablo Navarro.

“El servicio telefónico gratuito de la provincia de Buenos Aires, que funciona bajo la órbita de esta Secretaría, brinda respuesta las 24 horas y los 365 días del año en temas relacionados con la promoción y protección de los derechos de los niños. Además, tiene la posibilidad, si la cuestión lo requiere, de derivar cada caso al dispositivo correspondiente tanto del Sistema de Promoción y Protección de Derechos como de otros efectores del Estado”, indicó.

“El gobernador Daniel Scioli le ha otorgado un fuerte impulso al Sistema de Promoción y Protección, un procedimiento que aborda a miles de niños y adolescentes al año cuyos derechos han sido vulnerados, a través de equipos interdisciplinarios que trabajan en todo el territorio provincial”, agregó. Según datos estadísticos del último año, la línea 102 recibe al mes un promedio de 334 llamadas efectivas, que corresponden a denuncias e información sobre vulneración de derechos de unos 280 niños y niñas. Del total de llamados, el 23 por ciento los realiza la madre o el padre del niño o niña, en igual cantidad lo realizan los abuelos, el 21 por ciento los vecinos y el 3 el propio niño o adolescente, mientras que el resto de los llamados, que constituyen el 30 por ciento, son efectuados por otros familiares, un amigo, un docente u otras personas relacionadas.

Trata: desde el Gobierno admitieron que hay “cobertura policial”

lunes, 16 de enero de 2012

Luego de la conmoción que generaron las denuncias sobre la trata de personas que realizó Lorena Martins, hija del el ex agente de la SIDE Raúl Martins, a quien involucró en el delito, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, admitió que desde el Gobierno están muy preocupados, porque esto demuestra que los controles fallan, y que hay complicidad por algunos miembros de la fuerzas de seguridad.

"Esto demuestra la absoluta inactividad de los controles que tiene que hacer la autoridad local (el Gobierno de la Ciudad) y la cobertura que brindan algunos oficiales de altísima responsabilidad" de la Policía Federal”, resaltó. El Ministerio de Seguridad, luego de una serie de allanamientos ordenados por la justicia, desplazó a 21 comisarios y subcomisarios por sospechas de estar vinculados con boliches donde se ejerce la prostitución; dos de estos efectivos son los comisarios Roberto Cabrini y Sergio Maldonado, señalados en la denuncia de Lorena Martins que también involucra a su padre.

En declaraciones a un pro0grama de televisión, la Ministra destacó anoche que el Ministerio de Seguridad viene combatiendo las redes de trata de personas en colaboración con la Justicia y recordó que el juzgado de María Servini de Cubría en marzo del año pasado ordenó 40 allanamientos a locales nocturnos, en el que participaron 400 gendarmes y 200 prefectos "para garantizar objetividad y no filtración".

“ Participaron gendarmes y prefectos porque previamente hubo intentos de generar una solidaridad corporativa para encubrir los delitos", afirmó Garré, y señaló que luego de esos operativos la jueza Servini de Cubría comprobó que varias de las actas labradas allí correspondían a testimonios falsos, de quienes se tomaban sus datos personales de denuncias sobre pérdidas de DNI.

"La denuncia de Lorena Martins agrega a nuestra investigación al comisario Fabián Galli, de la Comisaría 19. De manera que realmente estamos muy preocupados porque están demostrados los pagos, a través de libros de gastos donde se mencionan al efectivo policial que recibía el dinero", agregó. "El año pasado se hicieron 441 allanamientos, se detuvieron a 227 personas, se rescataron de la trata de personas a 1007 personas, de las cuales 722 eran víctimas de trata con fines de explotación laboral. 80 de esas 722 eran menores, y 285 eran víctimas de trata con fines de explotación sexual, y 24 eran menores", indico Garré

Acerca del ex agente de la SIDE, Raúl Martins, la Ministra indicó que "es un hombre que hace mucho tiempo está vinculado a esta actividad en el mundo de la noche", por lo que para "quienes dan los permisos diversos para las actividades que se desarrollan en estos boliches bailables, no puede pasar como ignorada".

Consultada sobre el rol de efectivos de la SIDE y la Policía Federal en la red de trata de personas, Garré dijo que "la depuración del aparato del Estado en sus fuerzas de seguridad y secretarías de inteligencia, al igual que en sus Fuerzas Armadas, es un proceso de depuración permanente".

"Fue una infección tan generalizada, una metástasis tan amplia, que terminar con eso requiere un esfuerzo constante, permanente, aún en el marco de este Gobierno que ha dado numerosas muestras de voluntad de cambio en estas áreas del Estado que fueron tan nefastas en épocas de la última dictadura", justificó.

En 2011, más de 300 personas fueron asesinadas por violencia de género

La cifra implica un aumento del 10% respecto del año anterior y del 22% con relación a 2009

En 2011, más de 300 personas fueron asesinadas por violencia de género

Publicado el 12 de Enero de 2012 en Tiempo Argentino

Por Lucia Alvarez

Son cifras del Observatorio de la ONG La Casa del Encuentro. De ese total, 282 eran mujeres y niñas. El 60% de los femicidas son parejas o ex parejas. Por estos crímenes, 346 hijos perdieron a sus madres.
 

Durante el año 2011, más de 300 personas murieron por violencia machista. Según datos del Observatorio Adriana M. Zambrano, de la ONG La Casa del Encuentro, entre enero y diciembre, 282 mujeres y niñas fueron asesinadas por cuestiones de género; y 29 hombres y niños resultaron víctimas de “femicidios vinculados”. La cifra implica un aumento del 10% respecto al año anterior, y de un 22% en relación con 2009. Este año, por primera vez, el Observatorio puso foco además en otros efectos de la violencia de género, entre ellos, la destrucción de las familias: 346 hijos quedaron sin sus madres. El 60%  son menores de edad.

En el relevamiento se confirmaron otras tendencias vinculadas a este delito, que remueven anclados preceptos sobre el problema de la inseguridad: la mitad de los asesinatos se cometieron en la vivienda de la víctima o la vivienda compartida, y seis de cada diez fueron cometidos por maridos, novios o ex parejas de las víctimas. En 33 casos, los femicidas ya contaban con denuncias a cuestas, tenían exclusión del hogar o prohibición para acercarse a sus víctimas. La crueldad con la que fueron cometidos los crímenes también fue un dato ya conocido: 62 mujeres murieron apuñaladas y 43, a los golpes.

La Casa del Encuentro lleva cuatro años describiendo casos, a partir del relevamiento en medios de comunicación. Estas estadísticas son las únicas con las que se dispone a nivel nacional y han permitido que el tema cobre relevancia política. Con este trayecto a cuestas, la ONG decidió ahora dar otro paso, esta vez contra la impunidad: “A partir de un convenio con el Ministerio Público Fiscal, empezamos una investigación sobre sentencias de homicidios de mujeres en los juzgados de instrucción. El ánimo es hacer un diagnóstico general”, señaló Ada Rico, coordinadora del Observatorio. 

Todo indica que 2012 será un año en el que la violencia de género contará con cierto protagonismo. A las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, Mariana Gras, sobre la “necesaria incorporación del femicidio al Código Penal”, se sumaron esta semana las de la directora del programa “Las Víctimas contra las Violencias” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eva Giberti, quien aseguró: “Es un tema que tiene en cartera el senador Aníbal Fernández.”

Otros temas de la agenda legislativa serían la modificación del Código Civil para la pérdida automática de la patria potestad de los femicidas y la creación de una asignación económica temporal para las mujeres víctimas de la violencia de género.

“Creo que hay una decisión del oficialismo de ir a fondo con algunos temas y que hay consenso entre otros bloques. Por eso estamos llamando a un pacto político para diseñar un plan nacional para la erradicación de la violencia de género. Nos tenemos que sentar todos: el Ejecutivo Nacional, los provinciales, el Poder Judicial, el Legislativo, las organizaciones sociales, las universidades, los medios de comunicación. Hay provincias que no adhirieron a la ley de violencia, distritos donde ellas tienen muy pocas posibilidades de salir de su situación. Esta es una cuestión que no tiene que ver con oficialismo u oposición: se trata de poner en valor a las mujeres”, subrayó Fabiana Túñez, de La Casa del Encuentro.

…………………………………………………

Publicado el 12 de Enero de 2012 en Página 12

Una mujer asesinada cada 31 horas

Los números reflejan solamente los casos que fueron consecuencia de violencia de género. De ellos, 32 corresponden a jóvenes de 15 a 21 años asesinadas por sus novios o ex parejas. Como resultado, 346 chicos quedaron sin madre.

 Por Mariana Carbajal

En 2011, cada 31 horas fue asesinada en el país una mujer por el hecho de ser mujer, de acuerdo con el relevamiento realizado por el Observatorio de Femicidios en Argentina de La Casa del Encuentro. En total, fueron ejecutadas 282 mujeres y niñas como consecuencia de la violencia de género, una cifra que muestra un aumento del 8 por ciento en relación con los casos detectados el año anterior, según el registro de la ONG. Treinta y dos de las víctimas tenían entre 15 y 21 años y todas fueron ultimadas por sus novios o ex parejas (ver recuadro). La epidemia de femicidios dejó a 346 niños y niñas sin madre, muchos de los cuales muy probablemente arrastren las secuelas de haber sido testigos y a la vez víctimas de la violencia machista. En la mayoría de los casos –casi 6 de cada 10–, el autor o principal imputado es el esposo, novio o ex pareja de la víctima. Para las mujeres, la propia casa puede resultar más peligrosa que la calle: en la ciudad de Buenos Aires, el 50 por ciento de los homicidios dolosos de mujeres que tuvieron lugar en 2010 fueron motivados por violencia intrafamiliar y solo el 27 por ciento, en ocasión de robo, de acuerdo con una reciente investigación de la Corte Suprema (ver aparte).

Como cada año, el informe de La Casa del Encuentro llama a la reflexión sobre las consecuencias de la violencia de género y en esta oportunidad, la entidad exhortó a avanzar con un acuerdo social entre diversos sectores para diseñar un plan nacional para la erradicación de la violencia hacia las mujeres. La Ley 26.485, de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, sancionada el 11 de marzo de 2009 y reglamentada en 2010, establece en su artículo 9 que el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) debe “elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres” y “articular y coordinar las acciones” para el cumplimiento de la norma, con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en la materia”, entre otras responsabilidades.

Las autoridades del organismo sostienen que están trabajando en la elaboración de un plan desde hace tiempo, pero todavía no lo presentaron. Desde el 10 de diciembre está al frente del CNM Mariana Gras Buscetto, militante de La Cámpora, quien venía desempeñándose como subsecretaria en la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contras las Mujeres del CNM y previamente fue directora nacional de Juventud.

El 2011 se inició con el asesinato de María Laura Córdoba, de 20 años, en la localidad de Villa Hipólita, Santiago del Estero. El informe del Observatorio de Femicidios precisa que la asesinaron el 1 de enero a golpes de puño y puntapiés. La ataron a un árbol y la quemaron con un hierro caliente. El culpable del feroz ataque sería un joven de 32 años, con quien la víctima mantenía una relación. Tras dejar a la muchacha tirada en el camino, escapó y fue detenido días después. El hombre tenía denuncias previas por malos tratos y amenazas de muerte. Ese mismo día fueron apuñaladas en el barrio porteño de Villa Urquiza Silvina Beatriz Mehaudy, de 44 años, y Sofía Bianco, de 9 años, madre e hija. El acusado del crimen fue el esposo y padre de la niña, quien habría sido denunciado previamente por malos tratos.

El listado de femicidios es estremecedor. Baleadas, a golpes, martillazos, apuñaladas, incineradas: 282 mujeres –entre ellas niñas y adolescentes–, resultaron asesinadas a lo largo del año por el hecho de ser mujeres. Veintiocho murieron como consecuencia de quemaduras. El 2011 terminó con una seguidilla de resonantes femicidios. El cuádruple crimen de La Plata –ahora sin detenidos– y el asesinato de Carla Figueroa en General Pico, La Pampa, a manos de su violador y flamante marido, a quien la Justicia había liberado una semana antes con la polémica figura del avenimiento, entre otros casos. El comienzo del 2012 se conmovió con otro femicidio: el de la maestra de San Fernando, Silvia Prigent. Ayer la fiscalía solicitó la detención del viudo Daniel Sfeir, acusado de homicidio agravado por el vínculo de su mujer (ver aparte).

El registro lo lleva adelante desde 2008 el observatorio que dirige Ada Beatriz Rico y coordina Fabiana Túñez. “El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad”, destacó Túñez. El concepto fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell, ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas, recordó Rico.

El observatorio realiza el relevamiento de los casos publicados en las agencias informativas Télam y DyN y 120 diarios de distribución nacional y/o provincial. Contabiliza los homicidios de mujeres por razón de género, es decir, casos que no tienen que ver con robos, secuestros u otras situaciones de “inseguridad” urbana. “El término femicidio es político: es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista”, agregó Rico.

En 2010 el observatorio registró 260 femicidios y en 2009, 231 (pero en ese año los medios relevados eran menos, solo 43). De los 282 femicidios, en 106 –37,6 por ciento– el acusado fue el esposo o novio y en 58 –20 por ciento–, la ex pareja. En 23 casos, el padre o padrastro; en 22, un vecino o conocido; en 14, otros familiares; en 6, hijos; en un caso, un hermano o hermanastro y en 52, un hombre sin vínculo aparente con la víctima. En al menos 31 de los hechos, la mujer previamente había hecho denuncias y en 3, el agresor tenía dictada una exclusión del hogar o prohibición de acercarse a la víctima.

“Con este informe –apuntó Rico– estamos reclamando la existencia de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres, incluidos los índices de crímenes por violencia de género, en articulación con la sociedad civil y la incorporación en el Código Penal del femicidio, como una figura penal autónoma, además de la pérdida automática y definitiva de la patria potestad del femicida, no así de sus obligaciones alimentarías.”

Túñez señaló la necesidad de que todas las provincias adhieran a la Ley 26.485. “Es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos; de esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata”, concluyeron las especialistas.

………………………………….

Víctimas de noviazgos violentos

 Por Mariana Carbajal

Treinta y dos chicas de entre 15 y 21 años fueron víctimas de femicidios durante el último año. En todos los casos, el principal sospechoso o imputado fue su novio o ex pareja. Algunas estaban embarazadas. El dato surge del informe del Observatorio de Femicidios en Argentina de La Casa del Encuentro, que recopila todos los casos registrados en la prensa en 2011.

Una de las adolescentes asesinadas fue Ángela Alomo, de apenas 16 años, de La Banda, Santiago del Estero. Sufrió quemaduras en el 60 por ciento del cuerpo y tras dos días de agonía, falleció en un hospital. Según precisa el informe de la ONG, “detuvieron como presunto autor del ataque a su pareja, un hombre de 22 años, sospechado de rociar con alcohol a la víctima y prenderle fuego”. El hecho sucedió en la habitación de una pensión, que la pareja alquilaba. “De acuerdo con la investigación, momentos antes al pedido de auxilio de la mujer, se escuchó una fuerte discusión entre la joven y Castillo. Otras personas alojadas en el lugar auxiliaron a la adolescente, que en esos momentos se encontraba cubierta por el fuego y pedía que salvaran a su hija de 7 meses, que también sufrió quemaduras, aunque de menor consideración”, precisa el informe. Ángela murió el 8 de marzo.

………………………………………….

Viviendo con el enemigo

Un estudio del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema sobre los homicidios dolosos cometidos en la ciudad de Buenos Aires confirmó un dato estremecedor: las mujeres corren más riesgo de ser asesinadas en sus propias casas, a manos de un hombre de su entorno íntimo, que en la calle. Del total de homicidios dolosos de mujeres ocurridos en 2010, el 50 por ciento se produjo en el marco de situaciones de violencia intrafamiliar y sólo el 27 por ciento en ocasión de robo. Ese año hubo en el territorio porteño 168 hechos. El 14 por ciento tuvo como víctimas a mujeres. De los asesinatos de varones, sólo el 5,84 estuvo vinculado con violencia intrafamiliar; el 28 por ciento, con robos; el 23 por ciento, con riñas; el 7,3 por ciento, con legítima defensa, y en un 31 por ciento no se conoció el móvil. El informe fue presentado en diciembre por el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni.