VIERNES, 27 DE ENERO DE 2012
JUSTICIA
El 3 de abril de 2002, Marita Verón fue secuestrada cerca de su casa. Tenía 23 años y una hija de seis. Fue vendida como mercancía a una red de trata dedicada a la explotación sexual. Su rastro se pierde un año y medio después de ese día. Buscándola fue que su madre, Susana Trimarco, y su marido, Daniel Verón, tuvieron que familiarizarse con estos términos que hoy forman parte de la letra de la ley. Buscándola, supieron poner en la agenda pública la existencia de redes de explotación sexual que siempre cuentan con complicidades policiales u oficiales. Buscándola rescataron a otras víctimas –casi 200–. Diez años después del último beso que le dio a su hija Micaela, finalmente empezará el juicio por el secuestro y la privación ilegítima de la libertad de Marita Verón. Porque aunque su historia sumó para que hoy exista una ley de trata, al no ser retroactiva, no se podrá aplicar en su caso.
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Por Roxana Sandá
“El juicio que comienza el 8 de febrero no sólo es fundamental porque se trata del primer debate sobre trata de personas en Tucumán, sino porque abre nuevas puertas de búsqueda y por su profunda semejanza con los juicios de lesa humanidad.” Carlos Garmendia, uno de los abogados que junto con Belén Lembo representan a la familia de María de los Ángeles Verón, “Marita”, secuestrada y vendida a una red de trata con fines de explotación sexual el 3 de abril de 2002, recurre a antecedentes que alientan la esperanza de que “a veces suceden cosas inesperadas, que pueden ayudarnos a encontrar el dato que cambia todo un horizonte. Sucedió aquí durante el juicio por el funcionamiento del Centro Clandestino de Detención en la ex Jefatura de Policía, cuando el testigo Juan Carlos Clemente hizo el aporte principal y sorpresivo de documentos originales del Servicio de Información Confidencial (SIC). A partir de ese hecho que permitió construir la historia, ya nadie puede negar que en Tucumán existió un plan sistemático de exterminio”.
Las otras semejanzas igualmente densas que durante diez años entrecortaron el sueño de Susana Trimarco, la madre de Marita, la impulsora de su búsqueda, la militante contra la trata de mujeres que ya rescató a unas 200 jóvenes, la abuela que gastó suelas con su nieta Micaela en centenares de despachos estatales y organizaciones sociales, trazan el arco entre la hija privada de libertad y los delitos de lesa humanidad y se rajan en el cuerpo ausente, en esa humanidad entrañable que dejó de reflejarse de golpe, a los 23 años. El “espejo en el que se mira un ser viviente para verse en su espléndido y dramático acontecer” al que se refiere Noé Jitrik no devolvió rostro alguno. “Un ser viviente se relata al mismo tiempo que se mira vivir y, por supuesto, que vive.” A Marita se le clausuró la posibilidad de esbozar el relato de su propia vida.
Desde los primeros días de febrero, y a lo largo de unos tres meses, se juzgará a 13 imputados. Se espera que pasen unos 160 testigos, de los que resultan clave nueve mujeres víctimas de la red de trata que operaba en La Rioja, una de las provincias a las que fue trasladada la joven. El resto de los testigos son personas que alguna vez la vieron, policías que investigaron la causa, testigos de contexto y especialistas en trata de personas. Una de ellas es la psicóloga Zaida Gatti, a cargo de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación (ver aparte).
María de los Angeles Verón fue secuestrada en la esquina de su casa o cerca de ahí, en los alrededores de la maternidad pública de San Miguel de Tucumán, por orden de la empresaria María Jesús Rivero. Trasladada en un remise de la firma Cinco Estrellas a la localidad de Yerba Buena, circuló en varias casas al mando de Daniela Milhein, la encargada de un grupo de reclutamiento de mujeres. Luego fue vendida a Liliana Medina, dueña de los prostíbulos El Desafío, Candy y Candilejas, que figuran en la causa. Logró probarse que Marita sufrió explotación sexual en estos sitios, donde permaneció un año y medio, hasta noviembre de 2003. A partir de entonces son innumerables las hipótesis de su paradero: la buscaron en España, testigos aseguraron descubrirla en una isla de la península; otros dijeron que había viajado con un hombre a los Estados Unidos; muchas personas comenzaron a ver su rostro en diferentes provincias argentinas hasta que en 2011 se realizaron excavaciones en un prostíbulo de Córdoba porque se dijo que su cuerpo podía haber sido enterrado allí. Lo cierto es que para la Justicia no existen rastros precisos de su destino.
Carlos Garmendia entiende que el peso de la causa la convierte en “una especie de ícono de la trata de personas en la Argentina”, pero los ejes perseguidos son concretos. “Lograr la condena de los 13 imputados, encontrar nuevos elementos que nos lleven a Marita y una vez finalizado el juicio, que continúe la investigación.”
El expediente del caso es una especie de manual de trata.
–Sí, son 43 cuerpos de 200 fojas cada uno. Vamos a intentar que se refleje esa realidad durante el juicio, porque es importante para la lucha contra la trata de personas que venimos haciendo desde la Fundación María de los Angeles, pero también es complicada para Susana y su nieta, Micaela. Hay que pensar que a Susana siempre le mandaron a decir que este caso jamás iba a llegar a juicio. Y Daniel, el papá de Marita, se murió de desilusión y tristeza.
¿Cuál es la situación actual de prostitución y trata en Tucumán?
–A nivel nacional hay un gran trabajo a partir de la sanción de la Ley de Trata; la Gendarmería está armando una red de oficinas con la temática y hasta en Tucumán hay un departamento de inteligencia con dedicación exclusiva, pero falta mucho, no vemos la decisión política provincial. Hoy funcionan 16 prostíbulos “visibles”, privados hay cientos, pero todos conocemos los que tienen la lucecita roja en el umbral. No hay que ser muy despierto para entender que en esos lugares existen situaciones de trata. Hicimos denuncias, pero los funcionarios siguen sin visibilizar la cuestión como problema. Ojalá que este juicio tenga efectos colaterales sobre los funcionarios provinciales, para que se les abra las cabezas.
El próximo 3 de febrero, cuando la asociación civil La Casa del Encuentro convoque a una nueva movilización a las puertas del Congreso de la Nación, se recordará por necesidad y urgencia “el caso que puso en el tapete una realidad de la cual no hablábamos en la Argentina: que se haga justicia como forma de mostrar al mundo estas redes mafiosas que operan con la trata y el tráfico de mujeres y niñas”. Fabiana Túñez, referente del espacio junto con Ada Rico, subraya lo que considera el nudo del conflicto, “porque la raíz de la trata se encuentra en la violencia de género, y esto es cuestión de derechos humanos”.
Las estadísticas de la organización son alarmantes: reciben en la actualidad “a razón de un caso de mujeres desaparecidas por semana; algunos están relacionados con trata, pero los protocolos y las herramientas no alcanzan. Esperamos que la agenda legislativa de este año incluya el tratamiento en Diputados de la reforma de la Ley de Trata aprobada en el Senado, en la que desaparece la figura del consentimiento y se promueve el diseño de un consejo nacional para la elaboración de un plan de lucha contra la trata de personas”. Intuye que quedará “como otro de los debates pendientes la penalización del cliente prostituyente, porque ése es otro de los eslabones de la cadena que hay que desarmar”.
El juicio, a cargo del tribunal de Sala II de la Cámara Penal integrado por Alberto César Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, se sustancia por privación ilegítima de la libertad y por promoción y facilitación a la prostitución. Por estos días Susana Trimarco y su nieta están en Buenos Aires. Sigue haciendo trámites, sigue gastando suelas para denunciar, para restituirles a otros las hijas secuestradas, para golpear puertas donde todavía no las reciben. Sigue rescatando cuerpos ultrajados para devolverles la textura fina de la libertad. Con o sin voluntades políticas a su favor.
ZAIDA GATTI
“Hay que reconstruir nueve años de impunidad”
La titular de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas, Zaida Gatti, es una de los 160 testigos que se presentarán a declarar en el debate oral y público ante la Sala II de la Cámara Penal. Lo hará en calidad de testigo de parte, “para explicar cuáles son los efectos postraumáticos de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, desde mi conocimiento técnico en el marco de una gran cantidad de personas que han sido víctimas de estas redes”.
¿Qué le provoca, desde lo personal, que la hayan convocado en un juicio considerado emblemático?
–Primero, que con Susana Trimarco tengo una gran relación de afecto. La conocí hace algunos años, desde lo institucional, por lo tanto, que hayan confiado en mí para este caso y poder colaborar es una satisfacción y un orgullo enorme. Me gustaría que mi aporte sirviera en algo para que este caso se esclarezca.
¿Cómo es posible que durante casi diez años no se haya logrado dar con pistas ciertas sobre el paradero de Marita Verón?
–Recuerdo las primeras noticias de los diarios; por esa época trabajaba en la temática de violencia de género y entonces no hubo investigación posible. Todo fue deshecho desde el principio. Ahora hay que reconstruir nueve años de impunidad y la búsqueda de pistas. Existen muchas personas señaladas, pero otras quedaron libres de todo cargo porque no había nadie que acompañara a Susana en esto. Hubo también connivencia y complicidad de varios poderes; en La Rioja debió renunciar más de un funcionario. Hoy no ocurriría lo mismo, porque desde los diferentes estratos del Poder Ejecutivo nacional se persigue al que comete delitos, sin importar nombres y apellidos, y ése es un mandato de la Presidenta. Encontrar a Marita es difícil pero no imposible. En su caso se plantaron demasiadas pistas falsas, hubo demasiada gente involucrada y circuló demasiada información. Para muchas chicas que están atravesando esta situación, el caso Verón se convirtió en un mito. Pero la esperanza es que Marita todavía esté viva.
¿Cuántas víctimas rescató la Oficina en los últimos años?
–Mientras que en 2010 se rescataron unas 569 víctimas, en 2011 ese número se triplicó. Esto tiene que ver con el trabajo de capacitación que venimos realizando en las comisarías, la articulación con los ministerios de Seguridad, de Trabajo, de Desarrollo Social, la incorporación en la currícula escolar de la temática de trata y tráfico de personas, los convenios con la Corte Suprema de Justicia para trabajar en forma conjunta. A esto se suma la sociedad civil, que dejó de naturalizar el prostíbulo como parte del paisaje.
Aún es dramático el rescate de las mayores de edad en cuanto a la condición de tener que probar que no hubo consentimiento para poder tipificar el delito.
–Desde una perspectiva de derechos humanos, ese artículo de la ley de trata no debería haber existido nunca. Pero desde mi experiencia práctica, el 85 por ciento de las víctimas rescatadas son mayores de edad, lo cual no significa que queden a resguardo del Estado, pero sí se puede probar el aprovechamiento de vulnerabilidad de la situación de esas mujeres, que no tuvieron posibilidades de acceder a derechos básicos. El consentimiento viciado no es consentimiento. Me atrevo a decir que de los 45 fallos judiciales existentes sobre trata, el 90 por ciento involucra a víctimas mayores de edad.
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VIERNES, 27 DE ENERO DE 2012
Nunca solas
El Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual funciona en el marco del programa Las Víctimas contra las Violencias que dirige Eva Giberti. Trabaja en la ciudad de Buenos Aires asistiendo a niños, niñas y mujeres violadas o agredidas sexualmente en el lugar que sea, aun dentro de su propia casa, convirtiendo a sus operadoras en sostenes efectivos para que las víctimas no resignen su derecho a la justicia y a la reparación. Y también para protegerlas de un sistema judicial patriarcal que culpabiliza a las víctimas o vuelve a violentarlas, tal como sucede en Entre Ríos con la niña forzada a continuar con un embarazo producto de una violación.
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Por Luciana Peker
Están con ella. Si fue a una comisaría a denunciar la policía tiene que llamar al 137 y, a partir de ahí, una trabajadora social y una psicóloga están con ella. La acompañan en su denuncia, la protegen de preguntas innecesarias, la llevan al hospital para su atención. La siguen hasta que le dan anticoncepción de emergencia, un complejo preventivo del VIH. La alientan si pararon un colectivo porque un hombre les tocó la cola y los demás pasajeros bufan por el tiempo (¿perdido?) y le dicen que no es nada. La ayudan a identificar a su agresor y la acompañan al cuerpo médico forense. También la respaldan con su familia. Están con ella. Están con ellas. Están.
La línea 137 –que funciona en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires– cuenta, específicamente, con un Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual y una Brigada Móvil de Intervención en Urgencias con Víctimas de Delitos Sexuales. Su creadora, la psicóloga Eva Giberti, rescata que esta experiencia de estar con la víctima y acompañarla es innovadora en Latinoamérica y una manera de, realmente, no soltar la mano a quien fue agredida y puede hablar. Y también una forma de ayudar a hablar a quienes se silencian. En muchos casos, la violencia familiar encubre tramas de abuso sexual que se descubren después de la paciencia y el respaldo de ir hasta su casa –sin esperar que sean las que tienen miedo las que vayan hasta una comisaría o a un juzgado a dar cátedra de valentía– y escuchar a madres, niños, niñas y adolescentes a los que se ayuda a frenar las diferentes formas de violación sobre sus cuerpos.
Saber que están. Así fluyen las primeras palabras para desactivar la violencia.
La licenciada Eva Giberti es quien le dio forma a este modelo de atención donde las propias víctimas son sostenidas para que reconozcan ese lugar –el de haber sido violentadas, agredidas, lastimadas; víctimas– pero lo conviertan en un espacio activo de reclamo tanto de justicia como de reparación.
¿Cómo se llega a descubrir un caso de abuso sexual?
–En violencia familiar nos llaman al 137 y vamos hasta el lugar de la denuncia. A la casa llega un auto no identificable con dos policías y dos profesionales –una trabajadora social y un/a psicóloga/o– y estamos cuatro o cinco horas adentro viendo en qué estado quedó la casa, hablando con la madre hasta que, en la mitad del diálogo, dicen “a éste le pega” y a ésta “se le mete en la cama y la manosea”. La primera referencia de abuso sexual nos aparece en el 137 cuando vamos a domicilio, una modalidad que nadie hace ni en nuestro país ni en América latina. Y los chicos nos cuentan como pueden sus vivencias. Nos dicen “me molesta”. El verbo que usa el niño o la niña es “me molesta” y cuando dice “me molesta” es que lo manosean. Los primeros testimonios que tenemos son en terreno y provenientes de la Brigada contra la Violencia Sexual. Esto no lo tiene nadie más que nosotros. Ahora, cuando le explicamos “señora, tiene que hacer la denuncia”, muchas veces, ella no quiere ni por casualidad porque siente que va a ser peor, porque sabe que el tipo va a volver a la casa y a la denuncia de ella (que tratamos de convencerla de que la haga) le va a sumar la denuncia de los pibes. Esto es lo primero que encontramos en terreno.
¿Cómo funciona la Brigada contra la Violencia Sexual?
–Esta Brigada funciona cuando una mujer violada llega a un hospital o alguien lleva a un chico o una chica a la comisaría o cuando una mujer fue violada en la calle y va a hacer la denuncia. La policía tiene orden estricta de llamar inmediatamente a la Brigada de Violencia Sexual que está en las calles Peluffo y Medrano (Almagro) y salen al toque no bien les avisan. Los policías no pueden hablar con la víctima más que para decirle “cómo se llama, qué le pasó, dónde le pasó, siéntese en un lugar donde nadie la pueda molestar” y se callan la boca. Este sistema está creado para que la policía no hable con la víctima de violación, con toda intención, porque tenemos historias acerca de lo que significa un interrogatorio policial. Un problema es la mamá que llega furiosa con la nena que fue manoseada por un vecino y a los gritos insulta y dice lo que pasó con la nena de la mano. Entonces toda la comisaría se entera y la privacidad que hemos buscado para la víctima de violencia sexual se termina.
Por desesperación, se expone a niños o niñas...
–¡Y claro que los exponen! Más cuando les da el ataque de furia. Esto forma parte de la educación que hay que realizar con las y los adultos, que es una tarea grande.
¿Cuáles son los errores institucionales que subsisten?
–Hay algunas comisarías que se “distraen”, no llaman a la Brigada y a la víctima de violación la sientan y la tienen tres horas esperando.
A mí me pasó decirle a un policía que llame al 137 frente a una escena de violencia de género en la calle y que contesten “no sé qué es eso”...
–Hay que anotar el número de comisaría. Eso no puede suceder.
¿Cuál es la impronta diferencial de la atención a las víctimas de violencia sexual?
–Lo fundamental es que las profesionales no se despegan ni un minuto de la víctima, lo cual es sumamente inquietante... es la palabra más elegante que puedo encontrar. La psicóloga está en la comisaría, la acompaña al hospital, más tarde a la casa. La trabajadora social llama a quien la piba o la muchacha pide para explicarle a la familia que la víctima es una víctima y que no es que andaba revoleando la remerita por la calle. Porque la primera revictimización es la de la familia. Le preguntan: “¿Por qué saliste con ese escote?” o “¿Por qué saliste con esa pollerita?”. Y, para evitar eso, se habla con la familia y se le dice “su hija ha padecido un ataque, es una víctima, iba caminando o estaba en la parada del colectivo” para atajar la revictimización que pueda venir de la familia. En el hospital esperan hasta el momento en que ella es atendida. Y ahora –después de años de pelea– llega el médico/a legista (de la Policía Federal) y ahí se terminan las intervenciones para que la chica tenga una revisión y dos informes hechos por dos médicos a la vez. En cambio, antes eran tres revisiones de tres profesionales distintos y encima tenía que esperar al legista.
¿No se necesitan más pericias si se hace la denuncia judicial?
–Puede suceder que algún juez diga: “A mí no me interesa el informe del legista, yo quiero el informe del forense”, porque hay algunos jueces que tienen la cabeza extremadamente patriarcal y siempre sospechan de la víctima, siempre piensan que la víctima provocó al pobre violador o que está mintiendo. Por eso, si la Justicia pide que la víctima vaya al médico forense este equipo también la lleva al forense. Incluso cuando un magistrado solicita, un mes después aproximadamente, la identificación del agresor, las profesionales van a buscar a la persona agredida a su casa y la llevan a Criminalística de Policía Federal. Se sientan al lado de la víctima. No la dejan nunca sola mientras en la pantalla le van mostrando posibles agresores. Y, si no es ninguno de los que le mostraron, se hace un identikit. También hay que saber que la víctima puede elegir quién quiere que la acompañe durante la declaración con un juez o un fiscal. Esto es derecho internacional, que nos ha costado largas horas de pelea porque si no todo el cuidado que tuvimos para que no se revictimice a la mujer se pierde cuando entra a ser interrogada por el o la secretario/a del juzgado y le hacen preguntas inconvenientes o poco prudentes. Una víctima de violación desata todo tipo de curiosidades por parte de quien está del otro lado del escritorio.
¿Cómo surge la idea de crear esta área en el gobierno?
–En febrero del 2006 me llama Aníbal Fernández a una reunión en la que participa Néstor Kirchner para pedirme que arme la Brigada contra la Violencia Sexual. El argumento de Aníbal Fernández fue: “Vea, Eva, nosotros estamos hasta acá que las víctimas de violación sean cada vez más y nosotros no podemos encontrar al violador porque las mujeres no ratifican la denuncia porque no quieren volver a tener contacto ni con la policía ni con la Justicia y se nos pierde la posibilidad”. Después, lo que nosotras hacemos es armarla, llevarla adelante, dar las batallas que corresponde dar y ocuparnos de las víctimas.
¿Por qué el Programa se llama Las Víctimas contra las Violencias?
–Porque no queremos víctimas pasivas y resignadas. La víctima tiene derecho a exigirle al Estado una reparación que es mucho más que un consuelo o una atención psicoterapéutica: tiene derecho a exigirle que detenga al violador. La pretensión nuestra es conseguir víctimas activas.
Pero, muchas veces, cuando las madres de niñas/os abusados denuncian, se vienen los embates judiciales de los denunciados que, en algunos casos, tienen dinero, poder y hasta se juntan en asociaciones...
–Esto es uno de los problemas más graves por los que atravesamos...
Hay juicios, incluso, a los y las psicólogos/as que peritan en los casos de abuso sexual y que ponen en riesgo la continuidad de los peritajes...
–Este es un problema grave actual porque los psicólogos y trabajadores sociales no están lo suficientemente protegidos respecto de las defensas de los violadores y abusadores. Además, en general y salvo honrosas excepciones, la cabeza de los jueces es una cabeza patriarcal proclive a encontrar la responsabilidad en la víctima que aun en casos de niñas de cuatro años piensan que inventa o está inducida por la madre, a través del famoso Síndrome de Alienación Parental (SAP), que es una aplicación miserable dentro del derecho de familia y el derecho penal. Es miserable no porque no haya situaciones equívocas sino porque se está utilizando para negar la violencia sexual que se ejerce contra los niños. Hace falta un diagnóstico diferencial siempre. Y, en realidad, lo que se hace es aplicar el SAP para descargar de responsabilidad al padre incestuoso o al abuelo incestuoso y, como sabemos, la palabra incesto no figura en nuestro Código Penal pero sí figura en la psicología, en la antropología y en lo que la historia nos ha enseñado acerca de las violaciones. El Dr. Héctor Raffo va a presentar un proyecto, que estamos acompañando, de protección a los profesionales que sean peritos en casos de abusos sexuales y malos tratos a niños y niñas.
Trabajo de fondo y a fondo
“La filosofía sale del escritorio, pero el trabajo de fondo lo hacen ellas. Yo acá diseño las cosas, pero las que están en terreno son ellas”, dice Eva Giberti e invita a ver a las chicas que atienden el 137, con la paciencia templada de atender a mujeres desesperadas, de enfrentar a quienes las amenazan y de saber cómo ayudar en el momento justo. Eva también presenta a Carina Rago, la psicóloga que dirige la Brigada de Atención a Víctimas de Violencia Sexual y que, día a día, o noche a noche, custodia, calma y alienta a las víctimas de violaciones.
Ella es quien acompaña a las mujeres o, incluso, en casos que parecen alucinaciones –como la de una chica que denunció ser violada por la barra brava de Boca– pueden develar la verdad. “La médica legista que intervino dijo que efectivamente sí había sido violada en el término de 24 horas. Cuando llegan los familiares ella pide que el padrastro no se acerque y no quería saber nada con él. Ahí se abrió un camino de sospecha al padrastro que después investigó la Justicia, pero, la realidad es que cuando una se topa con una tipología mental dicen ‘está loca, no se la puede interrogar, está inventando’ y no es así. Siempre hay un camino posible”, explica –con mucho camino andado– Carina Rago.
El camino es de nunca desamparar a la víctima. En sus declaraciones. Pero también en una protección fundamental –la hospitalaria– para prevenir que una niña o mujer violada llegue a un embarazo o una infección. “La medicación es intensa, pero tienen entrevistas personalizadas con un infectólogo. Hemos asistido a diabéticas o embarazadas en donde la medicación va variando, aunque generalmente tienen que tomar entre 10 y 12 pastillas entre la anticoncepción de emergencia y la prevención de la infección por vih.”
Uno de los objetivos del programa es no abonar la idea de que una violación es igual a la muerte en vida. Sin embargo, sí reconocen el duelo que sigue a una agresión sexual. Carina explica: “Hay mujeres que son fuertes y que responden con una integridad a la situación que impresiona. Quieren superar el hecho enseguida y no se dan permiso para ausentarse unos días del trabajo, para poder llorar (es mucha angustia lo que esto genera) y también todo lo que se dispara dentro del contexto familiar. Pero no es un deber ser fuerte, ni todas las mujeres son iguales. Por eso es tan importante el seguimiento”.
Hacer foco
La niña tiene once años. Fue violada en Entre Ríos. En la escuela no le llegó la información sobre el cuidado de su cuerpo. Tal vez no podría evitarse el abuso, pero sí podría haber contado con las herramientas para contarle a su mamá y a su maestra que su cuerpo en edad de muñecas fue ultrajado. Tampoco habría llegado al hospital por una apendicitis.
La Ley de Educación Sexual Integral es norma desde el 2006. Pero no se cumplió.
Tampoco se resguardó su derecho a un aborto terapéutico. Su mamá pidió la interrupción del embarazo. Pero el hospital entrerriano se negó. Y pidió que se judicializara su caso en tiempos en que si la justicia es lenta no es justicia. Mientras que el ministro de Salud de Entre Ríos Hugo Cettour –del que hoy se pide a través de redes sociales y marchas de protesta su renuncia– sostuvo que “la naturaleza es sabia” para justificar que una niña de 11 años padezca una maternidad forzada. Como si esa niña no fuera una persona sino apenas un cuerpo con capacidades orgánicas.
Las excepciones a la penalización del aborto existen en el Código Penal desde 1921. Incluso existe una guía de Ministerio de Salud para la atención de abortos terapéuticos y no punibles redactada para amparar a profesionales de la salud y evitar intervenciones innecesarias de la Justicia –que después terminan, además en intervenciones mediáticas–. Es evidente que esta guía no es tenida en cuenta. Haberle quitado el rango de resolución ministerial con el que se la había dado a conocer a mitad de 2010 la convierte en un instrumento sumamente débil.
La situación es repetida: niñas o mujeres violadas expuestas a un debate que se da sobre sus cuerpos y que omite o vulnera directamente sus subjetividades, su vida futura, su integridad. Pero se puede hacer algo. Se puede hacer mucho. La Brigada de Atención a las Víctimas de Violencia Sexual y el Programa Las Víctimas contra las Violencias –que coordina Eva Giberti– demuestran que se puede ayudar a las niñas abusadas cuando denuncian e, incluso, para que denuncien. Que se las puede acompañar para no dejarlas solas. Ni a ellas, ni a sus familias, como en el caso de la mamá de la niña de 11 años, que tiene tan sólo 27 años, apenas 16 cuando tuvo a su hija, menos de 30 ahora para enfrentar al poder médico, judicial, religioso y político que la hizo desistir del pedido de interrupción del embarazo.
En esta nota se describe que las víctimas de abusos deben recibir anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo y un cóctel para prevenir la infección por vih. Pero este Programa no existe en todo el país. Su jurisdicción termina donde empieza la jurisdicción de cada provincia, termina en la Avenida General Paz. Sin embargo, la experiencia podría replicarse. Ver de qué se trata su trabajo para no mirar hacia otro lado.
Donde pedir ayuda
- Línea 137 (acompaña a las víctimas de violencia familiar las 24 horas, los 365 días del año en la Ciudad de Buenos Aires).
- Brigada Niñ@s: 0800-2221717 (contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes)
- Brigada Móvil de Atención a Víctimas de Violencia Sexual: 4958-3982 / 4958-4291 / 4981-6882 / Pasaje Angel Peluffo 3981 (Almagro - Ciudad de Buenos Aires)
Por Mariana Carbajal - pagina12
