miércoles, 15 de febrero de 2012

pagina12 - Primera grieta en el muro de silencio tucumano


UNA MUJER JUZGADA POR LA CAUSA MARITA VERON ACUSO A OTROS IMPUTADOS Y CONTO COMO ES EL CIRCUITO DE LA PROSTITUCION

Daniela Milheim contó que fue prostituida a los 16 años y reveló que estuvo cautiva en los mismos prostíbulos donde se vio a Marita Verón. Un testimonio que puede empezar a develar la trama de la trata. Hoy declara Susana Trimarco.



 Por Marta Dillon
Desde San Miguel de Tucumán
Fue como si la luz del sol se colara entre el follaje para dibujar, por contraste, una tela de araña hasta entonces escondida en la penumbra. Sólo que los hilos que tejen esta red no son obra de un insecto sino de hombres del poder que tampoco atrapan moscas sino mujeres. A las que no devoran las explotan. Daniela Natalia Milheim, una de los 13 imputadas por la privación de la libertad y promoción a la prostitución de María de los Angeles Verón, lo dijo con la voz trémula de miedo: “Yo fui obligada por Rubén Eduardo Ale a ejercer la prostitución. Seis años fui forzada a ‘trabajar’ para él sin recibir ni un centavo porque él se quedaba con toda la plata”. Así, el ex dirigente del Club San Martín sumó a su prontuario el rol de proxeneta, una sospecha que sobrevuela el caso Verón desde el principio, pero a la que nadie, hasta ahora, había puesto palabras. Las palabras de Milheim alumbraron también otras zonas oscuras: ella misma estuvo cautiva en los mismos prostíbulos donde se vio a Marita Verón y si salió fue porque pudo convencer a sus captores de que tenía una hija con Rubén Ale.
Ese salvoconducto, que delata las conexiones entre el grupo de La Rioja y el de Tucumán –los primeros, dueños de burdeles; los segundos, acusados en distintos grados de haber secuestrado y vendido a Verón–, la llevó a hablar de otro hombre poderoso: Alberto Sosa, secretario general del petróleo y gas privado a nivel local. El, dijo la mujer, la mantuvo, le compró un terreno que después la obligó a vender, le pagó los alquileres de las casas en las que vivió desde 1997 hasta 2003; hasta que le soltó la mano cuando fue detenida en la misma causa que ahora se está juzgando.
Su declaración fue como reagrupar las fichas sobre el tablero: hasta los abogados defensores del grupo de La Rioja entraron en su lógica y hablaron por primera vez de “prostíbulos” y ya no de inocentes “whiskerías” que alquilarían sus defendidos. Un cambio de nominación que ahora consta en actas, más allá del desesperado intento de rectificación.
Eran más de las seis de la tarde cuando Milheim empezó a hablar. Antes, pidió que su hija mayor, la hija de Rubén Ale, se retire de la sala. “Yo no era su pareja, era la mujer a la que él hacía trabajar. Tenía 16 años cuando lo conocí porque hacía tarea de limpieza en una agencia de autos y me llevó a un prostíbulo que se llamaba Delby. Ahí había otros proxenetas. Su señora era María Jesús Rivero –otra de las imputadas, ex propietaria de la remisería Cinco Estrellas–. Me hizo trabajar hasta que me detuvo el Malevo Ferreyra y me picaneó durante más de seis horas; por eso Ale quiso que dejara de trabajar y ahí fue que me quedé embarazada de Ale.”
El jefe de la Brigada tucumana que se suicidó en 2008 había mantenido relaciones “cordiales” con la banda de los Ale; tal vez por el enfrentamiento común con Los Gardelitos, un grupo de delincuentes que actuaba como barra brava del Club Atlético Tucumán, rival histórico del Club San Martín. Como si diera una clase de las relaciones de las mafias tucumanas, Milheim fue dando detalles como si tirara piedras para no perderse en el camino.
Mientras Ale la mantuvo en situación de prostitución, dijo, “me mandó a una plaza en El Altillo, en Catamarca, por eso cuando fui a La Rioja ya sabía lo que era una plaza”. Una “plaza” es, ni más ni menos, que una cama caliente para que pongan el cuerpo las mujeres que “tienen marido”, es decir, según describió Milheim, “las que trabajan para un hombre que se lleva lo que ellas producen”. Una cama caliente que hay que abandonar porque la repetición deja de tentar a los clientes y entonces las ganancias menguan.
“Fui a La Rioja por mi propia voluntad, porque después de haber trabajado para otro quería hacer dinero para mí y para mis hijos.” Es que esta mujer ya había sido madre cuando Ale la captó a los 16. Del padre de ese hijo no quiso hablar, se negó a responder con voz quebrada ese dato. Fue evidente que no quería exponer más violencias. A pesar de haber declarado que fue voluntariamente a La Rioja, en cada paso que describió la traicionaron las palabras: “Primero me llevaron al Candy, pero ahí estuve sólo un día. Después me llevaron al Candilejas y ahí conocí a Hilda Lidia Medina, pero no por ese nombre, la conocía como ‘Mamá Lili’; y también conocí a Azucena Márquez, se hacía llamar ‘Doña Claudia’”. Las dos están acusadas en el caso Verón, la primera como dueña del prostíbulo y la segunda como regente. “Estas mujeres no me querían dejar ir cuando yo me quise volver a Tucumán porque extrañaba a mis hijos. Cuando insistí, me encerraron en una habitación con tres personas. Tuve que decir que tenía una hija con Ale para que me dejaran volverme.”
A pesar de que usó el nombre del dirigente de fútbol como salvoconducto, después insistió con que ni Medina ni Márquez conocían a Ale. Por insistencia de las preguntas que siguieron a su declaración, terminó implicando a otra de las acusadas, Mariana Bustos, pareja de Chenga Gómez, hijo de Hilda Medina. “Ella es tucumana y sabía bien quién era Ale.” Las tres mujeres se habían presentado la semana pasada como amas de casa sin ingresos, sostenidas por sus parejas o sus hijos, sin propiedades ni trabajo fuera del hogar. Como pintura lavada por la lluvia, la máscara que habían montado empezó a desarmarse y violentamente trataron de recomponerla. Medina fue la que se levantó de su lugar de acusada para replicar a los gritos: “¡Estás mintiendo, vos te enganchaste con el encargado, por eso tuviste problemas conmigo!”.
Ante el temor de que la ira siguiera delatando a su cliente, el defensor, Alberto Posse, se apuró en hacerla callar. Pero el contrapunto no se detuvo. Milheim retrucó: “Quiero decir que el jueves pasado, la señora Medina me amenazó en el baño de este tribunal apretándole la panza a mi hija que está embarazada. Me exigió que le diga a Julieta que cambie su declaración”.
Julieta es el nombre de fantasía de María Alejandra Huertas, una mujer que en la etapa de instrucción complica a Milheim como reclutadora de mujeres para las redes de trata. Milheim habló de ella, dijo que compartieron un tiempo en La Rioja, que siguieron en contacto después y que la recibió en su casa cuando, en 2002, Huertas logró escapar de La Rioja después de que Chenga (Fernando José) Gómez le rompiera la mandíbula de un golpe. Según Milheim, Huertas se fue, por su propia voluntad, “a trabajar en prostitución en Río Gallegos”.
Las fichas dispersas del juego que se había planteado de entrada en este juicio no terminaban de ordenarse. Antes de que Milheim pudiera seguir con su declaración, Medina quiso disciplinarla otra vez: “¡Callate, vos, que en el baño me pediste 10 mil pesos para seguir mintiendo!” Esa autoimputación, de todos modos, no constó en actas. Pero el baño del Palacio de Justicia se convirtió en un escenario: cuando se hizo un cuarto intermedio, una docena de cámaras con sus reflectores encendidos siguieron hasta ahí dentro a Medina en busca de una declaración más que la señora se guardó para hoy, cuando hable frente al Tribunal, derecho del que había preferido abstenerse hasta ahora.
Fue después de su vuelta de La Rioja que Milheim tomó contacto con Alberto Sosa, dirigente petrolero con muy buena llegada a la gestión del ex gobernador Julio Miranda, quien también fuera dirigente de ese gremio a nivel nacional. “Yo tenía mi marido, el padre de mis otros hijos, Alejandro González –también imputado en la causa–, pero vivía con Sosa porque él me mantenía y me ayudó a terminar la secundaria. Yo quise que llamaran a declarar a Sosa para que se justifiquen mis ingresos pero mi abogado de entonces, Roberto Flores, se negó, por eso yo digo que no tuve derecho a defenderme”. Flores es ahora defensor de buena parte del grupo de los riojanos y el que arbitró con otro de los defensores, Carlos Posse, la confusión entre los hermanos Gómez –”Chenga” y “Chenguita”, ambos llamados José– que casi termina con una nulidad al comienzo de este juicio.
El resto de la declaración de Milheim estuvo dedicada a desacreditar a Fátima Mansilla, una joven que tenía 16 en 2002, cuando –según consta en la instrucción– vio a Marita Verón cautiva y dopada en casa de Milheim. “Yo la recibí en mi casa porque decía que su tío la había violado y que su mamá le pegaba. Estuvo trabajando en mi casa cuidando a mi mamá, que la quería mucho, pero me traía muchos problemas. Ella tenía el pelo largo por la cintura y un día volví y se lo había cortado así cortito”, dijo Milheim señalando la altura de los hombros sin explicar por qué eso podía ser un problema.
En casa de Milheim también había trabajado María Laura Cejas, haciendo tareas domésticas. Cejas, sin embargo, terminó en Río Gallegos, ubicada en una “plaza”; según Milheim, por invitación de Alejandra Huertas. Igual que Noemí Garzón, quien también pasó por su casa. Fátima Mansilla no llegó a Río Gallegos; según dijo la joven en la instrucción, antes de enviarla a ese destino el propio Ale le pidió que se desvistiera para evaluar cuál era la “plaza” más conveniente para ella. Milheim no se hace cargo de esto, insiste en que todas eran empleadas domésticas que Alberto Sosa pagaba porque ella tenía problemas de salud debidos a los sucesivos embarazos y cesáreas que tuvo –más la muerte de dos bebés–; todos producto de su relación con González, su marido. Y no con Sosa.
Ya eran cerca de las diez de la noche cuando se decidió pasar a cuarto intermedio. La defensa de Milheim pidió custodia para ella y se la otorgaron. La querella, en cambio, pidió custodia para Medina. Pero no para proteger su integridad física si no para evitar que pueda afectar de alguna manera la labor de la Justicia. Fue una solución salomónica para no pedir su detención –”no hoy”, como dijo el querellante Carlos Varela Alvarez frente al tribunal–, tal vez un mínimo anticipo de lo que podría seguir. Este pedido no fue aceptado.
Hoy las sesiones abrirán con la declaración de Hilda Medina, obligada a quebrar el mandato de silencio por la propia rabia que exhibió espontáneamente mientras Milheim declaraba. Lo que es seguro es que ya no podrá mostrarse tan desvalida como lo hizo cuando dio sus datos filiatorios y se declaró madre de nueve hijos, sin apodo alguno, enferma del corazón y mantenida por ellos. Ahora tendrá que responder a qué se debe su alias de “Mamá Lili” y cuáles son las herramientas para generar terror entre las mujeres que rotan por sus locales.
La patada que le dio Milheim al tablero del juicio por la desaparición de Marita Verón reordenó las fichas y echó luz. Ahora la conexión entre Tucumán y La Rioja se ve más clara. La relación entre el poder y estos supuestos “perejiles” que están acusados empieza a dibujarse como una red, la tela de una araña a la que el sol alumbra. Solo que no es un insecto el que teje los hilos.

martes, 14 de febrero de 2012

LEY 26485


La Ley 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. La aprobación fue establecida a través de la Ley Nº 10.058, y publicada el martes 1º en el Boletín Oficial.
 
Esta herramienta legislativa, sancionada a nivel nacional en el año 2009, amplía el reconocimiento de la problemática de la violencia hacia las mujeres y niñas, especificando los tipos y modalidades, y garantizando el derecho a vivir una vida sin violencia. 
 
De este modo, las provincias que han adherido encuentran en la Ley 26.485 un instrumento superador de las leyes provinciales de violencia contra las mujeres (destinadas a intervenir únicamente ante casos de violencia intrafamiliar) así como el compromiso de este Organismo para ejecutar acciones que cumplan con el objetivo de erradicar la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos.

lunes, 13 de febrero de 2012

Violan a una niña de trece años y amenazan al padre en la comisaría


lunes 13 de febrero de 2012


El hecho se produjo entre el 16 y el 17 de enero en la localidad misionera de Campo Viera. A raíz del ataque sexual, la víctima sufre serios problemas de salud y fue operada por una infección generalizada en un riñon. No hay detenidos.  

La localidad misionera de Campo Viera se encuentra conmovida por el caso de una chica de 13 años que fue drogada por una vecina, que la ató a una cama, tras lo cual fue salvajemente violada por al menos tres hombres.
El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, se refirió a este hecho desde su cuenta de Twitter, donde además señaló que el padre de la víctima –un veterano de Malvinas que perdió una pierna en combate– fue amenazado por un agente de la comisaría de Campo Viera y uno de los violadores de su hija.
Todo comenzó el 16 de enero pasado, cuando según explicó al diario Primera Edición el abogado Roberto Bondar que representa a la víctima, “una vecina durmió a la chica, la llevó a su vivienda, la ató a la cama y ahí la abusaron por lo menos tres personas”, uno de los cuales sería hermano de la entregadora.
Bondar indicó que el hecho pudo constatarse “en principio por las lesiones que tenía en las muñecas y en el cuello, pero también porque después se constató que sufrió prolapso anal, entre otras lesiones”. A raíz de esas heridas, la adolescente tuvo que permanecer tres días internada en terapia intensiva en el Hospital Samic de Oberá.
Cuando la chica y el padre se acercaron a la comisaría de Campo Viera para radicar la denuncia fueron amenazados por un policía: “Cuando les dice quién era la mujer que presumiblemente ‘entregó’ a la pequeña, no le quisieron tomar la denuncia. Llevaron al padre a una habitación, lo amenazaron y le dijeron que no era cierto lo que había sucedido”, explicó el abogado, y agregó que “le dijeron que no haga la denuncia porque le iban a matar a su padre y que no vaya a un abogado o a la justicia porque los iban a matar a los dos”.
Ante esa situación, el ex combatiente dijo que iba a denunciar la amenaza policial a Gendarmería Nacional, lo que amedrentó al agente, que decidió tomarle la denuncia, pero se la hizo firmar sin que pudiera leerla.
Sin embargo, después de esos hechos ocurridos en la comisaría, el abogado Bondar había analizado la posibilidad de solicitar que se retire a la policía de Campo Viera de la investigación.
En tanto, el padre de la menor presentó días después otra denuncia por amenazas, pero esta vez de parte de uno de los hombres que habría participado de la violación de su hija, quien habría dicho: “Vamos a entrar y la vamos a violar de vuelta; esta vez le va a doler más”, y habría amenazado con abusar a otra de las hijas del veterano.
El autor de esos dichos sería un joven que, según el padre de la víctima, suele ir armado con un revólver calibre 32 por las calles de Campo Viera, y que sería el hermano de la supuesta entregadora.
En tanto, la salud de la adolescente se vio agravada en los últimos días. El padre indicó que “cuando se desmayó, yo pensé que se me moría, la llevé hasta el remís y le aplicaron un calmante en la sala”, y agregó que “está mal, orina con sangre”. La chica fue llevada al Hospital de Agudos Ramón Madariaga, donde fue intervenida por una infección en un riñón. La causa es investigada por el Juzgado de Instrucción 1 de Oberá, a cargo de Alba Ester Kunzmann de Gauchat. 
tiempoargentino.com.ar

viernes, 3 de febrero de 2012

Acusan a un hombre de violar a su hija de 11 años y filmar el hecho con su celular Se encuentra detenido en Bahía Blanca y hoy será indagado; el hermano de la menor le mostró los videos a la policía


Argentina, viernes 3 de febrero de 2012
Un hombre de 38 años fue detenido en Bahía Blanca acusado de violar a su hija de 11 años y filmar la escena con su celular. Un hermano de la menor encontró las imágenes el teléfono del presunto abusador y las presentó en una comisaría.
La detención se produjo el miércoles por la noche, luego de la denuncia del adolescente de 15 años, quien sospechaba de los abusos y, en compañía de un amigo, acudió a la policía. Ambos menores viven con su madre en Rosario y se encontraban en Bahía Blanca desde principios de año, de visita en la casa del padre de la niña.
Con las imágenes en su poder, la justicia acudió al domicilio, detuvo al sospechoso y allanó su vivienda. En el dormitorio del hombre se encontró una gran cantidad de alcohol, marihuana y cocaína, además de material pornográfico y juguetes sexuales, según explicó la fiscal de la causa María Marta Corrado en diálogo con TN.
Corrado explicó también que el adolescente ingresó al dormitorio del padre de su hermana y, tras revisar su celular, encontró varios videos en los que claramente se puede identificar al hombre y a su hija en situación de abuso.

LA PENA

La fiscal indagará hoy al acusado y aseguró que la pena podría llegar a 20 años de prisión. "Los abusos sexuales con acceso carnal, porque lamentablemente la chiquita ha sido violada, contemplan penas de entre ocho y 20 años de prisión. Pero además [el acusado] va a ser indagado por abuso de menores. Por otra parte, tenemos sospechas de que el hombre intercambiaba este tipo de imágenes con otras personas", aseguró Corrado.
En este momento, ambos menores se encuentran al cuidado de una familia amiga, mientras esperan que en las próximas horas su madre llegue desde Rosario. La pareja se separó hace varios años


Entrevista con Natalia Gherardi "Todavía subsiste la idea de que la mujer es propiedad del hombre"



 

     
Buenos Aires, viernes 3 de febrero de 2012

La directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) -una ONG apartidaria e independiente- considera que las iniciativas locales para luchar contra la violencia de género son parciales, aisladas y, por lo tanto, ineficientes, y que la falta de estadísticas nacionales impide analizar de qué manera se inscriben en el cuadro general los escalofriantes casos de feminicidios de los últimos tiempos
Por Astrid Pikielny  | Para LA NACIÓN -Publicado en edición impresa el Domingo 22 de enero de 2012



Primero se instala el insulto, la humillación y la degradación. Luego, a pesar de las alertas y las señales, sobreviene la tragedia con características tan dramáticas e irreversibles que superan cualquier ficción: como las 113 puñaladas que recibió Carolina Aló; la muerte por quemaduras de Wanda Taddei, el cuádruple crimen de La Plata, el asesinato de la adolescente Carla Figueroa en La Pampa o el reciente homicidio de la maestra de San Fernando.
Según el informe anual sobre feminicidios elaborado por la Asociación Civil feminista La Casa del Encuentro y realizado en base a los casos que salen a la luz y son cubiertos por los medios de comunicación nacional, la tendencia es llamativamente creciente: durante el año 2008 hubo 207 feminicidios de mujeres y niñas, 231 durante el 2009, 260 durante el año 2010, y el año 2011 culminó con más de 280 casos de formas extremas de violencia ejercidas por hombres hacia mujeres a las que consideran de su propiedad.
Aunque los casos de muertes violentas de mujeres en manos de novios, esposos, cónyuges y ex cónyuges ganaron visibilidad y repercusión mediática -algunas de ellas fueron baleadas, golpeadas, apuñaladas, degolladas, estranguladas, quemadas o descuartizadas- sólo son el botón de muestra de un mapa de violencia solapado, sobre el que no hay estadísticas oficiales y nacionales porque, a diferencia de otros países de la región, la Argentina nunca hizo una encuesta nacional de violencia.
Todavía sorprende que en tiempos de emancipación femenina persistan los casos de violencia machista. "Subsiste todavía la idea de la supremacía de lo masculino sobre lo femenino, y esta concepción patriarcal de posesión y control respecto de las mujeres", afirma Natalia Gherardi, abogada y directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro creada en el año 2003 que trabaja en favor de los derechos de las mujeres. "Por eso la intervención para que la violencia de género sea inaceptable debe ser sobre las mujeres, pero también sobre los varones. Los varones violentos, los varones que permiten, consienten o naturalizan la violencia también tienen que cambiar sus concepciones porque la violencia, como todo tema, tiene que ver con la relación entre hombres y mujeres, y por lo tanto no es un problema de la mujer sino de la sociedad", concluye.
Recibida con medalla de honor en la UBA y Máster en Derecho en la London School of Economics, Gherardi afirma que las iniciativas parciales y aisladas para luchar contra la violencia de género no alcanzan y se necesita un liderazgo ordenador del Poder Ejecutivo Nacional que coordine esfuerzos, acompañe a la Justicia y sostenga a la víctima desde un proceso integral e integrador.
-¿Hay un incremento de mujeres víctimas de violencia machista o en realidad estos casos tienen hoy una mayor visibilidad y repercusión mediática? ¿Cuáles son las cifras reales?
-Las cifras reales no se conocen. Se suele hablar del aumento de los feminicidios y lo que ha aumentado es la cobertura periodística de las muertes violentas de mujeres, encuadradas en el feminicidio. Las estadísticas que releva la ONG La Casa del Encuentro tienen que ver con los casos de muertes violentas de mujeres que llegan a los medios de comunicación. Esas estadísticas son muy buenas en tanto son indicativas, pero no es un diagnóstico real de la cantidad de muertes que hay, y menos puede ser un diagnóstico del índice de violencia contra las mujeres. Entonces, el primer problema que tenemos en la Argentina es que no hay estadísticas oficiales, de alcance nacional, que puedan dar cuenta de una forma completa y acabada del fenómeno de la violencia hacia las mujeres. Lo que tenemos son algunos indicios a partir de algunos registros, por ejemplo, de la cantidad de denuncias que se presentan ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema. Año a año hay más denuncias pero no sabemos mucho más porque la gente que denuncia es sólo una parte de la gente que sufre la violencia.
-¿Qué se necesita para tener un diagnóstico completo del mapa de la violencia?
-Hay que hacer encuestas representativas de población en el nivel nacional, con una muestra nacional y una metodología muy precisa que les pregunte a mujeres y varones sobre eventos de violencia que hayan sufrido en el último año o los últimos años de su vida. No proponemos una forma de indagación extraordinaria porque esto lo hacen muchos países del mundo y varios países de la región como Perú, Chile, Bolivia, Colombia y Paraguay. Esto nos permitiría tener el panorama completo y el cuadro grande de la situación de violencia. En la Argentina nunca jamás se hizo una encuesta nacional de violencia; por eso no tenemos un diagnóstico sobre cuál es la incidencia y la prevalencia de la violencia hacia las mujeres en el país.
-Los casos que salen a la luz exhiben niveles escalofriantes de sadismo, crueldad y ensañamiento. ¿Cambiaron las modalidades de violencia?
-No sabemos si cambiaron, pero sí es importante diferenciar las distintas modalidades de violencia. "Violencia contra la mujer" es un término amplio, que abarca situaciones bien diferentes. Una cosa es defenderte de alguien que es tu pareja, con la que convivís y con la que quizás quieras seguir conviviendo, y muy distinta es la violencia sexual en la calle por parte de un extraño o las violaciones masivas en un conflicto armado. También hay que diferenciar si la violencia es física, sexual o psicológica - o todas juntas-, aún en el caso de las relaciones interpersonales.
-¿Qué posibilidades tiene el Estado de intervenir y prevenir situaciones de violencia cuando no suceden en el espacio público sino en el ámbito privado e íntimo del hogar?
-Probablemente sea uno de los ámbitos más difíciles para intervenir. Nosotros no lo llamamos "violencia doméstica" sino "violencia en las relaciones interpersonales" porque tienen que ver con vínculos presentes o pasados, sean legales o no. Este es un ámbito bien complejo porque requiere una intervención cuidadosa que parte de la voluntad de la persona. En general esta violencia suele suceder en el ámbito privado, en la intimidad del hogar, sin testigos o con testigos que son los hijos del matrimonio o la pareja. ¿Cómo puede el Estado conocer e intervenir en esta situación? Por la denuncia de la mujer o por la denuncia de una tercera persona, familiares o vecinos. Hay muchas herramientas legales que la víctima puede impulsar y poner en marcha pero se necesita que pueda y quiera llevarla adelante.
-Pero aunque la denuncia es fundamental, a veces no basta. ¿Cómo sigue el proceso después de la denuncia?
-Lo que observamos es que no todas las mujeres que hacen la denuncia siguen el proceso y lo sostienen, y en muchísimos casos, desandan el camino. La denuncia es la reacción inmediata y el impulso de supervivencia pero si el Estado no le da a esa mujer nada más que la posibilidad de activar una herramienta legal, y no hay contención, no hay un asesoramiento continuo, no hay patrocinio jurídico gratuito para llevar adelante el proceso, no hay políticas de vivienda para solucionarles el problema habitacional, y no hay políticas de cuidado para los hijos para que las mujeres puedan salir a trabajar, ese proceso se trunca. Si el Estado no ayuda a generar todas estas condiciones materiales y a fortalecer a las mujeres en sus condiciones subjetivas para que pueda sostener esa denuncia y sostener el proceso personal, esa mujer deja sin efecto la denuncia y vuelve con el agresor. Entonces, una política integral del Estado exige darle mucho más que solamente la habilitación del espacio de la denuncia, que no es poco. Tener la OVD en un lugar central de la ciudad de Buenos Aires, abierta las 24 horas, con gente capacitada para escuchar, atender, orientar y derivar a los lugares que corresponda es un lujo que tenemos sólo en la Ciudad de Buenos Aires y que no tiene el conurbano bonaerense o el interior del país, en donde las mujeres acuden a las comisarías. ¿Qué es lo que hace falta? Un liderazgo ordenador.
-¿Qué capacidades y atribuciones debería tener ese liderazgo ordenador?
-Debería ser una institución de alcance nacional, con la jerarquía y la institucionalidad suficiente para poder ordenar los esfuerzos individuales que hay vinculados a la violencia contra las mujeres. En la Ciudad de Buenos Aires son muchísimas las instituciones públicas de nivel ejecutivo o judicial que tienen oficina de atención, oficina de contención, oficina de derivación u oficina de atención a la víctima para violencia. Entonces, necesitamos menos oficinas y más sinergia, más ordenamiento y más coordinación. Se necesita un liderazgo ordenador a nivel nacional que permita coordinar los esfuerzos de las diferentes instituciones para potenciar las respuestas. Las iniciativas parciales y fraccionadas, algunas ellas muy buenas, no hacen a un sistema de atención integral del problema de la violencia contra las mujeres. Ese liderazgo ordenador tiene que surgir del Poder Ejecutivo porque el Poder Judicial controla, supervisa, sanciona, resuelve, pero no hace la política social. Y si uno se fija en todos estos casos tan comentados que han generado tantas reacciones, una reacción casi consistentemente ausente es la de la institución que es la máxima autoridad responsable sobre este tema a nivel nacional. En el año 2009 se aprobó una ley integral de protección de la mujer que le da al Consejo Nacional de las Mujeres la autoridad de aplicación pero sin suficiente presupuesto, sin suficiente jerarquía, sin suficiente institucionalidad y sin suficiente capacidad de liderazgo. Se han hecho cosas, pero el Consejo ha hecho mucho menos de lo que tiene que hacer.
-Son muchos los casos en los que no se hace la denuncia porque hay una naturalización de la violencia o complicidad familiar. ¿Cómo intervenir en esa etapa previa?
-Ese es el lugar de las campañas, de la educación, de la difusión, de la concientización social general. ¿Desde cuándo intervenir? Desde siempre, desde la infancia. Está la conciencia general acerca de lo inaceptable de la violencia contra las mujeres pero en general la que se rechaza es la más brutal, cuando la mata y la acuchilla. Pero hay formas de violencia que no son brutales, que son naturalizadas, y que van llevando a esto. Nadie empieza por matar. La primera manifestación de violencia hacia las mujeres en las relaciones interpersonales difícilmente sea la muerte. Antes que eso hubo otras formas de violencia que denunció o no denunció y que su círculo íntimo consideró inaceptables o no: aislarla, degradarla, no permitirle ser económicamente independiente, insultarla, humillarla, agredirla sexual, física o verbalmente. Esto va minando la autoestima de la mujer y se va consolidando un estado de las cosas que parece no espantar a algunas personas.
-¿Cómo se llega a eso?
-Es complejo pero hay algo en la construcción de la subjetividad de las mujeres que las lleva a aceptar algunas manifestaciones de violencia como natural. "Me cela porque me quiere"; "no me deja salir con mis amigas porque tiene miedo de que me pase algo"; "no quiere que trabaje porque quiere darme todo". Eso va minando la autoestima y la autonomía y eso se va construyendo desde los primeros vínculos amorosos. Entonces, las intervenciones para ir desanudando esta naturalización tienen que empezar en la infancia.
-¿Cómo se explica que en tiempos de avances, conquistas y emancipación de las mujeres persistan los casos de violencia machista? ¿Qué relación advierte entre estos dos temas?
-Es cierto, subsiste todavía la idea de la supremacía de lo masculino sobre lo femenino, y esta concepción patriarcal de posesión y control respecto de las mujeres y la idea de que las mujeres son propiedad del hombre. Por eso la intervención para que la violencia de género sea inaceptable debe ser sobre las mujeres pero también sobre los varones. Los varones violentos, los varones que permiten, consienten o naturalizan la violencia también tienen que cambiar sus concepciones porque la violencia, como todo tema, tiene que ver con la relación entre hombres y mujeres, y por lo tanto no es de la mujer sino de toda la sociedad.
-¿Cómo evalúa, en términos generales, el desempeño de la Justicia? Hubo casos de conocimiento público y desenlace trágico en los que se desoyeron hechos previos de violencia.
-Creo que es bien dispar porque "la Justicia" está desparramada en cientos de jueces y juezas de familia, civiles o penales, en todo el país. Creo que ha habido mejoras y que la Corte Suprema es muy responsable de las mejoras que hubo a través de iniciativas como la OVD que jerarquiza el problema, le da visibilidad, hace conferencias de prensa sobre las denuncias de violencia que son cubiertos por todos los medios de prensa y lo pone en la agenda, nada menos, que de la cabeza del poder del Estado. Y luego está la Oficina de la Mujer y las capacitaciones que hacen de los poderes judiciales provinciales para que empiecen a pensar los derechos en clave de género. Ahora, ¿cómo eso permeó en el día a día de la Justicia? Depende. Hay buenos ejemplos y los hay pésimos. Lo que se advierte a través de las investigaciones que hemos hecho en la ciudad de Buenos Aires es que el Poder Judicial está bastante en soledad y, en ausencia de políticas sociales, tiene límites en lo que puede hacer. La justicia civil puede dar una orden de protección y de no acercamiento del agresor en menos de 24 horas pero no le va a dar un subsidio económico, una preferencia de vivienda, un trabajo, un lugar para los chicos. Todo eso no lo debe hacer la Justicia sino la política pública del Poder Ejecutivo. Entonces las expectativas las da la ley y las frustraciones se las achacan a la Justicia. Sin dudas hay que poner la lupa en la Justicia, pero no solamente en el Poder Judicial sino en lo que la política pública tiene que hacer para que el Poder Judicial funcione.
-Se suele pensar el hogar como refugio y paraíso privado. ¿En qué medida es más peligroso, para algunas mujeres, el hogar que la calle?
-La verdad es que en tiempos en los que preocupa la inseguridad ciudadana, llenar de policías la calle no mejora la seguridad de las mujeres. Hoy las mujeres tienen más posibilidades de morir en manos de parejas o ex parejas, que en la calle. Aquel que prometió cuidarla y protegerla es el que la mata, la viola y la acuchilla. Es posible pensar que para muchas mujeres hoy es más insegura la casa que la calle.

MANO A MANO

La sordidez de la temática a la que se dedica contrasta con el estilo cálido, afable y expansivo de esta joven abogada que tiene cuarenta años, pero parece diez años menor.
Es clara, didáctica y rigurosa al tiempo que evita los tecnicismos y academicismos tan propios de algunos investigadores que exigen al entrevistador una permanente tarea de traducción.
Aunque siempre le interesó la sociología, desistió de esa carrera por consejo paterno y estudió Derecho pensando que se había equivocado de profesión: se aburría y pensaba que el diseño de la carrera era para un modelo de abogada que ella no quería ser. No quería poner un estudio y esperar a que viniera alguien a tramitar un divorcio. Pero como estudiante prolija y consecuente que era, terminó la carrera con honores y trabajó en un estudio en temas corporativos durante los años noventa.
En 1999 ganó una beca del Consejo Británico para hacer una maestría en derecho en Londres y fue en ese viaje iniciático en donde descubrió el feminismo, la política social y los derechos de las mujeres, y advirtió que no sólo no tenía que cambiar de carrera sino que podía usar el derecho de otra manera.
Ese descubrimiento teórico tuvo sus consecuencias en la vida real, ya reinstalada en Buenos Aires, después del nacimiento de su primer hijo: ELA, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, una ONG de derechos humanos de mujeres para mujeres, pensada en clave feminista y de género, nacida en el año 2003 y creada junto a la abogada feminista Haydée Birgin..

lunes, 30 de enero de 2012

SIETE DE CADA DIEZ CONSIDERAN QUE DEBERIA HABERSE AUTORIZADO EL ABORTO A LA NENA ENTRERRIANA VIOLADA Un masivo apoyo social para un derecho que está previsto en la ley


Argentina, lunes 30 de enero de 2012
El 60 por ciento coincidió además en que una vez que la familia dio marcha atrás se debe respetar esa decisión. Una encuesta de Ibarómetro en el área metropolitana muestra también que más de la mitad desaprueba que vaya presa una mujer que aborta.
 Por Mariana Carbajal - pagina12
El drama de la niña entrerriana de 11 años que reclamó interrumpir un embarazo producto de un abuso sexual, volvió a poner en la agenda pública el problema de la penalización del aborto en la Argentina. Una encuesta realizada por la consultora Ibarómetro –a la que accedió en exclusiva Página/12– reveló que 7 de cada 10 entrevistados consideran que el caso encuadraba dentro de la figura de aborto no punible y debería haberse hecho la interrupción del embarazo que requirió desde un comienzo la familia. Esta postura mayoritaria se contrapone ampliamente a las afirmaciones del ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, quien apenas se conoció el pedido arengó por la continuación de la gestación, y alegó que el cuerpo infantil –una vez que había ovulado por primera vez– ya podía soportar el embarazo. El relevamiento indagó más allá del caso puntual y preguntó sobre la mirada en torno de la actual criminalización del aborto: más de la mitad de los consultados opina que ninguna mujer debería ir presa por practicarse un aborto, mientras que menos del 30 por ciento adhiere al castigo penal. “Si bien en la esfera pública la problemática del aborto pareciera despertar posturas polarizadas en proporciones simétricas, existe en la sociedad una mayoritaria posición en contra de la penalización del aborto”, señaló a este diario Ignacio Ramírez, director de Estudios de Opinión y Mercado de Ibarómetro.
Los datos surgen de una encuesta telefónica realizada el martes 24 de enero, cuando ya se había conocido la decisión de la mamá de la nena de retirar el pedido para poner fin a la gestación forzada. Se llevó a cabo en el área metropolitana de Buenos Aires entre 1000 personas, a las que se les preguntó sobre diversos temas de actualidad, entre ellos, el caso de la niña entrerriana y el aborto. El 60 por ciento de los encuestados coincidió en que una vez que la familia dio marcha atrás, se debe respetar esa decisión, mientras que el 26,6 por ciento afirmó que debería realizarse el aborto no punible de todas formas. “Lo que venimos observando en éste y otros relevamientos anteriores sobre el tema, y que más nos llama la atención, es que los posicionamientos de mayor visibilidad en la esfera pública parecieran estar sobrerrepresentados. Me refiero a políticos y otras voces que están en contra de la despenalización y son los que más enérgicamente se pronuncian. Pero en la opinión pública no hay tanta polarización: hay una sociedad que tiene una postura bastante generalizada en contra de la penalización del aborto”, analizó Ramírez. “Lo interesante de una encuesta es que el anonimato recupera la voz que puede estar silenciada en otros ámbitos. Es interesante que cuando preguntamos en relación con el tema del aborto no surge que sea un tema tabú, que se prefiere evitar. Es bajo el porcentaje que dice no saber o no contesta”, agregó Ramírez. “El posicionamiento a favor de la despenalización del aborto va acompañado con otra actitud bastante extendida de que el Estado intervenga. Lo preguntamos en una encuesta hecha en octubre –cuyos resultados publicó en su momento este diario– y más de la mitad considera que el Estado debería garantizar los abortos en los servicios de salud. Esta opinión sintoniza con un sentimiento de época, de recuperación de un valor muy caro a la cultura argentina, que fue desmantelado durante el menemismo, y es la centralidad del rol del Estado”, interpretó Ramírez.
En la encuentra se preguntó:
–En Entre Ríos, una niña de 11 años quedó embarazada como fruto de un presunto abuso sexual. ¿Qué opinión tiene usted?
El 70 por ciento respondió que “debería autorizarse el aborto”. Sólo el 21 por ciento dijo que “no debería (permitirse) porque no está en peligro su vida”.
–Más allá de este caso puntual, ¿cuán de acuerdo está con que una mujer que se hace un aborto vaya presa?
Casi el 54 por ciento contestó “poco” y “nada”. Sólo el 30 por ciento “mucho” y “bastante”. El 16,2 por ciento dijo “no saber”.
El relevamiento se hizo en una muestra probabilística estratificada por población, entre personas mayores de 18 años residentes en hogares particulares con teléfono fijo. Con datos ponderados según sexo, edad y nivel educativo alcanzado (según representatividad electoral de CABA 24 por ciento, Primer Cordón de GBA 29 por ciento y Segundo Cordón de GBA 47 por ciento). A través de un cuestionario de preguntas cerradas con opción de respuesta única.
“Los jóvenes tienen posturas más a favor de la despenalización del aborto. No hay diferencias entre los sexos, lo que nos muestra que no se trata de un reclamo o problema que interesa sólo a las mujeres. En general, lo que vemos es que a medida que crece el nivel educativo, crecen las posturas a favor. Pero estas posturas predominan en todos los segmentos sociales”, agregó el director de Estudios de Opinión y Mercado de Ibarómetro.
La encuesta anterior, realizada en octubre, también mostró un amplio apoyo en el área metropolitana a la despenalización y legalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación. Aquel sondeo arrojó los siguientes resultados:
- Casi seis de cada diez personas creen que la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo en el primer trimestre de gestación es un derecho de la mujer, mientras que sólo cuatro de cada diez se manifiesta en desacuerdo.
- El 52 por ciento se pronuncia en contra de que la mujer que aborta tenga que ir presa. En la nueva encuesta este porcentaje sube 2 puntos.
- Unicamente el 31 por ciento de los consultados considera que el aborto debe ser castigado con prisión. La nueva medición muestra que esta posición se redujo levemente.
- Un 56 por ciento considera que el Estado debería garantizar los abortos en los servicios de salud.

¿Y ahora qué?

Los obstáculos que le impusieron a la nena de 11 años, de la localidad entrerriana de General Campos, para acceder a un aborto no punible despertaron un amplio repudio de organismos internacionales, sociedades científicas y médicas, organizaciones de derechos humanos, sociales, de mujeres, sindicales, entre ellas, Unicef, la Organización Panamericana de la Salud, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la CTA, el Centro de Estudios y Sociedad (Cedes), la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, el Consejo Ejecutivo Nacional de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) y Católicas por el Derecho a Decidir, la Fundación para la Salud de Adolescente (FUSA), la Federación Argentina de Medicina General (FAMG), profesores de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta y la Multisectorial de Mujeres de esa provincia (ver aparte).
Los generalizados pronunciamientos a favor de la realización del aborto no punible solicitado originalmente por la familia de la niña contrastaron con el silencio de las autoridades del gobierno nacional. Del ministro de Salud Juan Manzur depende el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. En ese programa, a poco de conocerse la judicialización del caso, se empezó a elaborar un “amicus curiae” para presentar en el Juzgado de Familia de Concordia, que debía resolver el pedido del aborto no punible, pero nunca se llegó a presentar. En 2010, ante otro caso parecido, el programa había acompañado con un recurso de ese tipo, para apoyar el pedido de aborto no punible de una adolescente identificada como A.G., de Comodoro Rivadavia, que denunció un embarazo producto de una violación, pero se encontró también con la negativa arbitraria del hospital local para practicárselo y debió llegar hasta el Superior Tribunal de Justicia de Chubut para conseguir un aval y que se concrete.
El caso de Entre Ríos –como tantos otros– nunca debió judicializarse y debió resolverse en un hospital público, siguiendo las indicaciones del Protocolo de Atención a Personas Víctimas de Violencia Sexual y la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos no Punibles, elaboradas por el Ministerio de Salud de la Nación, donde está claro que cualquier mujer violada tiene derecho a pedir la interrupción de un embarazo producto de esa relación forzada, y que no es necesario un permiso de un juez.
A la luz del caso entrerriano, algunos diputados están reflotando la idea de promover en el Congreso una ley que clarifique las excepciones contempladas en el Código Penal en desde 1921, sin avanzar más en relación con la ampliación de los permisos. La Corte Suprema de Justicia debe pronunciarse sobre los alcances del artículo 86: debe expedirse en relación con el aborto no punible solicitado en Comodoro Rivadavia por A. G. Aunque se realizó el aborto no punible, luego del fallo del máximo tribunal provincial, el expediente judicial sigue abierto. El asesor general subrogante de Chubut recurrió la sentencia, con el objetivo de que fuera revocada y no quedara como antecedente. La causa ya pasó por varios de los despachos de los ministros de la Corte, y fuentes del Palacio Judicial indicaron que podría firmar el fallo en el primer semestre de este año.